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Etiqueta: crédito

  • El crédito al largo plazo motiva el gasto

    Marco Insuasti, comunicador de profesión, decidió‘regalarse’ por Navidad una consola de Play 3. La adquirió por Internet en EE.UU., y difirió su compra a seis meses.

    Los productos novedosos o tecnológicos son los más comprados por los consumidores. Las facilidades de crédito permitieron el desarrollo de segmentos como el de línea blanca en el país.

    Según la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), el monto de importación de estos productos llega a los USD 700 millones al año. Esto, sin contar con la línea blanca que se produce localmente por empresas como Indurama o Mabe.

    Andrés Mata, director ejecutivo de Asadelec, dice que las compras en el segmento crecieron en un 15% en el 2011, frente al 2010. Debido a que los plazos de pago se extendieron a más de un año.

    Para Víctor Díaz, director de tarjetas de crédito de UniBanco, en el caso de la tarjeta Cuotafácil, la tendencia se concentra en la compra de productos de primera necesidad. Las categorías más destacadas son alimentación, salud, vestido y calzado, que experimentaron un crecimiento de alrededor de 10%, en el mercado nacional. Cuotafácil otorga microcrédito de consumo a sus clientes.

    Díaz comentó que el gasto público experimentado el año anterior fue un motivador importante para incrementar el consumo. Menciona que el crecimiento en las ventas, a través de las tarjetas de crédito, se sustenta también en las acciones comerciales y programas de financiamiento que se ofrecen en el mercado.

    En el caso de la tarjeta Cuotafácil, el consumo promedio mensual de sus clientes en el 2 011 fue de USD 229, mayor en un 12% con respecto al 2010. Similar resultado tuvieron con sus clientes de la tarjeta VISA Perfecta Unibanco, cuyo consumo promedio cerró con USD 383 mensuales, explica Díaz. Este incremento del consumo promedio por tarjetahabiente significó en términos generales, en volumen de ventas, un incremento de un 20% más que el año anterior.

    Alberto Acosta, editor de la publicación económica Análisis Semanal, afirma que la recuperación del consumo en el Ecuador ha sido rápida después de un año de crisis financiera internacional, como fue el 2009. “Actualmente hay liquidez. La misma se transfiere a los hogares y permite que estos consuman más”, dice.

    El especialista indica que esto se debe al incremento de los salarios y al aumento del crédito en el sistema financiero. “Ambos factores influyen directamente en el poder de compra de los ecuatorianos”. Agrega que el año pasado los salarios se incrementaron en términos reales en un 5%. En cuanto al crédito, Acosta indica que en el 2011 creció un 27,8%.

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  • Las pymes sustentables tienen un nuevo crédito

    Redacción Quito

    Compra de maquinaria menos contaminante, uso de energías renovables, mejorar el tratamiento de desechos de una fábrica, son tres ejemplos de proyectos que financia EcoCredit.

    Esta nueva línea de préstamos del Banco ProCredit funciona desde hace dos meses y busca financiar proyectos ambientalmente sostenibles, que pequeñas o medianas empresas necesiten implementar en sus procesos.

    EcoCredit, que se presentó de manera oficial el 26 de abril, es parte de una estrategia ambiental que el banco implementa desde mediados del 2010, en los 21 países donde registra operaciones.

    Este crédito está disponible para las micro, pequeñas y medianas empresas que tengan por lo menos un año de operación. Se pueden solicitar montos entre USD 2 000 y 1,5 millones, dependiendo el tamaño del proyecto, con tasas que fluctúan entre el 9,9% y 20%. Los plazos de pago oscilan entre cinco y seis años.

    Pedro Arriola, vicepresidente Ejecutivo de Banco ProCredit, comenta que este tipo de financiamiento busca alinearse con la filosofía de su compañía. Esto se debe a que la mayoría de sus accionistas son instituciones internacionales europeas de desarrollo. Estas entidades, explica, dan prioridad a proyectos con modelos sostenibles en países en vías de desarrollo.

    Uno de los accionistas, IPC de Alemania, envió una delegación a Ecuador, en diciembre del año pasado, para evaluar la situación del mercado y determinar las necesidades de financiamiento.

    Se fijaron tres prioridades: mejoramiento de la eficiencia energética; implementación de proyectos de energía renovables; y tratamiento de residuos y reciclaje.

    Estos aspectos en el país todavía son deficientes, sostiene Arriola.

    El ejecutivo cita datos del Censo Nacional Económico, realizado por el Instituto de Estadística y Censos (INEC). Estos señalan que el 25,8% de la población tiene capacitación en temas de reciclaje. Además, solo el 12,8% de los ecuatorianos tiene información acerca de temas de elaboración y uso de abono orgánico.

