La deuda de la tarjeta de crédito es el principal destino que debe darse al decimotercer sueldo, si lo que se busca es cumplir con sus obligaciones pendientes.
El artículo 111 del Código de Trabajo norma el pago de este sobresueldo, conocido como bono navideño. Corresponde a una remuneración completa, es decir, el sueldo más bonos, horas extras, comisiones, etc., que se entrega a los empleados bajo relación de dependencia (jefe directo, horario, afiliación a la seguridad social, etc.) hasta el 24 de diciembre.
Solo las personas que lo acumularon lo reciben completo, ya que al resto el patrono ya les entregó el valor proporcional cada mes.
David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) explica que pagar la tarjeta con este bono es clave porque se trata de una obligación con intereses altos, es decir, deuda cara. Las tasas de interés para crédito de consumo, según el Banco Central, son de entre 16,57% y 17,30%.
Otro factor por lo que se hace imprescindible pagar los haberes de las tarjetas con el decimotercero es para evitar cancelar solo los mínimos. López dice que si bien se cumple con su compromiso con el emisor, esta modalidad lleva a que tome más tiempo pagar la deuda y que el valor sea más alto, por los intereses de la deuda.
Bertha Romero, especialista en finanzas personales del programa de educación Tus Finanzas, indica que antes de recibir el decimotercero la persona debe hacer una lista de las deudas que tenga. “Aquellas con la cooperativa, el banco, la tarjeta, los empleadores, casas comerciales, etc. Deben tomarse en cuenta, incluso, las que se tiene con familiares y el ‘chulco”.
Esto se denomina el inventario de deudas. En una tabla de Word o Excel se debe colocar con quién se tiene la deuda, el valor, cuánto se paga al mes, el tiempo que se tiene para pagar, el interés, entre otros.
Una vez identificadas las obligaciones se puede saber cuál es la que más impacta a su economía. Puede ser aquella en la que se está pagando más interés o una cuota más alta, es decir, la más costosa.
Salir de la deuda no solo aliviará el gasto mensual, sino el impacto emocional que genera esta carga.
Dependiendo del valor que reciba de decimotercero se deben considerar los pagos. Si es alto, lo más recomendable es dejar en cero la tarjeta; unas personas pueden cerrarla (precancelando diferidos) y otras seguir usándola, pero con responsabilidad financiera.
Hasta octubre de este año, el crédito de la banca creció 13% comparada con el mismo mes del 2017 y totalizó USD 26 931 millones, según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca). De esa cantidad, USD 10 271 millones (38%) corresponden a consumo y educación, cuya mayor parte son transacciones con tarjeta.
Con el fin de guiar a los usuarios, el Colegio de Economistas de Pichincha (CEP) cuenta con cursos de finanzas personales en los que capacitan a las personas a manejar sus ingresos y egresos. Así lo explica Víctor Hugo Albán, expresidente de la institución.
Una de las cosas que se les explica a los ciudadanos es que si los valores a pagar son muy altos, y está comprometido en el pago más del 40% de los ingresos, lo ideal es que se acerque a renegociar su deuda con la institución financiera emisora. “En el Colegio también les ayudamos en este proceso. Estamos abiertos a la sociedad. La gente debe acercarse antes que el banco les envíe a los estudios jurídicos por mora”.
Los cursos que brinda esta institución son gratuitos y se imparten en las aulas del Colegio, en el norte de Quito. Albán recomienda a los usuarios realizar sus pagos en efectivo; la idea es que sepan exactamente con cuánto dinero cuentan para cada mes.
Para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, las tarjetas de crédito son útiles para emergencias o diferidos de valores altos, no para gastos corrientes. Por ello es que considera clave el uso del decimotercero para dejarlas en cero o reducir la deuda. Si no se tienen obligaciones con las mismas puede destinar este bono al pago de otros haberes como préstamos en el sistema financiero privado, créditos quirografarios con el Biess y casas comerciales.
Consejos Destino. Las personas que no tienen deudas con ninguna institución o casa comercial deben destinar, al menos, el 20% del décimo al ahorro. El resto puede servir para gastos en estas fechas, de acuerdo con Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas.
Cancelar. Cuando una persona quiere dejar en cero cualquier tarjeta se recomienda que se acerque a las oficinas del banco o casa comercial para dejar por sentado que se hizo tal trámite, dice la experta en finanzas personales, Bertha Romero. De igual forma, si quiere cerrar dicho mecanismo de pago. Si es posible debe quedar todo por escrito.
Tres tarjetas es lo máximo que una persona debe manejar. Foto: Ingimage
Juan Carlos Jácome, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), destaca que la entidad busca impulsar sectores no tradicionales, como el de los servicios, a través de nuevas líneas. Añadió que el crédito para las pymes se incrementará.
La CFN ha incrementado sus aprobaciones de créditos en un 75% en lo que va del año. ¿A qué factores obedece este comportamiento?
Es un reflejo del clima empresarial que el Presidente de la República ha establecido a través de las políticas implementadas en lo que lleva de su gestión. Eso ha creado una mayor demanda e interés de poder ampliar proyectos que estaban en carpeta para muchos empresarios. Otro factor es la agilidad que hemos puesto como meta para dar trámite a los créditos. En 15 días hábiles luego de que inició el trámite, se debe dar una respuesta de aprobación o negación al cliente. Hemos trabajado mucho en acercarnos a la ciudadanía y al empresario, porque identificamos que hay una percepción de que la CFN es un ente muy distante. Creo que estamos logrando romper esa idea.
Una de las quejas de los clientes en torno al acceso a crédito son los tiempos de espera y barreras como la tramitología y demasiados requisitos. Esos temas, ¿cómo los está puliendo la CFN?
