En crisis económica, con más de dos años de recesión y en plena pandemia de covid-19, Argentina reforzó aún más su muy estricto control de cambios, para tratar de frenar una caída de reservas que la coloca al límite de la disponibilidad de divisas. El gobierno del presidente de centro-izquierda, Alberto Fernández, decidió mantener un cupo de USD 200 mensuales para particulares, pero a un impuesto de 30% que ya tenían esas operaciones sumó otro de 35%.
“Los dólares hacen falta para producir, no para guardar”, justificó el presidente Fernández. “Se buscó no aplicar una restricción cuantitativa a los 200 dólares por mes. Lo que se ha hecho es buscar un efecto a través del precio con la aplicación de esa retención”, explicó el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Las reservas de Argentina se ubican en unos USD 42 450 millones, una pérdida de casi 10 000 millones en el último año. Pero los analistas estiman que las reservas líquidas son mucho menores.
Argentina entró en recesión en 2018 y se estima que su economía sufrirá aún más este año por efecto del coronavirus. El FMI calcula en 9,9% la contracción del PIB para 2020.
Para la homologación y comercialización de un vehículo en Ecuador, la normativa nacional exige que este cumpla con una serie de elementos y garantías de seguridad, que deben estar avalados por organismos acreditados.
Las unidades de transporte público e institucional, fabricadas localmente o importadas, deben además cumplir con el ensayo de inflamabilidad en ciertos materiales para poder operar.
Si bien la exigencia lleva varios años reglamentada, no había laboratorios acreditados para la aplicación de los ensayos. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permitía a las empresas presentar una declaración juramentada, ante una notaría, de que habían cumplido con el ensayo de inflamabilidad.
Esta falencia en el sistema de calidad y seguridad fue lo que motivó a Patricio Lalama, Javier Guijarro y Ramiro Nájera a conformar Vehicle Safety Automotives (VSA), un laboratorio de ensayos de inflamabilidad, que arrancó a funcionar en junio del 2019, con autorización del organismo de tránsito, y desde diciembre, acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE).
Hoy son uno de los primeros laboratorios en estar calificados para brindar el servicio a las empresas del sector automotor.
Lalama, Guijarro y Nájera son ingenieros de las ramas de mecánica, mecatrónica y mecánica automotriz, y además extrabajadores de la ANT, experiencia laboral que les permitió encontrar esa oportunidad en el mercado para emprender.
La inversión inicial fue de USD 12 000, principalmente destinados a la adquisición de equipos y materiales de laboratorio.
Los parámetros del ensayo de inflamabilidad están establecidos en la norma internacional ISO 3795. Las pruebas se realizan a ciertos materiales del habitáculo (área donde viajan los pasajeros), por ejemplo, asientos, techo, agarraderas, paneles laterales.
Por cada material, se aplica el ensayo en cinco muestras y consiste en determinar la velocidad de quemado del componente en un horno. Previo a eso, las muestras deben permanecer por 24 horas en una cámara de condicionamiento, para controlar su temperatura y humedad, explican Guijarro y Lalama.
La velocidad de quemado se mide en milímetros por minutos. Según la normativa nacional, para el transporte interprovincial, intraprovincial y de turismo, el índice máximo permitido es de 100 mm/min; para transporte urbano, escolar e institucional, de 250 mm/min.
El sistema automatizado que desarrolló VSA permite que los datos se vayan registrando a medida que se realiza el ensayo. Una vez finalizado, se envía un informe al cliente. En promedio, el proceso se demora 48 horas.
Los clientes de la firma suelen ser autopartistas, fabricantes de vehículos e importadoras. En un comienzo, por la escasez de laboratorios que brindaran el servicio, la demanda fue alta; pero el paro 2019 y ahora la pandemia paralizaron su nicho de mercado, lo que afectó sus operaciones. Hace mes y medio, se reactivaron. Hasta ahora, han brindado el servicio a 72 clientes, para 180 ensayos.
Javier Guijarro, responsable de calidad, y Patricio Lalama, director técnico de la empresa Vehicle Safety Automotives (VSA).
IMSA (Industria Metálica Salazar), empresa que fabrica carrocería para buses, realizó con VSA los ensayos de inflamabilidad a los asientos plásticos de la unidad prototipo, en marzo pasado. “El servicio fue excelente y rápido”, comenta Alejandro Viteri, ingeniero de producción de la firma.