    Arriola comenta que en este año esperan entregar una cartera de USD 10 millones, solo en esta línea de crédito.

    Para aplicar a este préstamo, el micro o mediano empresario debe acudir al banco, hablar con un asesor de crédito y plantear su proyecto sustentable.

    Eduardo Mariño es un microempresario de Chimborazo que solicitó su préstamo en este banco, hace aproximadamente tres semanas. El agricultor de la comunidad Cruz Verde, cuenta que pidió USD 30 000 para la compra de un tractor.

    En ProCredit le asesoraron qué modelo comprar, para que consuma menos combustible y las emisiones de carbono sean reducidas. Mariño, quien se dedica a la producción de maíz, papas y cebada, obtuvo el crédito. La maquinaria costó USD 45 000; los USD 15 000 faltantes los pagó con sus ahorros.

    ProCredit cuenta con 40 oficinas a escala nacional. Su cartera tiene más de 200 000 clientes; de esa cifra unos 40 000 son empresas que tienen créditos.

  • El crédito impulsa al sector automotor

    redacción guayaquil

    En el Ecuador, el crédito se convirtió en un motor que impulsa la compra de vehículos. En el 2011 se vendieron aproximadamente 139 700 unidades en el país. De esta cifra, el 70% se financió con créditos de la banca privada y el 30% fue pagado al contado, según información de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

    Asimismo, los plazos de pago para la compra de vehículos aumentaron en los últimos cuatro años. Incluso, con ofertas de hasta 60 meses plazo y con entradas desde el 25% del valor del automotor.

    Clemente Ponce, representante de la Aeade, comenta que los vehículos más demandados son los automóviles. De las unidades vendidas el año pasado, 62 500 correspondieron a esta categoría.

    Le siguen los vehículos SUV, denominados ‘jeeps’, con 31 700 unidades. En el tercer rubro están las camionetas, con 27 400 unidades; luego los camiones, con 12 500 unidades; y finalmente las furgonetas, con 5 600 unidades.

    Wilson Galarza es presidente de la concesionaria Autolasa. El empresario coincide en que los automóviles son los más demandados. Explica que este tipo de vehículos recibe mayor financiamiento debido a su precio, que oscila entre los USD 14 000 y 20 000, en promedio.

    La mayoría de concesionarias y marcas de automotores tiene convenios con entidades financieras para ofrecer crédito a largo plazo a los clientes. Tal es el caso de los vehículos Chevrolet, que tiene convenios con entidades crediticias, como BPAC, Banco de Guayaquil, Banco Amazonas, Banco del Austro, entre otras.

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    Para Jesenia Mejía, vendedora independiente de vehículos en Guayaquil, entre los requisitos para adquirir un vehículo está ser mayor de 23 años y tener hasta 62. Esto, debido a que una mayor edad puede aumentar el riesgo de morosidad.

    Por otro lado, comenta que no hay un perfil definido para la compra de vehículos, sin embargo hay ciertas exigencias. Entre otras, poseer una cuenta bancaria, no constar en la central de riesgos y tener un trabajo estable de al menos dos años. Se solicitan documentos personales y planillas de servicios básicos para verificar datos. “Si tiene una propiedad, es más fácil que se obtenga el crédito”.

    Las opinión es compartida por Sandra Llerena, que labora en una concesionaria de Vallejo Araujo, en Guayaquil. Comenta que los plazos más comunes para el financiamiento de vehículos son desde 48 hasta 60 meses. “Depende de la capacidad económica del cliente. También se realiza un análisis de crédito”.

    Asimismo, comenta que los vehículos que más demanda tienen son los que cuestan desde USD 14 000. Sin embargo, dice, en caso que su perfil crediticio no cumpla con los requisitos para determinado vehículo se le recomienda uno de menor valor. Citó como ejemplo el modelo Spark de Chevrolet que se lo vende con precios desde los USD 12 000.

    Existen entidades que también otorgan crédito directo, como el caso de Teojama Comercial SA. En este caso ofrece plazos de pago de hasta 36 meses, a través de su departamento de Crédito y Cartera, bajo el paraguas de CrediTeojama.

    En el sector automotor, no existen problemas con el cumplimiento de pagos, según la Aeade. La morosidad llega al 0,3% de los automotores financiados.

  • El buró facilitó la entrega de crédito

    Rosa Nieto, de 50 años, solicitó un préstamo a la banca privada para adquirir su vivienda hace 14 años. Se endeudó en 60 millones de sucres, en 1998.

    Aún recuerda que pedir el préstamo fue toda una travesía. “Como requisito me pidieron todo tipo de papeles, números de teléfono de amigos, conocidos y un garante, que avale el pago de mi deuda”.

