Una vez llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), resulta indispensable debatir sobre las sugerencias y condiciones que plantea el organismo internacional en materia de impuestos y ordenamiento de las finanzas públicas.
Como antecedente, es necesario entender que la estructura de impuestos en el país es de por sí compleja, no solamente por los impuestos directos que se deben pagar, sino también por la cantidad de impuestos indirectos que se deben añadir y que merman de manera directa en el resultado y en los beneficios para el inversionista. En este sentido, la carga tributaria y los beneficios que se reciben por el pago de impuestos resultan ser poco atractivos para la inversión extranjera a pesar de estar dolarizados y sin riesgo cambiario.
Por ello, y aprovechando de la apertura con el FMI, el Gobierno nacional debería buscar una simplificación en los impuestos. Es decir, reducir el número de impuestos al que está sometido el sector productivo ecuatoriano y mantener solamente aquellos que representan un ingreso significativo para el Estado.
Esteban Ortiz Mena, intendente de Compañías de Quito, explica cómo las Normas ecuatorianas de Buen Gobierno Corporativo apuntalan el desempeño empresarial, minimizan el riesgo para el inversionista y pueden contribuir a evitar actos de corrupción
El mercado de valores está en el ojo de las críticas, porque a raíz de inversiones efectuadas por Isspol se habla de estafas, inversiones sin respaldo y hasta operaciones ilegales. ¿Qué lectura se puede hacer sobre este momento del mercado bursátil?
Es un momento delicado. Sin embargo, son hechos puntuales que se deben aclarar y no se puede estigmatizar al sector bursátil. El mercado de valores es esencial en la economía de los países y es un aliado fundamental de los inversionistas de buena fe, que lo utilizan para fines adecuados. Es un pilar más del mercado de capitales y, como tal, debe ser desarrollado.
Agentes económicos creen que ante esta situación se deben impulsar reformas en el mercado de valores. ¿Qué reformas debieran aplicarse?
Sin duda. Es sumamente necesario. Como Superintendencia planteamos y entregamos a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en noviembre del 2018, un proyecto de Ley de Fortalecimiento al Mercado de Valores que, lamentablemente, no ha tenido impulso. No sabemos qué pasó; sin embargo el proyecto está ahí y se lo puede retomar para beneficio del mercado de valores.
Un aspecto que surge por este caso es la necesidad de promover la transparencia corporativa. Ese principio se recoge en las recientemente aprobadas Normas de Buen Gobierno Corporativo. ¿Cómo llevarlas a la práctica?
Entre varios aspectos, las normas de gobierno corporativo, elaboradas por un equipo técnico de la Superintendencia de Compañías, determinan que la transparencia es un pilar de un adecuado régimen de conducción y monitoreo empresarial. La intención de las normas es empoderar a los socios o accionistas para que estos, sobre la base de toda la información relevante a la que tuvieren acceso, puedan tomar decisiones informadas.
¿Cómo estas normas permiten dar seguridad al inversionista y al empresario? Las normas buscan establecer un adecuado sistema de control y dirección de las compañías a través de la profesionalización de la administración. El corazón del gobierno corporativo está en los administradores. En este contexto, entre otras cosas, las normas reconocen los deberes fiduciarios de lealtad y debida diligencia de los administradores. Estos deberes responden a estándares internacionales que buscan asegurar que ellos desempeñen, de manera diligente y de buena fe, sus funciones en el mejor interés de lacompañía, para asegurar su perdurabilidad operacional. La transparencia juega un papel fundamental para estos fines.