La proyección de VSA es pasar de ser un laboratorio acreditado a un organismo de inspección, autorizado por el SAE, que les permita ofrecer a las empresas toda la gestión de trámites para la homologación de cualquier vehículo en un tiempo mucho menor al regular, e incluso otorgar el certificado, si logran la delegación de la ANT.
Con miras a alcanzar esa meta, desarrollaron una plataforma web, denominada Inspector, para ofrecer estos servicios de manera ágil y descentralizada.
La firma Wace-IT les hizo el desarrollo tecnológico, que se encuentra en fase de prueba. Andrea Cadena, gerente de la firma, explica que se trata de dos plataformas, una en donde el cliente cargaría su solicitud y los datos del vehículo, y otra para la gestión del servicio. “Lo que se busca es optimizar el proceso”, añade Cadena.
La firma desarrolló la plataforma web ‘Inspector’, con la que prevé ofrecer la gestión de todos los trámites para la homologación de un vehículo. Foto: Galo Paguay / LÍDERES
Una herramienta electrónica que permite a las empresas saber, entre otras cosas, si sus productos se están exhibiendo en diferentes comercios tal y como se firmó en el contrato es lo que permite Field Agent.
Diego Sánchez, gerente de esta compañía en Ecuador, explica que la idea surgió tras la experiencia que vivió cuando laboraba en una tabacalera. Él tenía la necesidad de constatar si los negocios en los que se vendían los tabacos estaban respetando el espacio y el plano de ubicación de productos que se definió en el contrato.
“Eso estaba a cargo de la fuerza de ventas. Mi problema era que se demoraban muchísimo. No llegaban a medir todos los puntos de venta y era demasiado tiempo. Había veces que terminaba pagando los contratos sin tener evidencia si se cumplían o no”, recuerda. Para resolver esto pensó en una plataforma a través de la cual el vendedor tomaba una foto de la percha y, a través de reconocimiento de imagen, se detectaba si cumplía o no. Pero, se dio cuenta que eran muchos locales y la fuerza de venta no lograría cumplir.
Pensó en ¿Por qué no podría ser cualquier persona la que hiciera el trabajo? Salió de la tabacalera y junto a su socio, José Paredes, buscaron impulsar la idea. Para ello investigaron plataformas similares y dieron con Field Agent, con trayectoria de 10 años en EE.UU.
Se contactaron, negociaron, cerraron el trato y en enero del 2018 se convirtieron en representantes de la firma en Ecuador. Luego inició un periodo de seis meses para armar y adaptar la plataforma, establecer el negocio, hacer campañas de lanzamiento, etc.
La operación arrancó en junio del 2018. ¿Cómo funciona el servicio que brinda? Cualquier persona se descarga la aplicación, llena un perfil y un cuestionario (son las preguntas que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el Censo) para determinar segmentos socio demográficos en la base de agentes que se registran y luego pueden acceder a misiones.
Estas últimas son tareas que asigna la aplicación al prestar un servicio a empresas. Por cada una de ellas se paga un valor al agente.
Un tipo de estas misiones es aquella en la que una persona va a un lugar específico para hacer lo que se le pide en la app, en un tiempo determinado. Por ejemplo, una compañía de colas le solicita a alguien que vea cómo está su producto en las perchas y si tiene publicidad. El agente puede tomar fotos, grabar audios, hacer control de precios, tomar apuntes etc., y enviar a la plataforma.
Field Agent hace control de calidad. De estar todo bien, se entrega la información al cliente y se paga al agente. Si hay algo incoherente en la información se niega la misión y no se cancela.
Otro tipo de tarea es aquella en que el agente desarrolla en cualquier lugar. También es posible que una empresa haga la investigación con su propio equipo, pero recibe soporte técnico por parte de Field Agent Ecuador.
María Cristina Borja ha usado la aplicación para diversas empresas en algunas ocasiones. Destaca que puede conseguir información de manera rápida y resultados precisos. “En estudios tradicionales el tiempo de entrega de resultados era de hasta seis semanas, con esta ‘app’ hasta una. Se pueden hacer análisis con relación a si el producto se recibió bien, cómo está en el punto de venta, etc”.
Datos La app se puede descargar desde Android o iOS.