Lo que pedimos como requisitos no difiere mucho de lo que pide la banca privada. En lo relacionado a tiempos, conversé con gente que decía que pedir un crédito en CFN implicaba esperar hasta nueve meses. Eso lo hemos mejorado. Además hemos mejorado varias alternativas de financiamiento para pymes. Por ejemplo, para acceder al crédito en esta entidad, se requiere una garantía real equivalente al 125% del monto que está pidiendo y muchos ven esto como una barrera de acceso al crédito para los más pequeños. Pero la CFN tiene ahora un mecanismo de ayuda a través del fondo nacional de garantías, en convenios con la banca privada. A través de esto, las pymes que acceden a créditos en la banca privada tienen la ventaja de que la CFN puede asumir una parte de la garantía.
El sector de las microempresas y las pymes es uno de los que atraviesa más retos al buscar financiamiento. ¿Qué factores inciden para que se les dificulte el acceso?
No creo que hay que estigmatizar a la microempresa y a la pequeña y mediana empresa. Claro, no es lo mismo una empresa que tenga una gran escala de venta y puede amortiguar un bache, a una con ventas más reducidas y que cualquier cosa les afecta. Pero obviamente es un segmento en el que hay que arriesgar, porque de 10 proyectos de micro y pymes, de pronto cinco sean de gran éxito, pero el país gana, porque diversifica su producción y oferta. Creo que en este segmento se debe siempre capacitar e innovar, como en todo negocio.
El Gobierno busca impulsar a este segmento con la puesta en marcha de una nueva línea de crédito: Progresar 2, anunciada en el Plan Prosperidad. ¿Cómo funcionará y cómo lo financiará la CFN?
Esta línea de USD 100 millones es financiada en un 50% vía Corporación Andina de Fomento (CAF) y el otro 50% por nosotros. Se destinará para operaciones que apuntalen el ordenamiento de las actividades productivas del país, de forma que se reduzca el apalancamiento de la economía solo en actividades tradicionales. Todavía se requieren ciertas formalidades internas para implementarla, pero esperamos que esté lista a finales de este año.
Del total de la cartera de la entidad, ¿qué porcentaje representa lo que han colocado en el segmento de pymes?
El 40% de las operaciones están en segmento pymes y el resto se ha ido al segmento corporativo y empresarial. Sin embargo, tenemos como un objetivo muy claro tratar de que las operaciones tengan mayor uniformidad, que sea más equitativo el pastel. Todos requieren créditos, pero el de mayor impacto siempre será el de las más pequeñas, así ayudamos a que el mercado se dinamice. ¿Qué otros productos financieros nuevos está implementando la CFN este año?
Está ya disponible una nueva línea para financiar servicios. Antes, la actividad económica se apalancaba más en agricultura, industria, construcción, que era lo tradicional, pero el país y el mundo han redibujado las estructuras. El 40% del PIB de Ecuador corresponde a la actividad de servicios. Atender al servicio como actividad financiable debe ser de interés para el desarrollo del país. Esperamos este año otorgar por lo menos USD 20 millones en estos créditos. Gente con cafeterías que quiera ampliarse lo puede hacer, gente con restaurantes o con actividades de turismo, consultorías. Es un abanico muy amplio. ¿Cómo se ha comportado el crédito de las grandes empresas este año y cómo ha estado distribuido por sectores?
Si uno analiza el mapa de actividades que recurren a la Corporación Financiera, un 40% es de manufactura, un 20% es para el sector agropecuario, un 10% para la construcción y el 30% restante para otras actividades.
De estos sectores, el de la construcción fue uno de los más afectados con la desaceleración económica del 2016 y con la Ley de Plusvalía. ¿Cómo ve el desempeño del rubro actualmente?
En función de los créditos que hemos dado, comparando el periodo enero-julio, el crédito a la construcción creció un 26%.
Sí, se ha recuperado y hay una señal clara de que hay interés en el sector por nuevos proyectos. El 90% del monto otorgado a construcción es para proyectos nuevos y muchos en la provincia de Manabí.
El sector agrícola suele tener problemas en temas de morosidad porque está expuesto a fenómenos naturales. ¿Cómo evalúa la cartera para este sector?
En la CFN la morosidad no es tan alta en el sector agrícola, porque la mayor demanda está apalancada en commodities tradicionales que tienen más estabilidad. Pero no es tanto el sector lo que incide en la vulnerabilidad, sino el músculo financiero que tenga el negocio. A pesar de eso, la banca pública tiene que enfocarse en los sectores con mayor repercusión, donde se multiplique más el dólar que se desembolsa. Este año, para este sector creamos un nuevo producto crediticio, para producción agrícola exportable no tradicional que ha tenido regularidad en los últimos tres años.
La banca privada advierte que el crédito se va a contraer este año producto del ajuste económico del Gobierno. ¿Eso afectará también al crédito que planea entregar este ente público?
El mayor riesgo en la Corporación Financiera Nacional recae en la morosidad, en la capacidad de transformar los remates en liquidez. Si la CFN no pudiese rematar con agilidad lo que corresponda, ahí podríamos hablar de un riesgo de menos crédito, pero no es el caso ahora. Nosotros no captamos recursos de las personas, como en la banca privada, en donde el negocio va por la vía de los depósitos. Ellos prestan en función de lo que captan y si hay menos depósitos obviamente el crédito se va a reducir. Pero en nuestro caso es diferente.
Hoja de vida Formación. Estudió en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil. Es economista con mención en Finanzas, por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). En la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) estudió un posgrado en Economía y uno en Análisis de Políticas Sociales.
Experiencia. En el sector privado fundó la empresa EMS Consultores, dedicada a la consultoría en temas económicos, aduanas, entre otros. En el sector público ocupó cargos en el Servicio de Rentas Internas, Aduana del Ecuador, Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Entrevista a Juan Carlos Jácome, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Foto: Vicente Costales / LÍDERES
Petrona Tuglema y su esposo Antonio Carrillo viven en una comunidad distante de Colta, Chimborazo. Ellos se dedican a la crianza de cuyes y conejos para venderlos en los mercados de Cajabamba y Riobamba.