Las normas permiten al sector empresarial trabajar, autorregularse y prepararse para evitar que ciertas malas prácticas se susciten. ¿Cuáles malas prácticas se corrigen? Las normas tienen dos objetivos esenciales. Mitigar los problemas de agencia que existen en el ámbito societario del Ecuador, y combatir prácticas de corrupción empresarial. Considerando el patrón de concentración de capital, propio del sistema societario ecuatoriano e iberoamericano, las normas buscan mitigar los problemas de agencia que existen entre los asociados controladores y los no controladores; y entre los socios con la administración. Para resumir, existe un problema de agencia cuando el bienestar y la propiedad de una persona dependen de actuaciones de terceros. En ese contexto, el derecho societario debe asegurarse que los agentes, que tienen gran influencia sobre el bienestar de terceros actúen en procura de los intereses de sus principales, en lugar de buscar su propio beneficio. Las normas buscan reducir tanto el riesgo de expropiación de los accionistas minoritarios por una mayoría abusiva, así como el riesgo de abuso de los administradores sociales, quienes podrían verse abocados a abusar de los recursos sociales en su provecho.
¿El segundo objetivo? Es algo inédito entre los códigos de gobierno corporativo contemporáneos: es el establecimiento de medidas para combatir la corrupción empresarial. Estas normas buscan asistir a las compañías a establecer estructuras de ‘compliance’ corporativo, que les permita identificar prácticas indebidas y aplicar controles para evitarlas; además de adoptar medidas para mitigar o remediar eventuales daños que se deriven de actos indebidos. En este contexto, la implementación de los programas de integridad resultará positivo para lograr este objetivo.
¿Por qué las normas que dan más seguridad a inversionistas y empresarios son de cumplimiento voluntario? En una primera fase, las normas son de cumplimiento voluntario. La voluntariedad, en el ámbito del gobierno corporativo, es tendencia internacional. Por ejemplo, el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido se fundamenta en el principio ‘comply or explain’, en virtud del cual las compañías listadas tienen la opción de cumplir sus disposiciones o explicar los motivos por los cuales se apartan de ellas. En el caso ecuatoriano, la principal consideración para determinar el carácter voluntario fue la imposibilidad de estandarización de la regulación en esta materia, frente a la gran variedad de realidades operacionales de las compañías. No se podría medir a todas las sociedades mercantiles con una misma vara. En todo caso, cabe señalar que si uno, algunos o todos los lineamientos de gobierno corporativo son incluidos en el estatuto social de una compañía, estos devendrán en obligatorios.
¿Cómo cuajar estas normas en un entorno empresarial en el cual una buena parte de empresas son familiares? Las normas tienen un capítulo que se refiere al gobierno familiar. Las prácticas de gobierno corporativo podrían ser canalizadas en las pequeñas empresas a través de un protocolo familiar, que podrá comprender los derechos de acceso a la información contable de los miembros de la familia, planes de sucesión, eventuales programas de pensiones para familiares que se retiren del negocio… Este capítulo busca establecer estándares que regulen la relación familia-compañía, bajo una vocación de continuidad empresarial.
Hoja de vida Su formación. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), con estudios de posgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y en la Universidad de Salamanca.
Su experiencia. Es abogado especializado en asuntos corporativos y en particular; experto en derecho societario, derecho concursal y gobierno corporativo. También se desempeñó como profesor universitario de derecho mercantil.
Sus funciones. Actualmente, ocupa el cargo de Intendente de Compañías de Quito.
Esteban Ortiz Mena, intendente de Compañías de Quito, explica cómo las Normas ecuatorianas de Buen Gobierno Corporativo apuntalan el desempeño empresarial. Foto: Diego Pallero / LÍDERES
La mañana de este 14 de septiembre del 2020 fue presentado el documento. De su elaboración estuvo a cargo la Superintendencia de Compañías, la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) capítulo Ecuador, la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa y BID INVEST .
Se trata del primer grupo de normas, completamente ecuatorianas, para el buen gobierno corporativo. Este concepto implica un sistema de control y dirección de las empresas, que se fundamenta en tres pilares: propiedad, administración a través de un directorio o representante legal y transparencia.
Carlos Loaiza, presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de ICC, explicó que con esto se busca que todas lasempresas, sin importar su tamaño, puedan mejorar sus procesos de toma de decisiones.