Cada agente guarda en una cartera virtual su dinero. Se cancela los pagos en Banco Pichincha, a través de transferencias o en efectivo. El valor que se cancela depende de la complejidad de la misión.
12 000 agentes están registrados. Se puede acceder a misiones cuando se quiera.
La inversión inicial fue USD 140 000 por la licencia y capital de trabajo. Se facturó USD 41 000 en los 18 meses.
José Paredes, director de operaciones, Diego Sánchez, Gerente, y Martín Guevara, colaborador de Field Agent. Foto: Diego Pallero / LÍDERES
El líder brasileño de los cosméticos Natura anunció el miércoles 23 de mayo del 2019 la adquisición del estadounidense Avon, en una operación que conformará el cuarto grupo mundial de productos de belleza, con una capitalización de USD 11 000 millones.
La transacción se realizó por canje de acciones, que permitirán a los accionistas de Natura controlar el 76% del capital del grupo resultante de la fusión, Natura Holding S.A., indicó la firma brasileña en un comunicado.
El canje se realizó sobre la base de 0,300 títulos de Natura por uno de Avon, con un premio de 28% sobre el precio de la acción de Natura al cierre de los mercados el 21 de marzo de 2019, un día antes del anuncio de las negociaciones entre los dos grupos.
Avon fue evaluado de ese modo en USD 3 700 millones y el nuevo holding en 11 000 millones, detalla el comunicado.
Los trascendidos de un desenlace exitoso inminente de las negociaciones animaron a los mercados.
Las acciones de Natura subieron este miércoles 9,43% en la Bolsa de Sao Paulo, a 61,53 reales. Y las de Avon en la Bolsa de Nueva York registraron un alza de 9,06%, a 3,49 dólares.
En 2017, Natura ya había absorbido a la marca inglesa The Body Shop.
El nuevo grupo tendrá “ una facturación bruta anual de USD 10 000 millones, más de 40.000 colaboradores y presencia en 100 países ” , destaca el comunicado.
La líder de la cosmética brasileña, Natura, anunció el 22 de mayo de 2019 la compra de Avon, en una operación que constituyó el cuarto grupo mundial de productos de belleza. Foto: Archivo /AFP
Molestia ha generado entre los importadores el cobro por parte de Aduana de una tasa para la lucha contra el contrabando y la defraudación.
El pasado 13 de noviembre entró en vigencia la medida, que establece un cobro de USD 0,10 por artículo para todo el universo arancelario. Esto generó incomodidad en los importadores, porque aseguran que la Aduana prácticamente “está cobrando por hacer su trabajo”.
La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, a través de un comunicado, explicó que la nueva tasa no financia ningún servicio para la importación y que funciona más bien como un impuesto. Por eso cree que para su creación era necesario un proyecto de Ley y no una resolución emitida por la Aduana del Ecuador.
Esto no lo comparte la entidad, la cual aduce que a través del cobro busca facilitar el comercio y evitar la competencia desleal. Su director, Mauro Andino, señaló que es clave mejorar la tecnología, la infraestructura, entre otros.
Sin embargo, analistas de comercio exterior, como Cristian Espinosa, explican que para acceder a todo ello es el Estado el que debe responder. Por otro lado, el control del contrabando es una obligación y no un servicio.
Asimismo, Espinosa indica que la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece ciertos elementos que debe cumplir una tasa para que sea reconocida como tal. “Una tasa debe ser cobrada tanto a los bienes nacionales como a los importados. Como esta no es una tasa por servicios prestados sino un gravamen que se cobra para nacionalizar, tiene las mismas características que un arancel. Y, para cobrar eso, debe estar en la lista de productos y porcentajes permitidos por la Organización”.
Sin embargo, los porcentajes de pago sobre el valor del producto generados por la fijación de la tasa son, a decir del experto, ampliamente más altos que los de los aranceles permitidos por la OMC.
El mismo Estado reconoce que las tasas son parte de los tributos al comercio exterior. Así lo establece el artículo 108 del Código Orgánico de la Producción.
Antes de la emisión de la nueva medida, la Aduana ya cobraba otras tasas. Por ejemplo, existen aquellas por bodegaje, otra de control a los regímenes de admisión temporal para perfeccionamiento activo y almacén libre, etc.
