El gobierno de Francia anunció el 8 de abril del 2015 que incrementará en poco más de un 4,7% su participación en la automotriz Renault, que hasta el momento es de un 15%. El Estado francés pagará hasta 1 230 millones de euros (unos USD 1 340 millones) por esta ampliación.
El gobierno pretende asegurar con esta medida los intereses a largo plazo del Estado, de los accionistas y de los trabajadores de Renault, explicó el Ministerio de Economía y Finanzas en París. Además, el ministerio recordó que en Francia existe una ley según la cual los derechos de voto se duplican cuando las acciones se mantienen durante más de dos años.
Esta ley había sido aprobada el año pasado con el objetivo de proteger los establecimientos industriales franceses de las inversiones a corto plazo y las especulaciones. Sin embargo, la asamblea de accionistas de una empresa puede anular esta normativa.
Los accionistas de Renault, el segundo fabricante de automóviles de Francia, celebrarán su asamblea anual el 30 de abril. Para esta reunión ya ha sido preparada la propuesta de derogar la disposición respecto a la duplicación de los derechos de voto. Con la adquisición adicional de acciones del Estado, el gobierno puede bloquear tal decisión. Renault se resintió el año pasado fuertemente de la crisis económica en Rusia.
Tras el derrumbe del mercado ruso, la participación de Renault en la automotriz rusa Avtovaz arrojó pérdidas de 182 millones de euros. Sin embargo, como la marca barata Dacia, entre otras, siguió aumentado sus ventas y como consecuencia de la reducción de los costes por parte de Renault, el beneficio operativo del grupo automotor se incrementó en un 30%, a 1.600 millones de euros.
Gracias a su participación en el socio japonés Nissan, el beneficio neto de Renault ascendió a 1.900 millones de euros.
Los accionistas de Renault, el segundo fabricante de automóviles de Francia, celebrarán su asamblea anual el 30 de abril. Foto: Patricio Terán/LÍDERES.
Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que analiza una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo el 7 de abril del 2015 que los bonos entregados por el Gobierno para pagar su obligación de pensiones jubilares generaron una ‘deuda ficticia’.
El artículo 237 de la actual Ley de Seguridad Social obliga al Estado a cubrir el 40% de las pensiones que cobran los jubilados. Hasta noviembre del 2014, el Gobierno ha cancelado esta obligación con el IESS principalmente mediante bonos estatales.
Pero, en entrevista con Ecuavisa, la asambleísta de Alianza País puso en duda también este pago.
Señaló que el Gobierno ha tenido que pagar el 40% de pensiones los últimos años en bonos, lo que ha generado una ‘deuda ficticia’.
“El IESS compró bonos y esos bonos nunca fueron ocupados, por lo tanto no existe deuda”, enfatizó.
La asambleísta explicó esa aseveración en los siguientes términos: “Hay deudas que son ficticias. El IESS compró bonos. Esos bonos nunca fueron ocupados y resulta que ahora se tiene deuda. Eso no es así, eso es como que usted entrega un cheque, el cheque no fue cobrado y dice que usted le debe porque el cheque no fue cobrado”.
Aunque hoy el artículo 370 de la Constitución garantiza la autonomía de la entidad, Carrillo señaló que es un error pensar que el IESS le corresponde a los afiliados.
“El IESS es una institución que forma parte del Estado y, por tanto, el IESS no solo es de afiliados sino es de todos los ecuatorianos, esa es una nueva concepción en la cual se garantiza la salud no solo de los afiliados sino de todos y cada uno de los ecuatorianos».
Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, dijo que los bonos entregados por el Gobierno para pagar su obligación de pensiones jubilares generaron una ‘deuda ficticia’. Foto: Archivo/ LÍDERES.
El presidente de la República, Rafael Correa remitió ayer 31 de marzo a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios sobre Impuestos nacionales como materia económica urgente.
El principal motivo para el establecimiento de este proyecto es el reordenamiento de las obligaciones tributarias pendientes de cancelación, mediante el fomento del pago a través de un proceso transitorio de remisión de intereses, multas y recargos. Esto, señala el documento, representa un beneficio a la seguridad jurídica de los contribuyentes y aporta a la liquidez del Estado.
El artículo en el proyecto de ley señala en el primer literal la exoneración de los intereses de mora, multas y recargos causados por impuestos y obligaciones fiscales por títulos de crédito, actas de determinación, resoluciones administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y que establezcan un valor a pagar de obligación tributaria.
De igual manera se condonan los intereses que se generen por declaraciones, originales o sustitutivas, que se encuentren vencidas o pendientes de pago hasta la fecha, siempre que se efectúe la cancelación de la totalidad del impuesto pendiente de pago.
Para los contribuyentes que deseen obtener este beneficio de la exoneración de intereses del 100%, deberán cancelar la totalidad del impuesto adeudado hasta los 60 días hábiles siguientes a la publicación de la Ley en el Registro Oficial.
Así también se realizará la exoneración del 50% si el pago de la totalidad del impuesto adeudado es realizado desde los 61 hasta los 90 siguientes de la aprobación del proyecto.
Estos mismos porcentajes se aplicarán para las obligaciones tributarias vencidas a través de declaraciones originales o sustitutivas, siempre que en este implique un mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos o retención a favor del SRI.