Según la Superintendencia de Compañías, el 96% de las empresas en el país son mipymes. Para la mayoría de ellas, tener un buen gobierno corporativo no es relevante; ante ello, la entidad decidió desarrollar y presentar una serie de recomendaciones para que tomen en cuenta las normativas y las apliquen.
Esteban Ortiz, intendente de Compañías, explicó que una gran mayoría de esas mipymes son familiares y que hay casos que no existe separación entre las obligaciones de la empresa y las personales. Las decisiones se toman por decisión del fundador y no por cuestiones técnicas; o, usualmente, se contratan parientes que no están preparados para asumir diferentes cargos.
Para romper con estas prácticas es importante el buen gobierno empresarial.
Mientras más grande es la firma, se necesitan normas para protegerla. “El Código busca la profesionalización de la administración de la compañía”, dijo Ortiz.
Entre los temas dentro del documento están: manejo de empresas familiares, conformación de directorios, protección de accionistas minoritarios, conflictos de intereses, administración, control, auditorías, entrega de información, anticorrupción, transparencia y más.
Marta Viegas de @BIDInvest resalta la importancia de la práctica de la ética empresarial “Estas prácticas permiten mitigar riesgos, combatir la corrupción, aumentar la confianza, atraer inversiones y capital. Una iniciativa cómo está necesita una gran difusión” @EstebanOrtiz11pic.twitter.com/RecXKDovTm
Para Marta Viegas, directora de gobierno corporativo de BID Invest, la aplicación de estas regulaciones empresariales fortalece a las compañías y las hace más eficientes y responsables. El sector privado, dijo, puede mitigar riesgos, protegerse de la corrupción, aumentar la confianza, administrarse bien y crecer gracias a su aplicación.
Las normas dentro del Código no son de cumplimiento obligatorio por lo que son recomendaciones. Sin embargo, dan a una empresa una guía para su correcta administración.
Desde la Supercías se explicó que al emitirse el Código como resolución administrativa entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro oficial.
Carlos Loaiza, presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de ICC, fue uno de los participantes en la presentación del nuevo Código ecuatoriano de gobierno corporativo, este 14 de septiembre del 2020. Foto de la cuenta Twitter @ICC_Ec
La Superintendencia de Compañías aprobó las Normas ecuatorianas para el Buen Gobierno Corporativo, mediante una resolución del 1 de septiembre. La implementación de este cuerpo legal, cuyo análisis ha tardado años, sin duda es una aspiración válida para el sector industrial, porque promueve orden y transparencia en las empresas.
La aplicación de esta normativa busca evitar conflicto y pugna de intereses entre socios accionistas mayoritarios y minoritarios, fortalece las relaciones del nivel directivo empresarial, establece procesos para la sucesión de los directivos, da respuestas ante situaciones de contingencia, entre otras atribuciones.
En la resolución se establecen disposiciones para los derechos de los accionistas y el trato equitativo, para la Junta General o Asamblea de Accionistas, las funciones del Directorio, gobierno familiar, arquitectura de control, sistemas, responsabilidades.
Un aspecto relevante de las normas se refiere a la transparencia en el manejo de información financiera y no financiera; así como medidas para combatir y mitigar la corrupción empresarial. Queda en manos de las compañías aplicarlas y dar buen uso.
El dinero que gasta el gobierno lo obtiene de lo que producen los ciudadanos. Se lo extrae en forma de impuestos a través de una transacción coactiva. La riqueza que se produce en el mercado pasa a manos de la burocracia estatal. En países con fuerte calidad institucional, los ingresos fiscales se mantienen dentro de un estricto marco legal disminuyendo la discrecionalidad. Por el contrario, en países en los que la calidad institucional es débil, se incrementa la discrecionalidad, el uso arbitrario del dinero público.
Este es el caso del Ecuador. Una noticia que brincó a la opinión pública a través de los medios resaltó la contratación bajo régimen especial de una campaña de información por USD 2,4 millones. La campaña utiliza 450 funciones de circo para difundir entre la población Ministerio de Inclusión Económica y Social.