Para los empresarios, un cobro nuevo significa un impuesto adicional, que encarecerá los productos. Asimismo, creen que esto podría poner en peligro los acuerdos comerciales negociados con diferentes países o bloques y aquellos que se busque a futuro.
Embajadores como el de EE.UU., ToddChapman y de la Unión Europea (UE), Marianne Van Steen, han mantenido reuniones con autoridades locales para conocer sobre la tasa y otras medidas económicas anunciadas.
Según el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, ambos hicieron requerimientos de información al Gobierno sobre la tasa.
Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales, dijo que la UE analizará el tema en Lima la próxima semana, en el marco de la evaluación de la aplicación del convenio entre el bloque y los andinos (Ecuador, Colombia y Perú).
Entre el 20 y el 24 de noviembre se reunirá en esa ciudad la Comisión Administradora del acuerdo comercial. Los países miembros están obligados a notificar las medidas relacionadas con el comercio que han adoptado en el período entre reuniones de este órgano.
Asimismo, se analizan otros temas vinculados al cumplimiento de las normativas del acuerdo por parte de los participantes.
Campana indicó que al encuentro acudirá una delegación de su Cartera de Estado, encabezada por el viceministro Humberto Jiménez y un representante de la Aduana del Ecuador. “Es un tema que saldrá en Lima. Ya es un año del acuerdo con la UE”.
Un impacto para 1 000 partidas
Para el sector textil el impacto de la aplicación de la tasa es para, aproximadamente, 1 000 partidas. Ese es el cálculo que hizo la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Javier Díaz, director del gremio, señala que ha sido complicado determinar el impacto por producto debido a que en una semana cambiaron las cantidades fijadas como unidad de control para el cálculo de la tasa a pagar. Con base en los primeros montos, el gremio considera que se producirá un incremento de precios tanto para materias primas y bienes de capital para la producción, así como ítems terminados. “En el caso de las máquinas para confección, al aplicar la tasa es como si tuviera un 7% de arancel adicional, en promedio. En las textiles casi un 6%, en materias primas como fibras hasta 2,4%, en hilados y telas hasta 3%”. Sin embargo, la mayor afectación es para los bienes terminados. En las prendas de vestir el impacto es del 17% y en textiles de hogar un 43%, en promedio. Un aspecto que llama la atención de los empresarios son las diferencias que existen en las unidades de control para productos similares. Por ejemplo, la fibra de algodón tenía una unidad de control de 500 000 gramos, la de poliéster de 1000, entre otros.
La base imponible será mayor
Los importadores de licor aseguran que, dependiendo de la unidad de control por bebida, el impacto en precios puede ser de hasta el 60%. Al resultado de la suma del precio del producto más los impuestos al comercio exterior, que incluyen la tasa, se le grava tanto el IVA como el ICE de importación. Mientras esa base imponible es más alta, más crecerá el monto final a pagar por el importador para poder desaduanizar. En algunos casos los empresarios prevén asumir esta alza y seguir vendiendo los licores al mismo precio. Sin embargo, en otros tendrán que trasladar este incremento al consumidor, detalla Felipe Cordovez, titular de la Asociación de Importadores e Licores. En productos como el whisky, el impacto es menor debido a que calculan que tendrán que pagar unos USD 0,14 por botella. Los licoreros todavía no han desaduanizado mercadería que se haya embarcado una vez que entró en vigencia la medida, el pasado 13 de noviembre. El gremio tiene dudas, además, sobre cómo se determinará el peso para aplicar la fórmula de cálculo (que se divide para la unidad de control). Los empresarios requieren saber si se toma en cuenta el precio del líquido o incluye también la botella.
Falta claridad sobre la medida
En Importadora Manrique, que trae bisutería, artículos para el hogar, maquillajes, etc., el mecanismo de cobro de la tasa es todavía confuso. Álex Manrique, titular de la firma, explica que necesita claridad para saber cómo va a proceder con los pedidos que llegarán al país en unos 15 días. Reclaman también la existencia de una lista con las unidades de control para las partidas arancelarias. El empresario dice que si aumentan los precios para los importadores, también tendrán que subirlos a los consumidores. Mientras que en los Almacenes Estuardo Sánchez, en los que se vende juguetes, productos de papelería y para la escuela, electrodomésticos pequeños, artículos para el hogar y la cocina, etc., el impacto por la aplicación de la tasa es, en ciertos casos, del 16% y en otros llega hasta 70%. Calcular una afectación general es complicado, dice, porque sus técnicos tienen que entrar al sistema Ecuapass y verificar uno por uno los valores de la unidad de control. No hay un listado. La Importadora Victoria -que trae carteras, joyas, relojes s- trasladará al consumidor el impacto del pago de la tasa en los nuevos modelos que importe. Mientras que los importadores de calzado analizan la afectación.