    Ramiro Crespo, analista económico, rememora cómo se manejaban los préstamos antes de que la información se concentrara en los burós. “En la década de los ochenta, los bancos prestaban dinero a las personas que conocían. Luego, a los referidos de los buenos clientes. Así, los depósitos de los cuentahorristas estaban seguros”. En ese entonces –indica Crespo- las personas eran sometidas a varios filtros y papeleos.

    A partir del 2002, aparecen los burós de crédito en el país. Agustín Vásquez, gerente general de Infocrédito, explica que una de las funciones de las entidades era utilizar herramientas de créditos. Mediante modelos estadísticos generaban información para que los bancos o empresas otorguen financiamiento y puedan identificar la capacidad de pago de una persona. “Con base en esa disposición de pago, la entidad puede determinar, en función del riesgo que quieren asumir, si ofrecen el crédito o no”.

    Gracias a eso, la información crediticia de las personas y su reputación, como buen o mal pagador, estaba a un clic de distancia. Además, se podían preaprobar créditos o se le decía al interesado que su petición ingresaba a revisión. Así lo explica Carlos Díaz, apoderado especial de Credit Report, único buró de crédito que funciona en el país.

    Estas compañías nacieron con dos objetivos claros. Según Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, el uno fue permitir que los medianos, pequeños y microempresarios puedan tener acceso al crédito, sin necesidad de poner prendas como maquinaria, bienes inmobiliarios o propiedades. El segundo objetivo, -según Vergara-, fue dar transparencia al sector financiero.

    Los servicios que ofrecen los burós son reconocidos por Javier Vaca, representante de la Red Financiera Rural (RFR). Según él, desde el 2000, esta entidad trabajó para que se desarrolle un mercado en las áreas rurales y se provea de acceso al financiamiento.

    Vaca explica que se puede medir el apoyo de los burós. “Ha permitido que instituciones pequeñas tengan una herramienta efectiva para hacer un análisis de crédito y acceder a un préstamo seguro y con la facilidad de que la Red lo recupere”.

    Antes, los clientes podían deber dinero a una cooperativa u ONG y no pasaba nada. Vaca recuerda que sin los burós no había ningún registro que evidencie eso (la deuda). Además, los usuarios sacaban más créditos con otras instituciones y no cumplían sus obligaciones financieras.

    Hoy, con la presencia de los burós se tiene una alerta o una presión para que el cliente pague a tiempo. Una vez que empezaron a funcionar se mantiene un registro, ya que el dinero no es de la institución, sino que proviene de los depositantes.

    La presencia de los burós mejoró, dicen los consultados, la compra de bienes. Un caso es el de los vehículos. Rosa Nieto, después del primer crédito, se endeudó en un automóvil. A diferencia de su casa, el préstamos fue aprobado en 48 horas. En la casa automotriz le pidieron su número de cédula y en la información bancaria se reflejó su historial crediticio. Le explicaron qué tipo de vehículo podía adquirir, según su capacidad actual de pago.

    Precisamente, ese tipo de ventas se puede reducir si se pone en vigencia la nueva ley. Mario Palacios, asesor de Ventas de Neohyundai, explica que como empresa ofrecían créditos directos a clientes antiguos.

    Con la nueva ley que espera la aprobación del Ejecutivo, este local enviará todas las solicitudes a las instituciones bancarias ya que no tendrán, a la mano, los datos de la Central de Riesgos, que agilitaba los procesos crediticios.

    Después de analizar las ventajas de los burós, Vásquez explica que el mayor impacto de la ley será para los ciudadanos. “El no contar con una fuente de información se limitará o restringirá el crédito. Las entidades financieras no van a tener información para tomar decisiones y ahí existirán problemas”.

    Eso, de cierta forma, puede reducir la comercialización de bienes perdurables y se teme, explica Vásquez, que los futuros préstamos demoren como antes. Todo dependerá del pronunciamiento del Gobierno.

  • El principal efecto será la reducción del crédito

    La reducción de créditos en el sistema financiero es uno de los principales efectos que traería la aplicación de la Ley de Burós, si el Ejecutivo se allana al texto, tal como le entregó la Asamblea Nacional hace un par de semanas. Así lo señalan fuentes consultadas.

    El documento establece que los burós que actualmente operan en el país se mantendrán operativos por un año (una vez publicada la norma en el Registro Oficial), mientras opera el futuro departamento que albergará los datos: el Registro de Datos Crediticios, que a su vez estará bajo la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos (Dinardap).

    Mientras eso ocurre, el escenario que se prevé es que al no contar las entidades financieras con una ‘información sólida’ para la entrega de créditos, esta se retrase.

    Álvaro Andrade, gerente general de la Cooperativa 29 de Octubre, explica que en lo posterior las instituciones financieras tendrán la limitación de conocer toda la información acerca de los clientes del sistema. “Eso puede generar una disminución en la colocación de dinero prestado”. Esto debido a que la información que entregaban los burós era clave para conocer su posible capacidad de pago.