El negocio lo iniciaron ese mismo año, cuando obtuvieron un crédito de USD 500 para capitalizar su pequeño emprendimiento, sembrar pastos y construir cuyeras adecuadas para la crianza de esos animales, así minimizaron pérdidas y mejoraron la calidad de sus productos. Son clientes de Vision Fund desde el 2012
“Nuestra situación era muy difícil. Fuimos engañados por un coyotero y nos quedamos con una deuda altísima en el banco”, recuerda Carrillo, de 69 años.
Además, él y su esposa se quedaron a cargo de sus nietos, Bertha y Carlitos, desde que su hija falleció hace casi 10 años. La familia atravesaba por una crisis económica hasta que fueron contactados por la banca comunal de Vision Fund.
“La ayuda llegó por medio de los niños”, cuenta Petrona Tuglema. Los dos pequeños fueron patrocinados por World Vision, y el banco, que es uno de los brazos de ayuda de la ONG, les dio prioridad al recibir el crédito.
“A diferencia de la deuda que teníamos en el banco, esta fue más fácil de pagar. No nos pidieron tantos papeles y los intereses fueron muy flexibles”, dice Carrillo.
A 30 minutos de allí, en Guamote, viven José Urquizo y su familia. En el 2012, ellos también accedieron a un crédito de Vision Fund para iniciar una fábrica de quesos que se llama Muchuk Mikuy. Generan dos fuentes de trabajo adicionales a la familia y benefician indirectamente a unas 350 familias que les proveen de los 1 700 litros de leche que requieren para producir 400 quesos diarios.
La administradora e impulsora de la empresa familiar es Gladys Urquizo, de 22 años. Ella se educó patrocinada por World Vision, se graduó con las mejores calificaciones y se hizo acreedora a una beca para estudiar su carrera universitaria en la Universidad San Francisco de Quito. “Escogí estudiar auditoría porque es lo que ahora le hace falta a nuestro negocio, un manejo administrativo técnico”.
Ellos obtuvieron crédito de Vision Fund y adquirieron los equipos básicos para producir los quesos, y con los siguientes mejoraron la pequeña planta de producción que instalaron en su casa, hoy incluso cuentan con un caldero industrial, tanques de enfriamiento, y otros equipos.
José Luis Ochoa Gamboa, director de Vision Fund en Ecuador, explica que el trabajo de la entidad se enfoca en capacitar a microempresarios para un adecuado negocio. “Trabajamos en inclusión financiera, que es un tema clave en la productividad”. La entidad busca negocios con al menos seis meses en el mercado, añade Gamboa.
También pone atención en temas de salud, desarrollo productivo y empleabilidad.
En Ecuador, la mayoría de cliente está en el campo y el 65% son mujeres. En la actualidad la organización cuenta con 17 oficinas ubicadas en la Sierra y Costa ecuatoriana, a través de las cuales ha permitido atender a más de 56 000 clientes con una cartera de USD 50 millones. El trabajo del 2017 ha permitido generar impacto social en 68 000 niños y niñas.
Las operaciones de esta entidad se enfocan hoy en día en provincias del norte del país como Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Pero también llegan a Manabí, Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Los Ríos y Bolívar.
La fábrica de quesos Muchuk Mikuy está en Guamote. Foto: Gleda Giacometti / LÍDERES
Pequeñas asociaciones productivas, cooperativas de ahorro y crédito, microempresarios, agricultores, bancos comunales, transportistas, etc. La lista de actores de la economía popular y solidaria (EPS) es extensa, lo que demuestra que en el Ecuador este sector se halla en evolución, en medio de retos y desafíos.
Las cifras que maneja la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria muestran el desempeño. En el sector financiero de la EPS los activos se han duplicado entre el 2012 y este año. En cuanto al número de socios, hoy en día ya se cuentan 6,4 millones.
En el sector real también se registra una evolución favorable. Los activos, por ejemplo, han crecido hasta los 605 millones y el número de organizaciones pasó de 5 750 en el 2012 a 13 027 hasta abril de este año (ver gráfico).
El sector financiero de la EPS está integrado por las cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Allí están entidades consolidadas y fuertes desde el punto de vista económico. Por eso la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria las clasifica en cinco segmentos. Las más grandes tienen activos por más de USD 80 millones y las más pequeñas no superan el millón de dólares.
De su parte, el sector real incluye básicamente asociaciones, cooperativas de transporte, cooperativas de vivienda, de servicios y de producción. “El eje es la redistribución de riqueza y la asociación. Sus miembros son dueños y trabajadores a la vez”, explica Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria. Ambos sectores buscan mayor presencia.
Para la titular de la Superintendencia, Margarita Hernández, las entidades de la EPS hoy en día son ya actores reconocidos y validados, fruto de un trabajo de un supervisor técnico. Las grandes cooperativas, por ejemplo, están obligadas a competir con los bancos. “Tienen que usar la normativa, los procedimientos adecuar su gestión y ser dignos competidores”.
Hernández añade que en este desarrollo, las cooperativas deben respetar el derecho de los socios, cuidando el vínculo que se ha fortalecido durante años. “El único que puede permitir que la esencia se pierda es el socio”.
Jardín Azuayo es una de las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Ecuador, con activos por USD 787 millones y 427 000 socios. Su titular, Juan Carlos Urgilés, destaca que la EPS es una realidad, un sistema económico alterno que convive con el sistema privado. Además, cree que se trata de un instrumento poderoso para incluir social y económicamente a las personas.
Pero también hay debilidades. “Le falta una estructura que permita aprovechar todo el valor que genera. Ese valor extra se pierde, se diluye porque no se integran las cadenas productivas”. Otro punto flaco es la comprensión teórica y práctica sobre el tema. “Es necesario formar a personas con esas competencias, pero es complicado”, dice Urgilés.