En contraposición a la campaña, los indicadores nos muestran una pauperización de la situación económica y social. Ante esta situación es inevitable hacer un fuerte llamado de atención al gobierno a tomar acciones responsables. Tras octubre quedó una situación latente que puede explotar en cualquier momento.
La nueva Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria es mediocre e insuficiente frente a la necesidad de cambios en la política económica que requiere el país. Se podría decir que dentro de la Ley (vetada parcialmente por el presidente Moreno) hay pequeñas (contadas) cosas que guardan coherencia con el entorno por el que debe transitar el país pero, en general, la propuesta que actualmente se debate, es confusa, enredada y se presta para generar más desconfianza en el mundo empresarial y en aquellas empresas que desean invertir en el Ecuador.
La ley que se debate carece de cambios en el concepto y reitera de manera absurda y abusiva, la filosofía de un gobierno que solo busca pasar “raspando la olla” para cumplir con sus obligaciones mensuales. Basta decir que con esta ley se estarían recabando apenas 600 millones de dólares en el transcurso del próximo año. Sin embargo, nada se dice de lo que el Estado dejaría de percibir por aquellas inversiones y proyectos que no se llegarán a ejecutar por la falta de un sistema tributario coherente, de largo plazo que brinde garantías al inversionista.
Las reformas laborales y la fijación del nuevo salario básico para el 2020 son dos temas que toman fuerza en estos días.
El primero es un asunto pendiente, al que el Gobierno ha intentado darle impulso durante este año, pero en el que los resultados no han sido los esperados, tanto por las empresas como por los trabajadores.
El Ejecutivo considera que las semanas que vienen serán claves para las reformas laborales. Uno de los pocos resultados concretos es que el tiempo del período de prueba de 90 días no será modificado, aunque no hay avances en temas como el desahucio o las nuevas tendencias de trabajo. Son puntos prioritarios, porque van de la mano del proyecto de ley tributaria urgente.
El segundo tema en consideración es la fijación del nuevo salario básico para el año que viene. Al respecto, diciembre es el mes en el que empiezan las negociaciones entre empresarios, trabajadores y Estado. Es una suerte de película que se repite cada año y cuyo desenlace, por lo general, toma tiempo.
Aun así, también es un tema relevante; en especial por el complicado momento que atraviesa la economía ecuatoriana.
El sector empresarial continúa a la espera de que el Ejecutivo tome nuevas decisiones con el afán de apuntalar y recuperar la economía nacional. La atención se centra en dos puntos fundamentales: la reforma laboral y la reforma tributaria, dos temas de los que las autoridades han hablado mucho, pero que aún no presentan un panorama claro, al menos en el corto plazo.
La sensación que predomina en los gremios empresariales es de desánimo. La falta de decisiones impide planificar en el largo plazo en temas como empleo, ventas o inversiones.
Empresarios, analistas y catedráticos consideran que el Gobierno tiene algo de temor, porque se trata de decisiones con un alto costo político. Son decisiones difíciles, pero necesarias, porque de lo contrario la desaceleración de la economía se prolongará más de lo que se pensaba en principio.
En medio de la espera, el sector empresarial tiene el desafío de pensar y planificar en el largo plazo, una tarea nada sencilla dada la incertidumbre económica. Ya es momento de tomar decisiones pensando en los intereses del país.
El ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca de Ecuador, Iván Ontaneda, está en Estados Unidos con el propósito de fortalecer una relación que en los últimos años se vio lastrada por motivos «netamente políticos», pero que espera recuperar de la mano de un presidente «visionario»: Donald Trump.
Nacido en el seno de una familia de larga tradición en la industria cafetera, este político novicio, que se incorporó al sector público de la mano del presidente Lenín Moreno y que asumió la cartera en julio pasado, se muestra dispuesto a luchar por desarrollar una política comercial basada en acuerdos internacionales que permitan a su país generar más y mejores empleos.