    Sin embargo, el asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico, en donde se trató este Proyecto de Ley, sostiene que los bancos no deben temer por los datos que manejaban los burós, pues solo cambian de control. “La Dinardap va a ofrecer estos datos vía Internet, solo si el usuario lo autoriza”.

    Así, cuando el cliente requiera un crédito autorizará a la banca a acceder a este registro, que consta con un historial de tres años atrás (antes eran seis). Incluso, -Velasco destaca- que los usuarios podrán observar en el nuevo sistema, qué personas ingresaron a sus datos y así mantendrán un control propio. Añade que los datos que poseen los burós se levantaban con ayuda estatal, pues la Superintendencia de Bancos entregaba los datos a la Central de Riesgos y esta a los burós.

    Javier Vaca, representante de la Red Financiera Rural, da alternativas para la entrega de créditos. Explica que las instituciones pueden tener información histórica de los análisis de riesgo sectorial, modelos de información que previenen el riesgo y esto se podría compensar de alguna manera. Sin embargo, señala que no se podrá igualar totalmente a la información especializada que tienen los burós.

    En cambio, Carlos Díaz, apoderado especial del único buró del país Credit Report, indica que una vez aprobada la Ley el país regresaría 10 ó 15 años, “cuando el crédito era sujeto al papeleo y la verificación de calificaciones”.

    La normativa

    • La Ley Derogatoria. La norma señala que la información crediticia no podrá ser de más de tres años.
    • El documento. Se establece que quien empleare o divulgare indebidamente la información contenida en un reporte de crédito o alterare la información proporcionada por la fuente, estará sujeto a las sanciones establecidas en la legislación penal.
    • Fuentes de información crediticia. Estas serán legalmente responsables por los daños ocasionados al titular, por efecto de la transmisión de datos ilegales o inexactos.

  • El futuro de los burós de crédito es incierto

    Redacción Quito

    Después de una década, la salida de los burós de crédito en el país es casi un hecho. Esto, una vez que la Asamblea Nacional diera paso, el pasado 2 de octubre, al proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia.

    Allí se establece la eliminación de la Central de Riesgos, administrada por la Superintendencia de Bancos, y de los burós de crédito privados, y se da paso a la creación del Registro de Datos Crediticios, que, a su vez, estará bajo la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap).

    El plazo para la transición es de un año, después de publicada la Ley en el Registro Oficial. Posterior a eso, el ciudadano será dueño de sus datos. Así, en el momento de requerir un crédito, este autorizaría a las instituciones financieras acceder a sus datos.

    La ley también establece la condonación de deudas a quienes estén en la Central de Riesgos, por recursos obtenidos de los bancos quebrados -a finales de los noventa-; siempre y cuando alcancen hasta los USD 5 000.

    Ahora, la última palabra la tiene el Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días, desde que el Legislativo le remite el documento, para vetarlo o aprobarlo.

    Pero, ¿qué son los burós de crédito? Son empresas que recopilan la información crediticia de las personas. Su principal fuente de consulta ha sido la Superintendencia de Bancos y Seguros. Con esos datos se creó la Central de Riesgo y esa información también se alimenta de las casas comerciales y de las entidades financieras de microcrédito.

    Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, evalúa como positiva la gestión de los burós, ya que la función principal de estas empresas es permitir que los medianos, pequeños y microempresarios accedan al crédito, sin necesidad de dar a cambio un bien o insumos por el dinero. Esto, porque entre los objetivos de su creación está el dar transparencia al sector financiero. Sin embargo, dice que sí hubo fallas. Una de ellas fue, en ciertos casos, no actualizar la cancelación de una deuda y entregar información errónea. “Son fallas humanas”, recalca.

    Precisamente, ese fue uno de los argumentos que tuvo la Asamblea para aprobar el documento. Paco Velasco, asambleísta de Alianza País, explica que la Central de Riesgos “proveía información errónea a los burós y se estigmatizaba a los clientes”. El oficialista defiende el texto y señala que el Estado manejará de manera apropiada los datos.

    Álvaro Andrade, gerente general de la Cooperativa 29 de Octubre, señala que si el problema es que los burós ganen dinero con la información que procesan, el Ejecutivo debería considerar regular los precios. Es decir, para quienes requieran información crediticia de una persona que pida un crédito de más de USD 1 millón, paguen un precio alto. Para quienes requieran datos de créditos que fluctúen entre USD 10 000 y 100 000 el costo sea menor y para quienes pidan créditos inferiores a los USD 10 000 no debieran pagar nada. “No se deberían eliminar, porque allí se maneja el historial de los deudores”, alega.