El contrabando es el gran temor
Un incremento de hasta en 60% en el valor de los equipos prevén los importadores de teléfonos celulares tras la aplicación de la tasa. Paúl Escobar, titular de la Importadora Ciro, explica que trae teléfonos celulares desde una fábrica en Asia. Un aparato que adquiere en USD 10, por ejemplo, tendrá que pagar por la tasa USD 6 más y a parte de eso, dijo, el IVA, el arancel y Fodinfa. “Posiblemente acá salga con un monto de USD 20. Sin la tasa el valor final era de USD 14”. El precio de venta al público, sin embargo, podría ser más alto, tomando en cuenta el monto que busca ganarse cada negocio. El empresario prevé que su próximo embarque sea de 10 000 celulares. Por estos tendrá que pagar USD 36 000 solo por el rubro de la tasa, calcula. “Aparte van los demás impuestos al comercio exterior. En este momento yo no tengo para pagar esa cantidad”. Con este nuevo pago cree que va a incrementar el contrabando de equipos, provenientes principalmente de Colombia y Perú. También hay preocupación entre quienes traen otros productos tecnológicos. Sin embargo, entre los comerciantes no hay seguridad sobre cuanto tendrán que pagar debido a que la unidad de control se ha ajustado.
Temor a producción más costosa
El presidente del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Iván Ontaneda cree que la tasa encarecerá la producción. Él recuerda que los exportadores no son un sector aislado de la economía y compran en el exterior material de empaque, bienes de consumo, maquinaria, etc., para dar valor agregado y crecer en exportaciones, pero ahora por la tasa se incrementará el coste de los productos. Ello afecta principalmente a la competitividad. Al sector le llama la atención que una tasa por servicio aduanero pretenda recaudar entre tres y cinco veces el presupuesto que tiene Aduana para su funcionamiento, sin una claridad sobre el servicio que se va a dar. Los exportadores temen también por el impacto en los acuerdos comerciales y beneficios unilaterales que otorgan otras naciones al país. El gremio dice que se podría poner en riesgo la eventual renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) otorgado por EE.UU., que actualmente genera condiciones de acceso preferencial a cerca de USD 400 millones en exportaciones no petroleras a ese mercado. Además, cree que se podrían afectar negociaciones en marcha con bloques como el EFTA.
Al puerto de Guayaquil llega la mayoría de productos importados. La tasa se cobra a las mercancías que fueron embarcadas a partir del pasado lunes y que lleguen luego al país. Foto: Mario Faustos / LÍDERES
El Superintendente de Control del Poder de Mercado encargado cuenta qué pasa con el organismo ante la falta de una terna para elegir al Superintendente titular. También ofrece detalles sobre por dónde caminan las fusiones empresariales en el país.
La designación del nuevo Superintendente de Control del Poder de Mercado está pendiente. ¿Cuál es la actual situación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM)? A Pedro Páez se le acabó el período el 5 de septiembre de este año y una institución no se puede quedar acéfala. Yo me desempeñaba como intendente general de la SCPM por unos tres años, por lo que se hicieron consultas a la Procuraduría General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La Procuraduría señaló que yo podía tomar la posta, mientras no exista una terna enviada por el Presidente de la República y por eso estoy como Superintendente encargado. En la SCPM, al ser parte de la Función de Transparencia, solo el Cpccs puede nombrar un reemplazo. Páez fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana, pero fue posesionado por la Asamblea Nacional. Entonces, hay una figura que no está clara, es un vacío legal.
¿Entonces habrá que esperar la terna del Ejecutivo? Así es. Estamos en un momento sui géneris en lo político. Estamos a puertas de una consulta popular, en donde aparentemente van a existir cambios en el Cpccs, en las reglas para elegir autoridades de control. Pero en la Constitución se establece que los superintendentes se eligen de una terna. ¿Quién lo va a elegir? Aún no lo sabemos.