Por ello, en una entrevista con Efe en la Embajada ecuatoriana en Washington, Ontaneda defendió la importancia de recuperar una relación comercial beneficiosa para ambos países, sin renunciar, eso sí, a la independencia de un Gobierno que no quiere casarse con ningún bando.
¿Cuál es el propósito de su visita a Washington?
Estados Unidos es el principal aliado estratégico comercial del Ecuador (…). Lamentablemente esta relación se descontinuó por temas netamente políticos en los últimos años -de manera equivocada, diría yo- porque afectó directamente no a un grupo de personas, sino a la gran mayoría de ecuatorianos. Hoy hay muchos ecuatorianos que necesitan trabajo, que necesitan un mejor trabajo de calidad, que necesitan oportunidades para trabajar. Y eso es lo que entendió este Gobierno. Este Gobierno está creando los escenarios para que llegue la inversión extranjera, para que se siga invirtiendo en el país.
En Estados Unidos la agenda es continuar y fortalecer esta relación que el Gobierno ha reconstruido a pasos muy acelerados y no a base de un discurso, no a base de palabras, sino a base de hechos.
Qué le puede ofrecer su país al gigante norteamericano en términos comerciales?
En materia de inversión, el Ecuador le puede ofrecer mucho a los Estados Unidos. Y en materia también de proveeduría de productos… Ecuador tiene productos de altísima calidad; somos líderes en productos como el banano, como el camarón, como el cacao, como las rosas, como la pesca a nivel mundial, con una producción de alta calidad.
Yo creo que, definitivamente tanto Ecuador como Estados Unidos buscan un ganar-ganar, un win-win, que es lo que los países estamos buscando. Hemos manifestado con este viaje la voluntad política y la seriedad con la que el Ecuador toma la relación con Estados Unidos.
Hasta qué punto puede considerarse a la Administración del presidente Trump, que se caracteriza por su discurso del «Estados Unidos primero» y por sus giros bruscos, un socio fiable?
El Ecuador tiene oportunidades para Estados Unidos y creo que el presidente Trump es un hombre de negocios, es un visionario y sabrá, con su Gobierno, aprovechar esas oportunidades; así como el Ecuador también sabrá, y necesita, aprovechar las oportunidades que Estados Unidos, el mundo entero y la globalización nos ofrece.
Le preocupa que la buena relación que Ecuador tiene con China, país con el que Washington está enzarzado en estos momentos una guerra comercial, pueda suponer un lastre?
Lo que el Ecuador sí va a preferir son las mejores condiciones que se le puedan ofrecer. Esto es un tema de oferta y demanda. El Ecuador va a recibir las mejores condiciones. Yo creo que es saludable para la relación con China que nosotros también busquemos otras opciones de financiamiento; las hemos encontrado con el Fondo Monetario Internacional, las hemos encontrado con Estados Unidos -con mejores plazos, con mejores tasas, que nos están dando una gran bocanada de oxígeno para el sector productivo del país- y, en ese sentido, el Ecuador seguirá buscando mejores opciones, porque ese es el objetivo. Mejores opciones no solamente en la parte financiera, sino en la parte comercial y en la parte integral para el país. Estamos enfocados, el Gobierno nacional, en trabajar con todo el mundo. Somos un país integracionista. No estamos por bandos, estamos por la integración.
Antes de llegar a Washington, estuvo en México, negociando la incorporación de Ecuador en la Alianza del Pacífico, una posibilidad que se le ha negado a su país durante años. ¿Se ha producido algún avance?
Primeramente decir que el Ecuador ha cambiado. Ahora somos un país renovado, con una clara visión internacional. Cuando hablo de visión internacional, hablo de una integración. Entendemos que el país, siendo un país dolarizado, siendo un país que tiene ventajas competitivas muy importantes, es hora de explotarlas, es hora de sacar el beneficio para los ecuatorianos. Y una de las estrategias que ha decidido el Gobierno nacional ha sido la inclusión a nivel mundial.