    El historial de los burós arrancó en el 2002 con la participación de MultiBuró, CaltecBuró, Cinfocredit, Teletec, Acredita y Credit Report. Este último es el único sobreviviente. Según Carlos Díaz, su apoderado especial, no se trata de un monopolio, ya que la Superintendencia de Bancos no prohibió el ingreso de otro. “Nosotros, como buró, pagamos USD 75 000 anuales (a la Superintendencia), por la información”.

    Más artículos del Informe:

  • La fusión que apuntala al crédito pequeño

    Redacción Quito

    La una (Unibanco) era una institución especializada en créditos de consumo minorista. La otra (Solidario) era experta en microcrédito. Ambas, desde el 2006, decidieron unificar sus procesos y aprovechar sus fortalezas.

    Como efecto, nació una nueva identidad, manteniendo el nombre de Solidario para conservar la idea de que se trata de un banco cercano a los clientes. Juntos, según el gerente general de Solidario, Diego Calvache, se consolidó un banco con 1 700 colaboradores, 74 puntos de atención y 530 000 clientes. «El segundo más grande en número de usuarios», dice.

    ¿Está el Solidario en capacidad para competir con los bancos más grandes del país? Calvache asegura que sí y señala que la institución ha sido pionera en la creación de muchos productos. «Fuimos los primeros en ofrecer créditos para segmentos de ingresos bajos. En microcrédito, prácticamente empezamos con el concepto, trajimos la metodología. Entonces, hemos sido pioneros y ser el segundo en número de clientes es un indicativo de que tenemos la capacidad para competir y ofertar productos y servicios a la par de cualquier banco».

    Sin embargo, dentro de esta primera etapa del proceso de fusión fue necesario reacomodar las cosas. Puertas adentro las operaciones entre microcrédito y crédito de consumo se han ido equilibrando. Es decir, en el caso de Unibanco, cerca del 70% de clientes no era de la banca. Ahí, la nueva institución ha tenido que hacer un trabajo de bancarizarlos. En el caso del Solidario ese porcentaje bordeaba el 48%. Adicionalmente, se tuvo que adecuar el modelo de negocio al de precios que están, hoy por hoy, registrados por la autoridad.

    Las nuevas reglamentaciones emitidas desde el año pasado han cercado la actividad financiera, conforme sus actores así lo señalan. En ese sentido, Calvache indica que sí hay medidas donde el mensaje puede ser de mayor control, pero que también hay que aprender a jugar con esas reglas del juego. «Es difícil a veces entender la estrategia política que está atrás de ciertas medidas, pero, en general, nosotros somos un excelente socio para los objetivos del Gobierno».

    ¿Por qué? El generar crédito ayuda en la calidad de vida de las personas y el Estado está en ese propósito de que el acceso sea cada vez mayor. Así se lo ve en el Solidario y por ello, internamente, los colaboradores viven sus días bajo el eslogan «100% ñeque». El trabajo es tocar la puerta de cada cliente, visitarlo en su casa, darle la garantía de que es una parte importante en el engranaje de la institución. Hacerlo parte de la familia.

    LA CIFRA:
    USD 2,2 millones registró la entidad bancaria en utilidades, con corte a mayo.

  • El peso del crédito de consumo

    La caída

    El Banco Territorial sobrevivió al ‘naufragio’ financiero de finales del siglo XX. Para el 2004 (que cerró con USD 19,4 millones de activos) se realizó el cambio de liderazgo de la familia Goldbaum al Grupo Zunino.

    El proceso de modernización propuesto por los Zunino incluía la vinculación de la entidad financiera con sus tiendas departamentales Casa Tosi.

    La estrategia del BT en el 2005 fue colocar créditos de consumo a través de la tarjeta Crédito Sí (65 000 clientes) y Efectivo Sí. Aquel era un préstamo de consumo desde los USD 120 a los 2 500.

    Según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), para diciembre del 2005, la cartera de créditos de consumo por vencer superaba los USD 13,7 millones. En el ejercicio 2004 ese rubro se ubicó en USD 1,2 millones.

    En el 2006 un cliente podía abrir una cuenta de ahorros con USD 1 y se le ofrecía hasta el 5% de interés anual. Así, el BT ingresó al mercado de consumo, en la pujante clase media, con otros bancos como el Centro Mundo (que pasó al Banco Pichincha) y el Unibanco.

    Las operaciones del BT para diciembre del 2007, según la SBS, mantenían una calificación de riesgo de A: «La institución es fuerte; tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados naturales de dinero».

    Para fines del 2008 se ubicó en A- y cerró el 2010 con la designación de banco BBB- en las vitrinas de sus cinco agencias ubicadas en Quito y Guayaquil.