El vocero de Jardín Azuayo también advierte que el rápido crecimiento puede ser contraproducente, si no se lo sabe gestionar de manera técnica. Abrir una nueva oficina no es tan sencillo, dice, porque se requiere capacitar personal. “En nuestro caso recibimos 3 600 nuevos socios cada mes, pero la formación solo llega a cerca de 4 000 al año. Es un problema de política pública que puede solucionarse con una metodología adecuada”.
La vocera de la Superintendencia cree que ya es hora de dar mayor visibilidad a la actividad de los actores de la EPS. “El trabajo de regulación y control es el preámbulo para atar al sector financiero con el sector real de la economía popular y solidara”. Una de las acciones planificadas, explica Hernández, es aprovechar la ley económica urgente que está en la Asamblea y dejar claro el peso que tiene la EPS. “Hoy, la salud de la economía popular y solidaria es buena, pero puede ser mejor”.
13 407 organizaciones, en el sector real
Dentro del sector real de la economía popular y solidaria se contaban, hasta el 30 de abril pasado, 13 407 organizaciones. El segmento de producción es el que más abarca con el 53% del total.
Luego están las de servicios (26%), transporte (14%) y vivienda, pesca, consumo y minería, con el 7% restante. Estas organizaciones se reparten, principalmente, en Tungurahua, Chimborazo, Cañar, El Oro y Loja, según un mapa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Las asociaciones están categorizadas por su capacidad de entrega de productos a supermercados, estandarización de procesos, manejo de finanzas y crédito. 45 asociaciones están registradas en Pastaza, 85 en Tungurahua, 86 en Chimborazo y 75 en Cotopaxi, dice el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).
Diego Hidalgo es socio de la Asociación de Confecciones Hidalgo Hermanos de la parroquia Huambaló, en Tungurahua. Junto con sus ocho hermanos, dos cuñados y padres formó la empresa de confección de ropa en tela jean y deportiva en el 2015. Sus productos son parte del catálogo digital del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Hidalgo explica que recibió, de parte del IEPS, asesoramiento técnico y seguimiento durante un año para aprender y evitar desacuerdos entre socios. Luego “no hubo un seguimiento o acompañamiento para saber si estamos haciendo bien las cosas. Nos ofrecieron crédito y maquinaria para la empresa pero no las hubo”.
Otra asociación es Maki Ruray Kuna. 11 mujeres son las encargadas de elaborar, comercializar y promocionar artesanías elaboradas a base de cáscara de naranja. Inés López es la representante legal y la encargada de gestionar la ayuda del IEPS. La asociación recibió capacitación, asesoramiento técnico y emprendimiento.
López explica que las debilidades están en temas como exportaciones, licencias de envíos, asesoramiento para créditos y mejoramiento del producto artesanal. “No contamos con un diseñador artesanal que nos explique la iconografía del país”.
Maki Ruray Kuna busca participar en la VI Feria de Artesanías del Mercosur que se realizará en Puerto Iguazú, Argentina, en octubre del 2018. Para eso necesitan crédito. “Nos indicaron de un asesor de Riobamba para realizar el préstamo en Ambato, pero todavía no tenemos respuesta”, se lamenta.
Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario, resalta que la EPS ha experimentado un período de fortalecimiento desde el 2011, cuando se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y posteriormente, cuando se creó la Superintendencia, en el 2012.
Según Guerra, el crecimiento de la cooperativa ecuatoriana es necesario y debe darse como respuesta a los cambios de la sociedad, por ejemplo, en el ámbito tecnológico y de facilidades para los socios. El cambio, no obstante, debe darse sin que las entidades pierdan su esencia, añade.
Lucía Calderón, presidenta de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de la Economía Popular y Solidaria, piensa distinto. “Sentimos que la economía popular y solidaria no es una prioridad mayor en temas como la contratación o compra pública, por ejemplo. Entonces, eso frena de cierto modo la actividad de los actores del sector real. Lo bueno es que estamos agremiados”.
La Asociación de Confecciones Hidalgo Hermanos opera en la parroquia Huambaló, en Tungurahua. Es parte de la economía popular y solidaria. Foto: Glenda Giacometti / LÍDERES
En el país no hay mayor distinción en los préstamos que dan las cooperativas, si se toma en cuenta el segmento en el que están. Sí podrían diferenciarse por montos, es decir, por su estructura financiera las entidades más grandes pudieran ofrecer créditos más altos, aunque no es la regla.
Así lo indica Édgar Peñaherrera, gerente general de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), la realidad de la entrega de préstamos por parte de cooperativas en Ecuador.
En el país, de acuerdo con datos de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur, estas entidades cubren a 200 cantones en todo el país. En ciertos sectores se trata del único eje de intermediación financiera; de hecho, la tasa de ruralidad supera el 75%.
La cartera que manejó el sector cooperativo, hasta febrero del 2018, fue de USD 8 680 millones. Las operaciones de crédito superan las 1,4 millones.
En 2017, la entrega de créditos creció en 21,72% en montos, en relación con el año anterior. “El sector cooperativo, a pesar de la situación económica del país, siempre ha estado consciente de la necesidad de recursos que tienen nuestros socios. En esa dinámica no hemos dejado de colocar préstamos”, indica Juan Pablo Guerra, presidente de Ucacsur.
El crédito de consumo representa el 51,4% de toda la cartera de crédito de las cooperativas; los microcréditos tienen el 37%; el inmobiliario es el 8,9%; y el comercial y educativo está por debajo del 2,7% de la cartera.
En la Cooperativa Atuntaqui, por ejemplo, se concentran en ofrecer microcréditos de consumo y de vivienda. Su mercado se concentra en Imbabura, aunque tiene tres oficinas en Pichincha.