Estamos trabajando de manera importante y seria en diferentes frentes, principalmente en la Alianza del Pacífico, con los cuatro países que la conforman y el 19 de junio estos cuatro países -Chile, México, Colombia y Perú- dieron su beneplácito para que Ecuador empiece las negociaciones para ser considerado un miembro pleno de esta alianza (…) Estamos seguros de que las oportunidades que se abrirán para el Ecuador serán muy, muy importantes.
¿Cuándo espera ver plasmado el nuevo acuerdo con México?
Siendo bastante optimistas, esperamos que al cerrar el año podamos tener ya resueltos ciertos sectores sensibles (…) para aterrizar quizás para el primer trimestre del próximo año ya en la firma real de este acuerdo comercial.
El ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca de Ecuador, Iván Ontaneda, habla durante una entrevista este martes 27 de agosto, en la Embajada ecuatoriana en Washington (EE.UU.). Foto: EFE
Para Marcelo Pozo, docente de la Escuela Politécnica Nacional, las medidas tomadas por el Gobierno para promover la eficiencia energética son aisladas. En su criterio, las disposiciones deben ser de carácter obligatorio y apuntar a los mayores consumidores.
¿Cuál es la situación de Ecuador respecto al uso eficiente de la energía?
Como región no estamos atrasados, pero si nos comparamos con países muy desarrollados como los de Europa, Japón o el estado de California (Estados Unidos) estamos muy atrasados. Estamos a décadas de diferencia.
¿Cuántas décadas de retraso tiene Ecuador?
Tenemos alrededor de 15 años de atraso. En Noruega, por ejemplo, el Gobierno a través de una política pública dispuso que el 50% del parque automotor sea eléctrico. Se crearon carriles exclusivos, se instalaron puestos para cargar las baterías, se bajaron los impuestos para la compra de estos vehículos. Así resulta rentable hacer el cambio, porque el Estado se empeñó en hacer esto. Otros países no son exigentes.
Ecuador ha promovido la compra de carros eléctricos, de cocinas a inducción, en marzo entró en vigencia la Ley de Eficiencia Energética ¿Cuán efectivas han sido estas acciones?
Ecuador no es nada exigente, por eso las personas no sienten la obligación de cambiarse de los sistemas tradicionales, que emplean gasolina, diésel u otros derivados, al sistema eléctrico. Además, las medidas que se han tomado han sido aisladas.
¿Qué se requiere entonces para que un país cambie del uso de combustibles fósiles a la energía eléctrica?
Una política de Estado exigente, que obligue al cambio, porque se sube el costo de las gasolinas y el precio de los autos que usan esta tecnología. A la par se da incentivos para quienes opten por los vehículos eléctricos. La Ley de Eficiencia Energética no es obligatoria, sino opcional. Vamos suavemente.
¿Cuáles son las razones para que no se hayan tomado decisiones firmes?
No me quiero meter en aspectos políticos, pero se tratan de políticas de Estado que tienen que ver con ciertos intereses económicos. Quizá hay sectores a los que no les conviene. Además, eliminar subsidios es quitar presidentes. Por eso preferimos pensar que estamos bien y que mientras tengamos petróleo no nos va a pasar nada. No tenemos la proyección a futuro ni planificamos.
Tenemos petróleo, pero importamos derivados
Lamentablemente, mientras el Estado no tome decisiones, no vamos a cambiar esta realidad.
¿Qué pasos se deben seguir para que se concrete esta transición hacia lo eléctrico?
La política de Estado es lo principal, esta debe ser macro y a largo plazo. Luego se debe emitir reglamentos y normativas. Todo esto debe ser de carácter obligatorio.
La prioridad es el transporte, porque consume casi la mitad de los derivados…
Dentro de los análisis energéticos, el sector que más consume es el transporte pesado de carga, porque es una alta cantidad de energía que está circulando por el país. Por esto, una de las recomendaciones de los estudios es que el cambio de tecnología empiece por ese segmento.
Pero en la Ley de Eficiencia Energética no se prioriza a este sector, sino al transporte de pasajeros.
