La renegociación de los contratos petroleros con las compañías privadas ha cumplido parcialmente las expectativas del Gobierno. Esta tarea fue promovida desde el 2007, pero se concretó en noviembre del 2010.
Aunque el Estado participa más de la renta petrolera y se beneficia del 100% del incremento del precio del petróleo, la producción de las empresas privadas ha caído en el 25% entre el 2010 y el 2012 (ver infografía). Mientras que entre enero y agosto del presente año la extracción petrolera privada cayó 33% si se compara con el mismo período del 2010.
Antes de ese año funcionaban los contratos de participación, con los cuales las empresas se llevaban entre el 50 y 75% de todo el petróleo que extraían, mientras que el Estado se quedaba con el porcentaje restante. Este tipo de contrato se instituyó en el Ecuador en los años 90, cuando el precio del petróleo era bajo, entre USD 6 y 18 por barril.
En aquella época se optó por estos acuerdos porque había campos donde los costos de producción superaban el precio del barril y la actividad no era rentable.
Sin embargo, en la última década el precio del crudo subió vertiginosamente y el Gobierno acusó a las empresas de beneficiarse de todo ese incremento sin realizar nuevas inversiones. Por ello buscó a toda costa renegociar los contratos.
El proceso de renegociación consistía en cambiar el modelo de participación al de prestación de servicios con una tarifa fija por barril extraído, que considerara los costos de producción, las inversiones de las empresas y una rentabilidad razonable. Este modelo ya fue implementado en los años 80, pero el Estado comenzó a acumular deudas con las petroleras cuando el precio del crudo empezó a bajar.
En términos generales, el nuevo contrato buscaba aumentar la participación estatal en la renta petrolera (utilidad de la venta del barril luego de restar los costos de producción y las inversiones) y que solo el Estado se beneficie del aumento del precio del crudo.
Por otro lado, también proponía que las empresas privadas hagan mayores inversiones en exploración para incorporar nuevas reservas petroleras, incrementar su producción y tener más ganancias.
Pero este último punto no se cumplió porque la producción privada total ha bajado de 47,1 millones de barriles en el 2010 a 31,77 millones en el 2012.
En una entrevista concedida a Diario EL COMERCIO el 30 de noviembre del 2010, el entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, ofreció que con las nuevas inversiones de las empresas privadas, la producción comenzaría a levantarse y llegaría a un promedio diario de 200 000 barriles en este año. Sin embargo, entre enero y agosto del 2013, la producción petrolera privada ha promediado 130 000 barriles.
¿Qué dicen al respecto las instituciones gubernamentales y las empresas privadas? LÍDERES buscó la versión de la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Recursos No Renovables pero no obtuvo respuesta. También acudió a la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, que aglutina a las empresas, que tampoco respondió.
Fuentes de Repsol informaron que su producción se ha mantenido dentro de los niveles de declinación natural de los campos, los cuales tienen más de 20 años de producción. Adicionalmente, advirtieron que ninguna cláusula contractual establecía una obligación de aumentar la producción para la compañía.
El asesor jurídico en temas petroleros, Luis Calero, sostiene que no hay claridad respecto a las inversiones ejecutadas por las petroleras privadas porque no se ven los resultados en la producción. Según el Gobierno, las empresas se comprometieron a invertir USD 1 200 millones en los primeros cuatro años del contrato y por eso se reconoció un valor en la tarifa.
«Eso tiene que transparentar la Secretaría de Hidrocarburos y la Arch. Si no se hicieron las inversiones, el Estado debe deducir ese valor de las tarifas y hasta podría ser causal de caducidad de los contratos», sostiene Calero.
La renegociación
- El Gobierno buscó renegociar los contratos petroleros desde el 2007 pero solo concretó la firma de los nuevos acuerdo el 23 de noviembre del 2010 para los campos grandes, y el 24 de enero del 2011 para los campos marginales.
- Siete empresas decidieron dejar el país tras no llegar a un acuerdo con el Estado: Petrobras, Cnpc, Canadá Grande, EDC, Bellwheter, Suelo Petrol y CGC.