En el caso de los microcréditos, entrega hasta USD 40 000 con un plazo de hasta 60 meses; los de consumo en ese mismo monto y plazo, mientras que los hipotecarios incluyen desembolsos de que llegan a USD 100 000 con un plazo de hasta 10 años.
Ciertas cooperativas, dentro del área de microcrédito, tienen subproductos que pueden estar destinados a la compra de autos, maquinaria, entre otros. Eso lo maneja cada institución.
La Cooperativa 29 de Octubre tiene tres tipos de microcréditos, cuyos montos mínimos y máximos difieren. En el destinado para minoristas, por ejemplo, lo menos que se puede solicitar son USD 100 y el máximo 1 000, con un plazo de hasta 48 meses.
También ofrece créditos de consumo, comercial y de vivienda.
Los primeros tienen montos máximos de desembolso de hasta el 60% y el 80% del sueldo, según el caso; los segundos están destinados a pequeñas y medianas empresas, para capital de trabajo, financiamiento de pasivos y activos fijos; mientras que los hipotecarios son para adquisición, construcción y reparación de vivienda, así como para compra de terreno para construir una casa, con un plazo máximo de hasta 15 años.
Según Icored, los montos crediticios en las cooperativas son dispersos y no se puede establecer un promedio porque existen entidades en zonas rurales en las que los socios no requieren de montos altos, mientras que en las grandes ciudades la tendencia es siempre a solicitar volúmenes mayores. “En las socias de Icored el promedio en microcrédito bordea USD 5 000”, dice Peñaherrera.
Las cooperativas, explica, hacen esfuerzos por contribuir a incrementar la inclusión financiera, “por ello las personas de escasos recursos económicos han encontrado en ellas una posibilidad de acceder a los servicios financieros, en ahorro y crédito; buscando generar un emprendimiento para garantizar su sustento”.
Microempresario es sinónimo de esfuerzo y trabajo
Agricultores, comerciantes, emprendedores, amas de casa y otros encarnan al microempresario ecuatoriano.
A este actor de la economía ecuatoriana es fácil encontrarlo en mercados, así como en centros comerciales o en tiendas de barrio. También están en el campo o en pequeños locales establecidos en garajes de casas y desde hace pocos años en las redes sociales.
La agricultura, la ganadería y la pesca son las principales actividades en las que están los microempresarios. Los datos de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo señalan que en esas tareas se cuentan alrededor de 1,6 millones de personas.
Luego está el comercio con unos 893 000 microempresarios y más atrás destaca el sector de la construcción con 395 000, según los datos de la RFD que tienen corte en diciembre del 2017.
En total, el país tenía hasta el mes señalado 4,1 millones de microempresarios, lo que representa el 51% de la población económicamente activa. Otros datos de la RFD señalan que 6 de cada 10 microempresarios tienen menos de 45 años y que el 60% son hombres y el 40%, mujeres.
Un ejemplo es Lourdes Zapata. Esta mujer renunció a su trabajo y hace dos años montó su emprendimiento: Polifoamflex, en donde elabora almohadas según los requerimientos de los clientes.
En su taller ubicado en el sector de La Argelia, en el sur de Quito, Zapata realiza las mezclas de materias primas, que son importadas desde Estados Unidos; las coloca sobre moldes especiales, fabricados especialmente para estos productos. En el proceso de fabricación de las almohadas colaboran ocho personas. El área de trabajo tiene 50 metros cuadrados.
Zapata es una microempresaria con un trabajo que puede calificarse como estable. Pero no todos los microempresarios generan más de un empleo.
Wilson Araque, director del Observatorio, dice que entre los microempresarios hay dos grupos: el primero está integrado por personas que de manera individual desarrollaron un pequeño negocio. El segundo grupo es el de pequeños comerciantes o productores que deciden asociarse o crear cooperativas para mejorar sus posibilidades de éxito.
Araque advierte que en el primer grupo muchas veces están microempresas que incorporan una o dos personas, que por lo general son familiares y no siempre son remunerados. “Estos negocios ofrecen productos baratos porque dentro del costo no incorporan la mano de obra”.
Según Araque, el no valorar a esos factores tiene un efecto: los precios de sus productos son muy bajos. “La ganancia es mínima, se convierten en negocios de subsistencia y no crecen”.
En el grupo de los que deciden asociarse, las posibilidades de crecer son mayores, aseguran los expertos. El Consorcio de Lácteos Tungurahua (Conlac-T) está integrado por cinco asociaciones localizadas en Pilahuín, Quero, Baños y Pelileo. Las queseras procesan 2 500 litros diarios para producir 1 500 quesos que es el valor agregado. Fanny Masabanda, gerente del Consorcio, explica que al menos 25 000 litros se venden a grandes industrias.
El financiamiento también incide. Adriana Amaya, profesora de emprendimiento e innovación de Espae-Espol, señala que en el 2016, un 45% de los encuestados por el estudio Global Entrepreneurship Monitor acudieron al sistema bancario.
Por lo contrario, el uso de inversionistas informales se incrementó en el 2016 al 33% subiendo tres puntos porcentajes con relación al 2015. “Los recursos propios representan la principal fuente de financiamiento: el 99%”.
La billetera móvil es el proyecto bandera este año
La billetera móvil será el nuevo servicio tecnológico, que ofrecerán las cooperativas de ahorro y crédito en el país. Este aplicativo será lanzado hasta mediados del 2018 y está a cargo de la Red Transaccional Cooperativa Conecta.
El proyecto empezó a mediados del año pasado. Hasta la actualidad, 25 instituciones financieras del sector cooperativo han firmado la carta de intención para ser parte de este nuevo servicio.
Según el vicepresidente de la Red Conecta, Ramiro Baldeón, no se trata de un servicio relacionado con el dinero electrónico, sino de un aplicativo en el cual el teléfono móvil estará atado a una cuenta de ahorros o corriente.