    La resolución JB2010-1659 del 16 de abril del 2010 sometía al Banco Territorial en un Programa de Regularización para sanear su cartera. A USD 9,1 millones ascendía en ese año su cartera vencida de créditos de consumo.

    Dos años más tarde, en octubre del 2012, el Banco Territorial se desvinculaba de Almacenes Casa Tosi para dar cumplimiento al referéndum del 2011.

    Pero en febrero pasado, la Junta Bancaria pidió al principal accionista del BT que lo capitalice con USD 17 millones, que «no se justificaron fehacientemente». El 18 de marzo pasado, Pedro Solines, principal de la SBS, indicó que el Banco Territorial era inviable y que se debía suspender las operaciones para sus 71 832 clientes a escala nacional.

  • ¿Aumentar o no el crédito? esa es la disyuntiva del gobierno chino

    Varias agencias

    ‘China no está todavía en crisis, y según nosotros, va a evitar probablemente un aterrizaje brutal». Lo dijo Andrew Peck, del Bank of America – Merrill Lynch con sede en Hong Kong, en un análisis la semana pasada.

    La apertura del grifo de los créditos, arriesgada ya que aumenta el peligro de morosidad, no ha permitido, como en el pasado, estimular de forma duradera el crecimiento, que pasó del 7,9% en el cuarto trimestre del 2012 al 7,7% en el primer trimestre del 2013.

    Y eso ya pasa factura el interior de la economía china. Luego de 30 años de reformas económicas, esta nación se ha convertido en uno de los países con más desigualdades del mundo que, incluso, son más pronunciadas que en India o en Bangladesh y ya hay millones de niños de la calle en las principales ciudades, según un ensayo francés.

    A mediados de la década del 2000, el ingreso medio anual por habitante del 20% de los hogares rurales más pobres era de 2 000 yuanes, mientras que en el 10% más rico de los hogares urbanos era de 31 000 yuanes, es decir una relación de 15 a 1.

    El crecimiento de los últimos cinco años se basó en el otorgamiento masivo de créditos e inversiones, pero ese dinero barato causa ahora los problemas a los bancos. El capital invertido ha dado pocas ganancias y tiene que ser refinanciado con nuevos créditos. Además, los préstamos generan actualmente mucho menos crecimiento que antes. La refinanciación de los créditos, los pagos derivados de dudosas maniobras de administración de fondos y otros pagos que deben hacer los bancos en el mercado financiero secundario generan necesidades de dinero y explosión de las tasas.

    El año pasado, el Banco Central intervino para cubrir los baches, a la vez que exigía una y otra vez sin éxito una mayor disciplina.

    El nuevo Gobierno, en el cargo desde marzo, sigue ahora una política mucho más estricta. «El Banco Central dejó claro los últimos diez días que no habrá una rápida expansión del crédito y que los bancos tienen que reducir sus planes para el crecimiento crediticio y tratar de manera racional su propia liquidez», señaló Xinhua Wang Tao, economista jefe del banco suizo UBS.

    Volver a abrir el grifo solo aumentaría la inflación y la burbuja inmobiliaria, temen los expertos. «Pero esta semana se dieron cuenta de que una mínima reducción del crédito por parte del central hace entrar en dificultades a las entidades», comentó Patrick Chovanec, ex profesor de la Universidad de Tsinghua.

    Más impactos de la minicrisis La caída de las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhe . Fue la mayor de los últimos cuatro años, la semana pasada.

    Varios internautas han publicado en las redes sociales. La alerta se dio por supuestos problemas para sacar dinero de los cajeros automáticos de bancos como el ICBC o el Bank of China (BOC).

    La entidades de regulación chinas tratan de calmar. Los principales organismos aseguraron posteriormente que algunos cajeros no funcionaron debido a «problemas técnicos» derivados de la actualización de los sistemas y por el aumento de las transacciones comerciales.

    Lea también: Ecuador expectante por su aliado

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    Ecuador expectante por su aliado

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  • Las dudas por el código financiero siguen en el empresariado

    Redacción Guayaquil y Quito

    Un mes de debates, reuniones, propuestas, críticas y sugerencias comenzó a correr desde el 25 de junio pasado. En esa fecha, el Ejecutivo envió con carácter de económico urgente a la Asamblea Nacional el Proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero para ser debatido y aprobado.

    En ese escenario y en el plazo previsto, el proyecto se aprobó el jueves 24 de julio, con 91 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. Ahora está en el Ejecutivo para su aprobación o su veto.

    Buena parte del debate surgió desde el gremio bancario en torno a la creación de la «súper» Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encargará de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Pero el sector empresarial no financiero también trató de ser parte de la discusión.

