Pedro Maldonado. Redacción Quito / LÍDERES
En los últimos cinco años, Ecuador cambió de acreedores: pasó de los multilaterales a China, la segunda economía del planeta.
Las autoridades nacionales hablan de unos USD 4 000 millones como monto que el país tiene en calidad de deuda en la actualidad con el gigante asiático. Sin embargo, no existen mayores detalles sobre las condiciones de pago.
La brasileña Lucia Fattorelli, coordinadora de Auditoría Ciudadana, participó la semana anterior en un evento de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en Quito. En un diálogo con LÍDERES habla sobre los procesos de auditoría de deuda y explica cómo la ciudadanía puede organizarse para exigir información sobre las condiciones de endeudamiento que cumple un país ante sus acreedores.
¿Qué tan frecuente es auditar la deuda que tiene un país ante sus acreedores?
Desafortunadamente no ha sido una costumbre. Lo que hizo Ecuador, con la iniciativa de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), fue casi inédito. Una de las primeras auditorías fue en Brasil, en 1931, con el presidente Getúlio Vargas; él tenía una serie de proyectos sociales, pero no había recursos y tenía exigencias para firmar pagos de deuda. Los contratos no estaban disponibles ni para el Presidente y eso dio paso a una investigación que mostró que solo el 40% de la deuda estaba documentada en contratos.
¿Qué lecciones dejó ese proceso?
Lo ocurrido en Brasil dejó ver que el endeudamiento se utilizó a la inversa. La deuda ha sido utilizada como mecanismo de dominación y no debe ser así. En economía, el endeudamiento debe ser una fuente de recursos para el Estado y debe ser discutido abiertamente con la población que, al fin y al cabo, paga con sus impuestos y con los recortes sociales que son hechos para el pago de deuda.
Lo que hizo Ecuador es un punto relevante…
Hubo iniciativas como Auditoría Ciudadana, en Brasil, pero lo que hizo el Gobierno ecuatoriano, creando una comisión, con voluntad política de considerar el informe de la comisión, fue impresionante. Esta acción permite acceder a datos, documentos y garantiza la transparencia de las operaciones y de las negociaciones; abre los ojos de la población y de los gobernantes.
Usted habla de voluntad política. ¿Qué más se necesita para llevar a cabo una auditoría?
En general, es difícil conformar un equipo, se necesita gente especializada e involucrar a expertos para definir los impactos y contar con análisis jurídicos, con indicadores sociales, análisis político… en el proceso de endeudamiento.
¿Las auditorías pueden nacer de un gobierno, pero también desde lo ciudadano?
Sí puede. En Brasil empezamos una investigación parlamentaria, no una auditoría. Duró pocos meses, pero no fue suficiente, sacamos un informe de casi 1 000 hojas y el proceso está en la Fiscalía.
¿Cómo pueden los ciudadanos iniciar un proceso de auditoría?
En Brasil, por ejemplo, se organizaron sindicatos, asociaciones de trabajadores, movimientos, sociales con gente que trabaja por servicios de educación y salud. Organizamos los grupos para estudiar el endeudamiento y conformamos una asociación para ser un espacio de reunión de interesados en debatir la deuda. Este proceso tiene más de 10 años.
¿Qué resultados se han logrado?
El principal resultado ha sido la concientización de la gente. Al principio, al tocar el tema de deuda, había una resistencia, como si la deuda ya no fuera un problema. Esto pasa porque las instituciones públicas poco hablan y cuando hablan las cifras no son totales.
Así que generar conocimiento, que a veces es difícil de medir, es importante y se refleja en las recientes manifestaciones populares en las que millones de brasileños salieron a las calles.
En Ecuador ocurre que antes la deuda externa era con los organismos internacionales. Ahora la deuda, en buena parte, es con China. Y sobre ese endeudamiento no hay mayor información. ¿Qué se puede esperar o hacer?
La Constitución del Ecuador garantiza acceso a la información. Creo que es un tema de organización social, para acceder a los documentos que se requieran. Si un préstamo tiene condiciones positivas para el país, no puede ser considerado malo. Pero de cualquier manera la sociedad civil debe ser consultada e informada. La sociedad paga esos recursos y se beneficia de ellos.
Sin embargo, las autoridades ecuatorianas informan a cuentagotas sobre los términos acordados en los créditos con China…
Se puede organizar una auditoría ciudadana y pedir acceso a los documentos y verificar. Es muy importante que la sociedad participe en el proceso.
Lo que hizo el Gobierno con el CAIC fue auditar la deuda adquirida en administraciones pasadas, pero cuando se quiere saber la deuda detallada adquirida en este Gobierno se presenta el problema de la poca información.
La Constitución prevé la auditoría ciudadana. Es un tema de organizarse entre los ciudadanos y verificar si la información está o no disponible en los sitios web del Gobierno.
¿Qué sucede cuando el prestamista es un Gobierno?
En una deuda bilateral allí también hay que verificar si hay cláusulas abusivas, si hay préstamos vinculados, si se siguen las reglas para que un Gobierno elija la mejor opción de inversión y otras cláusulas.
¿A quién le corresponde verificar eso?
A las autoridades financieras que firman, a la Contraloría y Fiscalía, que acompañan y emiten informes para los créditos. Muchas veces las presiones y la falta de transparencia, como ocurría en décadas anteriores, hacían que los informes llegaran listos solo para ser firmados. Por eso la iniciativa ciudadana de mostrar lo que ocurre impide que las negociaciones abusivas sigan ocurriendo. La gente debe tener coraje, participar y cuestionar.
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Su relación con grupos sociales
Cargo actual. Es Coordinadora Nacional de Auditoría Ciudadana, con sede en Brasil.
Su actividad. Participa con frecuencia en foros internacionales sobre la deuda externa.
En Brasil. Está vinculada con movimientos sociales de su país.