Mediante esta alternativa el usuario podrá efectuar transacciones y estará interconectado con la red Conecta (cooperativas de ahorro y crédito) y la red bancaria.
Baldeón dice que desde el ámbito técnico estarán listos desde el próximo mes, pero es necesario esperar por los temas normativos. Por ello, considera que funcionarán antes de finalizar el primer semestre de este año.
La intención es que 72 cooperativas del país, entre grandes, medianas y pequeñas, sean parte del proyecto. Es decir, las mismas que están conectadas a la red de cajeros automáticos de Conecta.
“Hay que esperar un tiempo para que cada institución se vaya sumando al servicio”. La billetera móvil, explica Baldeón, permitirá realizar débitos, cobranzas, transferencias… Es decir, los locales comerciales no necesitarán contar con un aparato para hacerlo como ocurre con las tarjetas de débito.
Conecta es la administradora de la red de cajeros automáticos y tarjetas de débito de 72 cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas. “Proveemos este servicio que a la vez se interconecta con la red nacional bancaria. Con ello, los socios de estas cooperativas tienen acceso a la totalidad de cajeros automáticos del país”.
Además, ofrecen una red de compras para que los socios de estas entidades accedan a 19 000 puntos de venta en el Ecuador. Baldeón señala que con las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen otros servicios tecnológicos como las transferencias de remesas desde el exterior.
Además, cuentan con una ventanilla móvil que es utilizada por los operarios de las cooperativas, que van, por ejemplo, a los mercados para recibir ahorros o recaudar el pago de créditos.
Con esta herramienta tecnológica, dice Baldeón, no hace falta desplazarse a las instituciones financieras, sino que se recauda directamente. A través del teléfono móvil se pueden registrar los depósitos y el funcionario de la cooperativa cuenta con una impresora, que se conecta a través Bluetooth para entregar el recibo.
Baldeón señala que el propósito del sector cooperativo es generar la inclusión financiera para que cada vez más personas puedan transar en estas instituciones y dejen de lado la informalidad. “En estos objetivos, la tecnología es una herramienta importante”.
Él dice que la tecnología tiene una gran dispersión entre las diferentes cooperativas y esa diferencia es evidente entre las instituciones grandes y las muy pequeñas. Baldeón añade que Conecta ofrece tecnología de primer nivel en medios de pago y “estamos bastante equiparados al sistema financiero”.
Otros detalles Los controles internos. Según Ramiro Baldeón, de la Red Conecta, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es estricta en el cumplimiento de estándares tecnológicos de seguridad. Por ello, una de las funciones de Conecta es incentivar a las instituciones cumplan con esas exigencias.
Las aplicaciones. Las cooperativas como JEP, CREA, Alfonso Jaramillo, Cámara de Comercio de Ambato, entre otras, cuentan con aplicaciones para consultar saldos, efectuar transacciones…
Foto: Diego Pallero / LÍDERES
La Cooperativa Atuntaqui tiene tres oficinas en Quito. Una imagen de una de ellas, en el sector de El Ejido.
El Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) contribuirá con un crédito blando de USD 45 millones a la financiación de un proyecto de desarrollo de la energía solar en Cuba, informó la Cancillería de la isla el jueves, 1 de marzo del 2018.
Representantes de Cuba y el Fondo de la OPEP firmaron en Viena un acuerdo de préstamo para contribuir a la modernización y diversificación de la matriz energética cubana, mediante el incremento de la capacidad instalada de fuentes de energía renovables como la energía solar.
El proyecto permitirá aumentar la generación de electricidad y optimizar el sistema eléctrico del país caribeño mediante el uso de sistemas domésticos fotovoltaicos y calentadores solares de agua para uso industrial y doméstico, según explicó el director general de la OFID, Suleiman Jasir Al-Herbish, firmante del acuerdo.
Por su parte, la encargada de negocios interina de la Embajada cubana en Austria, Marieta García, valoró el apoyo y la cooperación recibidos de la OFID durante dos décadas, citada por Cubaminrex, el sitio oficial de la Cancillería de la isla.
La diplomática refirió que en ese periodo se han adoptado 13 acuerdos de préstamo para proyectos de impacto económico-social en los sectores de la agricultura, la rehabilitación de redes eléctricas y de los sistemas de acueducto y alcantarillado y las energías renovables, en varias provincias de Cuba.
Ambas partes manifestaron su «satisfacción» por la «estrecha cooperación» existente entre Cuba y OFID, que comprende también donativos destinados a paliar los daños ocasionados por fuertes huracanes a la isla y para apoyar el trabajo de las misiones médicas cubanas que combatieron la epidemia del Ébola en África.
El Gobierno cubano ha puesto en marcha un programa con el fin de cambiar su matriz energética, de forma que para 2030 el 24 % de la energía de la isla (alrededor de 2.300 megavatios) provenga de fuentes renovables, fundamentalmente de centrales bioeléctricas y parques solares y eólicos.
Entre los proyectos para reforzar el cambio de matriz figuran además la instalación de calentadores solares, la puesta en marcha de módulos solares fotovoltaicos, la sustitución de millones de bombillas tradicionales por luces LED, la venta de cocinas de inducción y el bombeo de agua con energía solar en la agricultura.
El objetivo es ahorrar petróleo para reducir la dependencia energética de ese combustible fósil que la isla recibe principalmente de Venezuela a precios subsidiados mediante un acuerdo de cooperación firmado por los dos países en 2003.
Se estima que en los últimos dos años el suministro de crudo venezolano se ha reducido a unos 55.000 barriles diarios, alrededor de la mitad de sus mejores momentos, debido a la crisis económica en el país suramericano y la caída de los precios del petróleo.
En este momento, según datos oficiales difundidos en diciembre de 2017, las energías renovables aportan 87,5 megavatios al sistema eléctrico nacional, aunque para este año se espera que alcancen los 283.