    Lo hizo a través de los representantes de las cámaras de Comercio, Industrias y de comités empresariales del país, que redactaron propuestas, enviaron cartas o pidieron reuniones con la Comisión Legislativa de lo Económico para dar a conocer sus reparos.

    Según Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el documento que comenzó con 516 y terminó con 520 artículos, recibió muy pocos cambios, y ahora, en este sector hay dudas sobre la salud con la que pueda desarrollarse la actividad económica en el país.

    Pero, ¿por qué se preocupan los empresarios? Porque la cadena productiva es indivisible. «La banca, la industria, el comercio y servicios son eslabones que forman esa cadena», responde Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

    Cuando se rompe uno de esos eslabones, como la banca, por ejemplo, se afecta a toda la cadena, explica.

    Comerciantes, industriales, catedráticos y especialistas siguieron el proceso de aprobación del proyecto y coincidieron en los puntos que podrían ser peligrosos para la cadena productiva: la orientación del crédito, del que se habla en el artículo 209, y las facultades de la Junta, detalladas en el artículo 14.

    En el numeral 18 del artículo 14 se enuncia que la Junta de Política y Regulación puede establecer para las personas jurídicas no financieras que realicen operaciones de crédito por sobre los límites que determine la junta, requisitos de reservas mínimas, patrimoniales y de liquidez y otros que garanticen su gestión y solvencia.

    Estos dos temas, dice el analista Andrés Vergara, podrían generar inconvenientes para las personas que acceden a créditos en casas comerciales.

    «El problema para el ciudadano es que si no es sujeto de crédito o no encaja en los sectores que el gobierno dice se les debe prestar, va a ser complicado conseguir los productos que normalmente se compran en casas comerciales. Así desestimulan y complican el crédito», explica.

    Las casas comerciales que otorgan crédito directo, que por lo general comercializan electrodomésticos, ropa, muebles y otros artículos, han evitado pronunciarse sobre el tema. Aunque sí están analizando las repercusiones que podría tener en sus actividades.

    Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, considera que es importante que se estimule a ciertos sectores de la economía, pero no direccionando hacia dónde va el crédito, o estableciendo límites a la capacidad de endeudamiento de estas empresas que otorgan crédito.

    «No se puede dirigir los créditos a un sector determinado ni dirigido por una junta», afirma. El Gobierno debe incentivar a los sectores para que se vuelvan más productivos y que, como consecuencia, se vuelvan sujetos de crédito confiables para la banca, añade Yumibanda.

    Kronfle también sostiene esta postura y sugiere que los cambios debieron enfocarse en el Código Orgánico de la Producción. «El desarrollo no es consecuencia de un direccionamiento político, sino de las condiciones de apertura comercial, previsibilidad y certeza jurídica, la competitividad bancaria e industrial y los incentivos y fomentos a los diferentes sectores de la economía», señala.

    La circulación de moneda electrónica, en el artículo 98; el manejo de la liquidez, en el artículo 121; la inversión extranjera que se aborda en el artículo 181 y los balances del Banco Central del Ecuador (BCE), en el artículo 33; son otros temas que también preocupan a gremios y empresarios.

    Los miembros de la Cámara de Industrias sugirieron a la Comisión Legislativa de lo Económico, que a este último artículo, en el que se determina que la junta debe establecer políticas orientadas a velar la calidad y liquidez de los activos del balance del Banco Central del Ecuador, se le añada que la entidad debe divulgar semanalmente sus balances.

    LA VISIÓN GREMIAL

    La banca juega un papel clave en las actividades comerciales


     El Código Monetario es tan importante para las entidades financieras como para las empresas del sector comercial e industrial. Así lo dice Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. «La banca depende de los sectores reales de la economía, ellos son los prestadores de servicios para los sectores productivos«, indica Aspiazu. Por eso, todo lo que le afecte a la banca, le afecta a las empresas, asegura.

    La importancia de la bancarización fue una de las posturas presentadas por estos gremios, que sugerían que con el Código se fomente la competencia bancaria nacional con la internacional.

    En la Cámara de Comercio de Guayaquil se manifestó que esta sería una buena alternativa para conseguir financiamiento de largo plazo para el cambio de matriz productiva. En un comunicado de este gremio se sugería a los miembros de la Comisión Legislativa de lo Económico, que se creen las condiciones necesarias para que aumente la competencia en el sector financiero, disminuyendo las barreras de entrada al sector bancario.

    «Queremos trabajar en un ambiente de confianza y con posibilidades de hacer crecer nuestros emprendimientos, para atraer capitales internacionales, fomentar una sana competencia en el sector y bajar el costo del crédito en el país», dice Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

    Desde el sector industrial también se resaltó la incidencia de la bancarización. Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias, cree que con el artículo 181 se desincentiva a la banca extranjera.