Esta situación particular, ¿cómo afecta al trabajo de la SCPM a escala nacional? El trabajo no ha tenido ningún problema. El que haya salido Páez no implica que la SCPM detenga su trabajo. Seguimos impulsando procesos investigativos, promocionando los comités de usuarios, la participación ciudadana.
Usted dice que el futuro del Cpccs estaría por decidirse en la consulta. ¿Qué pasaría si ese organismo llegara a desaparecer en el futuro? Técnicamente no se puede desaparecer a la función de transparencia. Eso implica un cambio en la Constitución. El tema del Cpccs puede cambiar en el sentido de cómo elegir personas o funcionarios. Aparentemente, va a haber una nueva ley orgánica de la función de transparencia y control social. Allí habría una nueva forma de elegir autoridades de control. Eso no implica que esas autoridades desaparezcan. La SCPM no puede desaparecer. ¿La política de austeridad afecta a la SCPM? En la Superintendencia hemos sufrido mucho por el tema de presupuesto. En 2012 tuvimos un presupuesto anual de USD 14,5 millones. Esa cifra se ha recortado con el tiempo y para 2017 no es más de USD 6,2 millones. Nos hemos acomodado a lo que tenemos. El decreto 135 se lo ha acatado, pero hemos solicitado dineros adicionales porque nuestras tareas requieren personal especializado y el Ministerio de Finanzas nos ha ayudado. Hemos formado profesionales en temas como derecho de competencia y en eso hemos recibido apoyo de organismos internacionales como la Unctad. Incluso muchas multas se han desvanecido por desconocimiento de jueces en la materia.
Hablemos sobre qué pasa en materia de fusiones y adquisiciones de empresas. ¿Qué ha ocurrido desde 2012? Desde el 2102 hasta agosto pasado se han tramitado 142 operaciones de concentración. De esas 50 son informativas, 8 son estudios, 7 son consulta previa, 6 son análisis de no notificadas y 71 notificaciones obligatorias. De estas últimas, 49 notificaciones fueron aprobadas, 10 fueron condicionadas, dos fueron denegadas, una fue desistida y nueve están abiertas en investigación. ¿En qué sectores ha habido mayor movimiento en estos cinco años de la SCPM? De las 142 operaciones de concentración, el 37% ha estado en el sector financiero, 8% en transporte, 17% en industrial, 7% en sector seguros, otro 7% en farmacéutico y 9% en el sector alimenticio. Una de las fusiones más grandes que manejamos fue la de Ab Inbev con SabMiller, y eso repercutió en el mercado cervecero nacional (…) El proceso, al ser internacional, nos obligó a reunirnos con otras agencias de competencias para analizar el caso.
Esta fusión del sector cervecero es la más importante. Luego de eso, ¿ qué otra operación resulta significante? En el sector hidrocarburífero, en su momento, se dio la absorción de Terpel. Esa absorción también requirió un estudio geográfico para que la competencia sea sana. Allí se vio otro manejo en tema de concentraciones.
¿Por dónde se advierten nuevas fusiones en el futuro? Es difícil conocer qué tipo de concentraciones se pueden dar a escala mundial. Ecuador es un mercado pequeño, pero se ve movimiento en el sector farmacéutico y financiero. Esos dos sectores van a tener un funcionamiento más consistente en el futuro. Una de las observaciones del sector empresarial es que en ocasiones las regulaciones de la SCPM surgían desde la teoría y no desde la realidad de los negocios. Nosotros vimos más de 10 000 tiendas y dimos la oportunidad para que emprendedores puedan colocar sus productos. Más allá de que nos digan tecnócratas, estuvimos en territorio, hicimos encuestas, talleres, conversatorios. Tenemos intendencias y direcciones zonales para articular con pequeños tenderos. Por eso vimos la necesidad de ayudar a que los pequeños emprendedores participen. No es atinado decir que hemos trabajado sentados.
En estos cinco años, ¿cómo se han adaptado los grupos económicos a las regulaciones de la SCPM? Ecuador es uno de los últimos países en tener una agencia de competencia. Fuimos el 131 de 133 países con estas agencias. EE.UU. la tiene desde 1890. Imagínese cómo se encontraron los grandes grupos cuando nunca tuvieron un ente regulador de competencia. Hemos tenido presiones de multinacionales y grupos nacionales para evitar el tema del control de competencia. Hemos tratado de cambiar la polaridad de fuerzas pero cuesta mucho.