Ambas partes manifestaron su «satisfacción» por la «estrecha cooperación» existente entre Cuba y OFID. Foto: Twitter Cancillería Cuba
Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) es la primera cooperativa de ahorro y crédito del Ecuador autorizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para emitir y operar tarjetas de crédito.
Una vez que fue notificada esta entidad financiera azuaya, que el próximo 31 de diciembre cumplirá 45 años, ya entrega las tarjetas internacionales Visa y Mastercard. Son tres presentaciones. La primera es la denominada Clásica, que tiene un cupo límite de hasta USD 1 000. La Oro con cupo hasta USD 4 000 o 5 000 y la Signature hasta 20 000.
El gerente general de la JEP, Floresmilo Alvear, aclara que el monto depende de la situación económica de cada socio de la cooperativa de ahorro y crédito.
Esta tarjeta es entregada de forma exclusiva a los socios de la institución, que en total suman más de 650 000, quienes están en las provincias de Azuay, Morona Santiago, Los Ríos, Loja, Pichincha, Santa Elena, entre otras. La matriz está ubicada en el centro de la capital azuaya; además la entidad tiene 42 agencias.
Alvear dice que existe un importante porcentaje de socios que no ha podido acceder a tarjetas de crédito emitidas por otras instituciones financieras. Por ello, agrega, hay un buen nicho de mercado que está demandando las tarjetas.
Por lo general, explica, son pequeños comerciantes, micro-empresarios, emprendedores o empleados públicos y privados. “Hemos tenido un pedido permanente por parte de los socios… Los cupos serán acomodados a su capacidad de pago”.
Las primeras tarjetas ya fueron entregadas luego que recibieron la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el pasado 27 de octubre.
Los ejecutivos de la JEP tienen previsto entregar unas 20 000 tarjetas de crédito hasta finales de este año. Alvear indica que, en la actualidad, se realizan los ajustes logísticos para entregar de forma masiva. Hay varias alternativas con entregas directas en las oficinas o domicilios o entrega a través de los couriers.
La meta de emisión para el 2017 aún no está definida y se fijará en el plan operativo y estratégico de la institución, que está en análisis, señala Alvear. “Ya se realizaron pruebas en el país y en el extranjero y no han existido inconvenientes en las transacciones”.
Según el director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, este nuevo servicio demuestra el desarrollo del sector, que empezó tras la crisis económica de 1999, pero también implica un desafío porque representa un referente para el sector cooperativo. De acuerdo con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con esta autorización se beneficia a un gran número de socios del Azuay y del país, “para quienes hasta hace poco no era posible tener una tarjeta de crédito, lo cual, sin duda dinamizará la economía de microemprendedores y emprendedores…”.
Juventud Ecuatoriana Progresista Esta cooperativa prevé entregar 20 000 tarjetas este año.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, entregó un crédito por USD 55 millones a Banco Pichincha. El objetivo de estos recursos es reforzar el apoyo a pequeñas y medianas empresas dirigidas en especial por mujeres.
El préstamo está conformado por USD 20 millones de IFC y USD 15 millones del Fondo de Deuda para Mujeres Empresarias, un fondo de inversión privada gestionado por IFC Asset Management Company. El fondo es parte del Mecanismo de Oportunidades para Mujeres Empresarias de la iniciativa 10 000 Mujeres de Goldman Sachs e IFC, una alianza dedicada a ampliar el acceso de las mujeres empresarias al financiamiento.
Según un comunicado, este mecanismo puesto en marcha en 2014 tiene dos objetivos: ayudar a reducir una brecha de crédito a nivel mundial estimada en USD 285 000 millones que sufren las pymes que pertenecen a mujeres; y permitir que 100 000 mujeres empresarias hagan crecer sus negocios. Los USD 20 millones restantes fueron aportados por Finance in Motion, una empresa de inversiones de Alemania.
Banco Pichincha utilizará el nuevo financiamiento para aumentar en alrededor de un 50% sus préstamos a pymes de Ecuador en un momento en que el país se recupera del terremoto sufrido en abril. El banco tiene previsto ampliar su alcance en los próximos tres años y llegar a unas 2 500 pymes de mujeres con los nuevos recursos.
“Banco Pichincha ha podido comprobar que invertir en pymes de mujeres conduce al crecimiento económico y la creación de empleo en Ecuador”, dijo María Belén Sánchez, gerente de productos de la entidad. “Al asociarnos con IFC, estamos haciendo frente al obstáculo con el que se encuentran cuando necesitan obtener financiamiento”.
De acuerdo con estudios realizados por la base de datos de IFC y McKinsey sobre el déficit de financiamiento empresarial, casi un 37 % de las pymes formales pertenece a mujeres; de ese grupo, el 71 % son empresas subatendidas o desatendidas. Se estima que la deficiencia de crédito en las pymes formales de propiedad de mujeres en Ecuador asciende a USD 3000 millones por año.
Paula Castillo, de Galería Ecuador, cuenta que para comenzar su negocio familiar accedió con facilidad a un crédito en la banca, hace siete años. Pero ahora por la situación económica del país prefiere no contraer un nuevo crédito. De todas maneras señala que este tipo de fondos como el de IFC siempre son buenas noticias para las pymes.
“En el caso de Galería Ecuador estos créditos pueden funcionar para algunas de nuestras proveedores”, dice Castillo. Galería Ecuador trabaja con cerca de 300 proveedores y de esa cifra cerca de la mitad son pequeñas empresarias.
Paula Castillo es la socia y administradora de Galería Ecuador, que concentra a productores de todo el país. Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
La red de cajeros automáticos de La Habana aceptan desde el 27 de junio las tarjetas MasterCard para retirar efectivo, incluidas las del Stonegate Bank, el primero de Estados Unidos autorizado para dar ese servicio en la isla, y el Banco Popular de Puerto Rico, según informó el Banco Central de Cuba.
La vicepresidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Irma Margarita Martínez, confirmó que ya están operativas las tarjetas MasterCard junto a las de Visa, que desde antes funcionaban en la isla, durante la primera Conferencia sobre Transferencias Monetarias Internacionales, inaugurada hoy en La Habana.
«Esa posibilidad se inicia a partir de que se han solucionado los aspectos financieros y legales que estaban pendientes y gracias al accionar de las entidades cubanas encargadas del procesamiento de MasterCard y del proveedor externo que nos facilita tramitar sus operaciones», explicó un comunicado del Banco Central de Cuba entregado a la prensa. La entidad bancaria cubana indicó que este servicio, que en principio se presta solo en La Habana, «se irá ampliando a todo el país» en el futuro.
Asimismo ratificó su disposición a «continuar ampliando las tarjetas emitidas por bancos de EE.UU. que así nos lo soliciten».
«Estamos abiertos a cualquier acercamiento pero eso depende de que este interesada la banca norteamericana», señaló la vicepresidenta del BCC en declaraciones a periodistas.
Recordó que actualmente las transferencias bancarias desde EE.UU. a Cuba todavía se realizan a través de terceros países, debido a las restricciones del bloqueo económico, financiero y comercial que aplica el Gobierno de Washington a la isla.
En ese sentido, explicó que para hacerlas directas «requeriríamos de que nuestras instituciones bancarias pudieran tener cuentas abiertas en bancos norteamericanos y eso todavía no es posible por las regulaciones del bloqueo».
Hasta ahora, el primer banco de EE.UU. con una relación comercial con un banco de Cuba (el Banco Internacional de Comercio, desde julio de 2015) y el único de ese país que emite tarjetas de débito para ser utilizadas en la isla es el Stonegate, con base en la Florida.
La manager del Stonegate Bank, Tania Fernández, precisó que desde mediados de este mes, cuando se anunció la puesta en marcha de la tarjeta, se han emitido unas 500 habilitada por cubanos que vienen a visitar a su familia a la isla y representantes de compañías que hacen negocios con Cuba.
Adelantó que van a emitir una edición limitada de 1 000 tarjetas MasterCard para personas que las quieran usar en Cuba.
Cuba tiene unos 10 000 puntos de venta, mayormente hoteles, restaurantes, tiendas y para renta de autos en que Fernández dio que participa en la conferencia de IMTC para compartir la experiencia que tiene su entidad de trabajar con Cuba, tras los cambios que se han producido en el último año, después del deshielo diplomático entre Cuba y EE.UU., y así dar un poco más de confianza a otras entidades que están comenzando su proceso de hacer negocios con el país caribeño.
La Conferencia organizada por la International Money Transfer Compliance (IMTC) y el BCC reúne en la capital cubana hasta el próximo miércoles a unos 80 participantes, principalmente de EE.UU., y también de México, El Salvador, Panamá, Uruguay, Argentina, Brasil, Portugal, España, Inglaterra, Canadá, Polonia.
El director de IMTC y de Mohr World Consulting, una consultoría con sede en Florida, Hugo Cuevas Mohr, resaltó que las remesas son «muy importantes» para Cuba en el actual proceso de «actualización» de su sistema económico, y manifestó su «optimismo» por la celebración de esta primera reunión que buscará mejorar las vías para el flujo de remesas a la isla.
Según la entidad estadounidense Habana Consulting Group, el aumento de las remesas ha convertido a Cuba en el mercado de crecimiento más dinámico de Iberoamérica, con un récord de USD 3 354 millones en 2015.
La manager del Stonegate Bank, Tania Fernández, responde a preguntas de periodistas durante la primera Conferencia sobre Transferencias Monetarias Internacionales, en La Habana. Foto: EFE
La Corporación Financiera Internacional (IFC), que forma parte del Banco Mundial, otorgó un crédito por USD 30 millones con la Corporación GPF de Ecuador, propietaria de las marcas Fybeca, SanaSana, OkiDoki, Provefarma y Abefarm.
Al mediodía de este 16 de junio del 2016, en las instalaciones de la empresa ecuatoriana, en el Valle de los Chillos, en el oriente de Quito, las partes firmaron el convenio de préstamo, que servirá para el nuevo Centro de Logística Avanzada (CLA), el cual estará listo en julio de este 2016. Este centro logístico se levantó en un área cubierta de 12 700 metros cuadrados y tiene capacidad para atender 220 000 pedidos diarios y almacenar más de 7 000 pallets.
Los directivos de Corporación GPF sostienen que con esta nueva inversión se mejorará la eficiencia del servicio al cliente, optimizando la disponibilidad de stock en todos sus puntos de venta a nivel nacional. De igual manera la relación con los proveedores será más eficiente y personalizada. Luis Enrique Coloma, presidente Ejecutivo de Corporación GPF, contó: “el criterio de selección de la IFC ha sido extremadamente riguroso y estamos satisfechos porque hemos pasado con éxito por una revisión minuciosa de nuestros estándares societarios, financieros, ambientales y de recursos humanos”.
Por su parte, Martin Spicer, director Regional de IFC para Manufactura, Agroindustria y Servicios en América Latina, destacó el hecho de que el préstamo a largo plazo sirve de apoyo a uno de los más grandes empleadores en el Ecuador, en un momento en que Ecuador se está recuperando de un terremoto. “Nos satisface mucho apoyar a una compañía que tiene un excelente historial en la distribución de productos sanitarios de alta calidad en todas las regiones del Ecuador”.
Luis Enrique Coloma, Presidente Ejecutivo de GPF; Gina Villamar, Presidenta del Directorio de GPF y Martin Spicer, director Regional de IFC para Manufactura, Agroindustria y Servicios en América Latina’. Foto Cortesía