Esto ayuda a bajar un poco el consumo energético de combustibles y la contaminación ambiental, pero no es lo macro. Ayudará en los municipios o ciudades.
¿A este paso cuántos años le tomará al país hacer la transición hacia el sistema eléctrico?
Es lamentablemente lo que voy a decir, pero en el país vamos a cambiar por susto no por conciencia. Cuando los combustibles empiecen a subir de precio de manera elevada o bajen las reservas de petróleo de manera considerable ahí surgirá la necesidad de cambiar hacia el sistema eléctrico. La decisión se tomará por el susto, no porque hayamos planificado esta transición hacia otra tecnología.
¿En el ámbito tecnológico que se debe considerar?
Tecnológicamente no estamos preparados, necesitamos formar ingenieros especializados en el mantenimiento de vehículos eléctricos. Si queremos ahora realizar un mantenimiento o desarrollar autos de este tipo en el país no lo podemos hacer. Como academia no hemos considerado que debemos enfocarnos en eso.
¿Los usuarios deberán también cambiar de hábitos?
Cuando se produzca este cambio, la gente se debe acostumbrar a llegar a la casa, conectar el tomacorriente del auto y dejarlo que se cargue toda la noche. Esto tarda entre cinco y ocho horas. Pero garantiza que se cumpla la vida útil de las baterías. Las cargas rápidas se hacen solo en casos de emergencia. Los propietarios deben también realizar el mantenimiento electrónico del vehículo.
¿Pero la tecnología actual de los vehículos eléctricos tiene aún limitaciones?
Actualmente, la autonomía de la batería de los autos eléctricos está en 100 kilómetros (km) o 200 no más. Aunque se están desarrollando ya nuevas tecnologías para subir a los 400 km, pero eso llegará en unos tres años. Por ahora, estos autos están destinados para el uso interno de la ciudad.
¿Cómo incide en el cambio de tecnología mantener el subsidio de los combustibles?
Pese a que en algunos casos se redujo estas subvenciones, no se han retirado al 100%. Por esto, para el usuario sigue siendo cómodo seguir usando un auto a gasolina. Económicamente, estos vehículos son también más asequibles. Pero debemos irnos preparando en tecnología, educación y hábitos de consumo. En algún momento el petróleo escaseará.
¿Qué cambios se deben hacer en la infraestructura para priorizar el consumo eléctrico?
Las empresas eléctricas deben planificar para renovar su sistema, porque cargar un auto eléctrico es un gran peso. Es comparable con el consumo de toda una casa. Por eso se deben cambiar, los cables, los transformadores para así duplicar la capacidad.
Se dice que los vehículos eléctricos no contaminan, pero tienen baterías que tienen cierto período de vida útil ¿Cómo se maneja este asunto?
Pese a que yo defiendo el uso de los autos eléctricos, porque enseñó cómo funcionan, hay que ser realistas. Se dice que es una energía renovable no contaminante, pero ¿cómo se construyó todo? Si bien no emite CO2, la batería tiene una vida útil de cinco o 10 años, si son bien utilizadas. Para tratar este tipo de desechos se debe construir un cementerio de baterías.
¿Cómo hacer para evitar la contaminación que se genera con las baterías?
Hay que construir fosas cubiertas de concreto para evitar que los componentes de las baterías contaminen la tierra y las fuentes de agua. Para esto también debemos prepararnos.
Hoja de vida
Formación: Se graduó en la Escuela Politécnica Nacional (EPN) como ingeniero en Electrónica y Control. Obtuvo su masterado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania, gracias a una beca. Tiene un doctorado en Electrónica de Potencia y Control Electrónico de Máquinas Eléctricas de la U. de Siegen, Alemania.
Cargos anteriores: Fue profesor principal de Automatización y Control Industrial de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la EPN.
Cargo actual: Es jefe del Laboratorio de Electrónica de Potencia, Control de Máquinas y Smart Grids, en la EPN.
Entrevista a Marcelo Pozo, docente de la Universidad Politécnica Nacional (UPN). Foto: Galo Paguay / ÚN