HOJA DE VIDA Formación. Ingeniero comercial con especialidad en Finanzas, por la Escuela Politécnica del Ejército, cursó una maestría en Artes con especialidad en Economía, en el Brooklyn College of The City University of New York (CUNY).
En el sector público. Se ha desempeñado en varios cargos públicos como Intendente General de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM), Intendente de Abogacía de la Competencia en la SCPM, Asesor financiero del Gerente General en el Banco Nacional de Fomento, consultor económico y financiero.
Cargo. Desde el 6 de septiembre del 2017 ejerce el cargo de Superintendente de Control del Poder de Mercado, encargado.
El Superintendente de Control del Poder de Mercado encargado cuenta qué pasa con el organismo ante la falta de una terna para elegir al Superintendente titular. También ofrece detalles sobre por dónde caminan las fusiones empresariales en el país. Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
La Aduana del Ecuador presentó un nuevo sistema de control de equipaje. Hoy, 19 de junio del 2017, el director de la entidad Mauro Andino, realizó una demostración del sistema en el Aeropuerto Mariscal Sucre, al oriente de Quito.
La meta del nuevo sistema es optimizar la experiencia del pasajero que llega al Ecuador y reducir el tiempo de espera para la revisión de equipaje en la aduana. Por lo general, el control puede tardar al menos 30 minutos; con el nuevo sistema el viajero, que resulte exento de revisión, pasa en cuestión de segundos.
El funcionamiento es sencillo. Primero se escanea el pasaporte del pasajero para determinar el tipo de chequeo que se efectuará basado en su nivel de riesgo. Este nivel de riesgo se determina cuando el sistema analiza el perfil del pasajero, considerando sus viajes anteriores.
Al escanear el pasaporte, aparece una señal que puede ser de color verde, amarillo o rojo. Cada color corresponde a un nivel de riesgo y tipo de revisión. Si aparece la señal de color verde, no es necesario efectuar una inspección del equipaje y se autoriza la salida.
Una señal de color amarillo requiere una revisión de equipaje con el uso de rayos X; si se detecta algún artículo susceptible de inspección, se lleva al viajero a una especie de examen de las maletas.
Con la señal de color rojo se realiza una inspección bastante detallada del equipaje. En el caso de descubrir bienes tributables, es decir que deben pagar impuestos, se llevará a cabo un acto de aforo.
El nuevo sistema se implementará en otros aeropuertos del país en las próximas semanas.
La Superintendencia de Control de Poder del Mercado emitió medidas preventivas contra la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y sus 14 filiales en relación al uso del dinero electrónico.
Marcelo Ortega, presidente de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia informó, hoy 4 de enero del 2017, que los bancos deberán implementar las facilidades necesarias para que los usuarios del dinero electrónico puedan transaccionar con el mismo.
También aclaró que si bien esto no implica una obligatoriedad para la apertura de cuentas de dinero electrónico, sí determina que los bancos adecuen sus sistemas para atender los requerimientos de la ciudadanía en cuanto a este método de pago. «El plazo de implementación es prácticamente inmediato», dijo Ortega, explicando que ya hay una resolución previa al respecto, pero no aclaró los alcances de la sanción monetaria, en caso del incumplimiento de estas nuevas medidas.
A mediados de diciembre de 2016, la entidad de control emitió una resolución disponiendo que los bancos privados abran cuentas de dinero electrónico y prohibiendo que se rechacen las transacciones con ese sistema.
En ese momento, la Asobanca presentó entonces una acción de protección al respecto. Además, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera señaló en su momento que la resolución de primera instancia de la SCPM no puede obligar a entidades del sistema financiero nacional a implementar la creación de cuentas de dinero electrónico.
Ortega explicó que esta nueva resolución es diferente a la de diciembre y que implica una investigación que está en curso, por presuntas infracciones. Añadió que no se pretende traspasar competencias de otras instituciones y que no se ha recibido oficialmente ninguna comunicación de la Junta de Regulación Monetaria al respecto.
A mediados de diciembre de 2016, la entidad de control emitió una resolución disponiendo que los bancos privados abran cuentas de dinero electrónico. Foto: Referencial
El gobierno venezolano descartó este martes, 15 de marzo del 2016, flexibilizar el control de cambio vigente desde 2013, al que economistas atribuyen la alta inflación reinante (180,9% en 2015) y una escasez de dos tercios de los productos básicos.