    En este artículo se detallan los requisitos para que las entidades financieras del extranjero abran sucursales en el país, y en el numeral 7 se determina, entre otras cosas, que las empresas financieras deben renunciar a la reclamación por vía diplomática y que los derechos establecidos en tratados comerciales o de protección de inversiones no limitan de ninguna manera el ejercicio de las facultades regulatorias del Estado.

    «No se está generando condiciones para que venga la banca internacional. La inversión extranjera de banca en el Ecuador tiene que estar atada a la política de comercio exterior de apertura de mercados«, señala Kronfle.

    Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y la Producción, con sede en Quito, en cambio, hace énfasis en otro punto, uno de los que más se ha debatido desde la perspectiva empresarial: la orientación del crédito y las limitaciones a las operaciones crediticias.

    En el artículo 209 del documento se establece que la Junta podrá regular mediante normas la orientación, direccionamiento de las operaciones de crédito de las entidades del sistema financiero nacional y de la entidades no financieras que concedan créditos por sobre los límites establecidos por la Junta.

    Y en el artículo 198 se enuncia que las ventas a largo plazo o las operaciones de crédito que hagan las entidades no financieras por sobre los límites que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera serán controladas por la Superintendencia de Compañías.

    «Las limitaciones a las operaciones crediticias de empresas no financieras generarán un impacto nocivo en la actividad productiva puesto que el apalancamiento es indispensable para un adecuado manejo de las finanzas corporativas», expresa Martínez.

    La afectación a los clientes se podría dar cuando estos no puedan realizar compras a crédito en los productos en los que están acostumbrados a hacerlo, añade el dirigente gremial.

    EL CONTROL

    La mirada va hacia el crédito directo

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     Algunos expertos consideran que un mes de debate para un proyecto de ley importante en materia económica y financiera, con 520 artículos, es poco. El debate del Código, según los analistas consultados, debió tratarse con más tiempo, más voces y criterios, debido a que involucra a un amplio sector de la economía, no solo al gremio bancario.

    Para Marco López, exmiembro del Directorio del Banco Central del Ecuador, las preocupaciones que tienen los empresarios se alinean con las que tienen los banqueros. Uno de los puntos que inquieta a los dos sectores es la «direccionalidad de la ley«, dice López.

    «Es una junta que tiene un poco más de 50 funciones, desde la capacidad de emitir dinero hasta poder direccionar el crédito pasando por fijación de tasas de interés«. Añade que otra preocupación para el gremio es que la «súper» Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se establece en el artículo 13 del Código, «tiene grandes poderes y no tiene ninguna delimitación».

    Wilson Araque, director del Área de Gestión de la Universidad Andina de Quito, en cambio, cree que el espíritu detrás del Código es bueno, ya que establece mecanismos para prevenir crisis financieras. «Este Código ayudaría para establecer un control sobre los límites de financiamientos, lo que ayudaría a controlar el sobre endeudamiento de los clientes«, menciona.

    Con él coincide Carlos Morlás, director académico de la Universidad Ecotec, en Guayaquil. «Lo que se hace es decir, que si una persona quiere endeudarse existe un límite, la banca no lo ha cumplido», dice este catedrático.

    Morlás menciona el escenario de la crisis bancaria de 1999, y explica que con este Código se busca evitar que los bancos excedan su capacidad de otorgamiento de créditos a empresas que podrían no tener capacidad de pago.

    Para el analista económico Andrés Vergara, el control sobre la banca podría ser justificado, no así el control sobre los créditos de las entidades no financieras.

    Esto porque en el artículo 14 numeral 18 se señala que la Junta puede solicitar a las empresas no financieras que otorgan crédito, requisitos de reservas mínimas, requerimientos de liquidez, y otros que garanticen su gestión.

    «Está bien regular a las empresas que reciben inversión, para evitar estafas, pero con las entidades no financieras que dan crédito directo se desestimula y complica el crédito», indica. Añade que este tipo de negocios son una alternativa viable para peronas que por diversos motivos no pueden tener tarjetas de crédito.

    Luis Pástor, especialista en retail, cree que en el artículo 14 que establece las funciones de la Junta se busca restringir las ventas a crédito, «ya que muchas veces la ganancia es más en la venta a crédito».

    Pástor considera que esta medida ayudaría a que las empresas se enfoquen más en la venta en minoría y menos en las ventas por créditos, lo que derivaría en un endeudamiento menor de los clientes.

    Fausto Ortiz, exministro de Finanzas del país, cree que el impacto que dejará el Código, va a depender del criterio que tenga la Junta al momento de poner los límites a las empresas. Pero en todo caso, piensa que con estos artículos se terminará perjudicando a los consumidores. «Ya que mientras menos oferta, menos consumidores hay, y en efecto menos créditos«, señala el exministro.