Durante una comparecencia ante el Parlamento -de mayoría opositora- el vicepresidente Aristóbulo Istúriz estimó inconveniente una unificación de las dos tasas existentes, una fórmula que analistas sugieren para facilitar el acceso a las escasas divisas por parte de un sector productivo que trabaja a media máquina.
“Muchos economistas plantean que la salida es la unificación cambiaria y teóricamente podría ser (…), pero hay que ver las circunstancias en que estamos. No acogemos la unificación cambiaria en este momento”, dijo el vicepresidente.
En Venezuela rigen dos tipos de cambio: uno subsidiado de diez bolívares por dólar reservado para la importación de alimentos y medicinas; y otro para los demás rubros económicos, que arrancó hace una semana en 206,92 bolívares y este martes se ubicaba en USD 225,23.
En febrero pasado, el presidente socialista Nicolás Maduro eliminó una tercera tasa, al anunciar una devaluación del bolívar de 37%.
“En un momento en que hay déficit de comida necesitamos proteger un dólar (bajo) para (importación de) comida y medicamentos. Por eso mantenemos una tasa flotante, vamos a ver a dónde llega”, afirmó Istúriz, refiriéndose al tipo al que se accede mediante subasta y donde se prevé que empresas públicas y privadas pueden ofertar divisas.
Venezuela está aquejada por una sequía de dólares a raíz de la caída de los precios del petróleo, generador de 96% de las divisas en este país altamente dependiente de las importaciones.
Durante una sesión en la que defendió el pedido a la Asamblea para que prorrogue un decreto de emergencia dictado por Maduro hace dos meses, el vicepresidente negó que el control cambiario sea el culpable del alto costo de vida.
Según Istúriz, el 70% de la inflación lo genera un dólar paralelo que se cotiza 121 veces más caro que la menor tasa oficial, y que sería punto de referencia para ajustar los precios de muchos productos. “El dólar negro es el instrumento que están utilizando para tumbar a Nicolás Maduro”, sostuvo.
Pero el diputado y economista opositor José Guerra lo contradijo, señalando que “la conspiración contra el bolívar la dirige el Banco Central”, al emitir dinero inorgánico para financiar el déficit fiscal de casi 20 puntos del PIB, y que permite transar el dólar paralelo.
“Cada vez que hay control de cambio, necesariamente emerge un mercado paralelo”, aseguró Guerra, indicando que esta tasa representa 10% de las transacciones, por lo que mal podría explicar 70% de la inflación.
El vicepresidente Aristóbulo Istúriz estimó inconveniente una unificación de las dos tasas existentes para el cambio de divisas en Venezuela. Foto: EFE
A partir del lunes 14 de septiembre, la Superintendencia de Compañías y Valores asumirá el control y vigilancia de todo el régimen de seguros privados en el Ecuador. Así lo anunció la Superintendencia, hoy jueves 10 de septiembre del 2015, mediante un comunicado.
El régimen de seguros está integrado principalmente por las empresas de seguros, reaseguradoras, intermediarios y peritos. Una vez implementado el cambio, entidades y ciudadanos podrán acceder en línea a distintos servicios, como consultar información societaria de las aseguradoras y revisar la central de siniestros.
El comunicado añade que la Superintendencia efectuará, entre el 14 y el 30 de septiembre, la actualización de datos de las empresas de seguros, intermediarios y reaseguradoras, de acuerdo las instrucciones que oportunamente impartirá.
Los reportes que se remiten hoy a la Superintendencia de Bancos, se recibirán en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sin variación alguna hasta nueva instrucción. Además, aquellos que entregan la información mensualmente, deberán reportar su actividad de septiembre en el portal digital de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, (www.supercias.gob.ec) a partir del 1 octubre.
Aquellas entidades que envían reportes anualmente, lo harán luego del vencimiento del presente ejercicio económico 2015.
La Intendencia de Seguros atenderá al público desde el 14 de septiembre en la matriz de la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, y en la Intendencia de Quito.
La Superintendencia de Compañías y Valores asumirá el control y vigilancia de todo el régimen de seguros privados del país. Foto: Archivo/ LÍDERES