En el caso de que el contribuyente sea objeto de un proceso de determinación por parte de la administración tributaria podrá presentar declaraciones sustitutivas con el respectivo pago, el que, al concluir el proceso determinativo se considerará como abono del principal.
Los contribuyentes que mantengan convenios de facilidades de pago, si desean acogerse al beneficio de la ley sobre el saldo pendiente de la obligación, deberán cancelar el 100% del impuesto adeudado. En estos casos no constituirá pago indebido cuando los montos pagados previamente hubieren superado el valor del impuesto.
Así también los contribuyentes cuyas obligaciones tributarias bajo juicio, podrán acogerse a la presente remisión, siempre que desistan de sus acciones o recursos de conformidad, es decir que desistan del juicio. El afianzamiento debe ser realizado mediante depósito en dinero efectivo y se imputará automáticamente al impuesto adeudado.
Oswaldo Larriva, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, señala que el proyecto ya fute distribuido a los asambleistas de la esta comisión para determinar cuando se le dará trámite. Así también señaló que el proyecto «concede descuentos para que (los contribuyentes) paguen sus obligaciones pendientes».
El Banco Central ha inyectado USD 1 053 millones en liquidez al Gobierno Central y a la banca pública desde octubre pasado, según los registros de la cuenta del Banco Central del Ecuador (BCE) denominada “Valores distintos de acciones”, que refleja este tipo de operaciones.
Esta cuenta creció de USD 61,2 millones en septiembre del 2014 a USD 1 053 millones hasta el 29 de marzo pasado, un aumento de USD 991,8 millones en menos de seis meses, en momentos en que la baja del precio del crudo golpea la caja fiscal.
Hoy, 30 de marzo del 2015, el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Mateo Villalba, detalló que efectivamente el ente entregó USD 637 millones de sus reservas líquidas a cambio de bonos del Ministerio de Finanzas para inyectar liquidez al Gobierno Central desde octubre pasado.
Consultado por este Diario sobre las condiciones de esos papeles, especificó que se trata de títulos de cortísimo plazo, esto es 180 días.
El funcionario aclaró que por el momento no está previsto que la entidad realice más de este tipo de operaciones que, según dijo, fueron autorizadas por la Junta Reguladora Financiera y Monetaria, máximo ente de regulación del sector financiero, bancario y de seguros.
El resto, esto es USD 380 millones, se destinaron «para inyectar liquidez a la banca pública a cambio de bonos del Gobierno Central que tenía en su poder».
Entre estas últimas, están la Corporación Financiera Nacional,Banco Nacional de Fomento y otras, precisó Villalba.
El Gobierno ha realizado intensos esfuerzos desde el año pasado para financiar su presupuesto y plan de inversión pública.
Mateo Villalba, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE). Foto: Archivo Líderes
La tarde del pasado 6 de marzo del 2015, el Gobierno anunció que se aplicarán salvaguardias para 2 800 productos.
El anuncio lo hizo el ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia, en una rueda de prensa que se desarrolló en la Presidencia de la República.
Una sobretasa de 5% se aplicará a bienes de capital y materias primas no esenciales; un 15% para bienes de sensibilidad media; un 25% a neumáticos, cerámica, ckd de televisores y ckd de motos. Y una sobretasa de 45% para bienes de consumo final, entre los que se incluyen televisores y motocicletas.
No se aplicará la medida a confecciones, repuestos de vehículos, medicinas, cosméticos artículos de higiene, combustibles y lubricantes.
La salvaguardia entrará en vigencia este miércoles 11 de marzo y tendrá una duración de 15 meses. En ese tiempo se realizarán evaluaciones periódicas y luego de concluido el plazo se hará un cronograma de desgravación, según un comunicado del Ministerio de Comercio Exterior.
Según el Gobierno, el panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con la balanza de pagos del país, debido a la baja del precio del petróleo y la apreciación del dólar, “por lo que se hace necesario tomar medidas para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar nuestra Balanza Comercial”.
La nueva salvaguardia, dice el Gobierno, es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo.
“La aplicación de esta medida ha sido socializada y debatida con el sector privado, ya que se ha realizado una serie de diálogos y análisis a fin de minimizar el impacto sobre el aparato productivo nacional, tampoco afectaría a mercaderías en tránsito”, señaló el Ministerio.
Los rubros que se han exceptuado de esta medida son materias primas, bienes de capital, artículos de higiene personal, medicinas y equipos médicos, repuestos de vehículos, combustibles y lubricantes e importaciones por correo rápido o Courier.
Cerca de 2800 productos incremetarán su precio debido a la aplicación de las salvaguardias en las importaciones. Foto: María Isabel Valarezo/ GDA
El Gobierno español destinará 1 030 millones de euros (USD 1,118 millones) en 2015 y 2016 a un programa de ayudas a desempleados de larga duración que hayan agotado sus subsidios por desempleo, anunció este 6 de marzo su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno aprobó un «acuerdo por el que se autoriza crédito extraordinario para el presupuesto de servicio público de empleo estatal para financiar la ayuda económica de acompañamiento del programa Activación al Empleo«, anunció Saénz de Santamaría.
«Para este ejercicio se prevé un presupuesto de 850 millones de euros y 180 para el año 2016, es decir que tiene una ayuda global de más de 1 000 millones», añadió la portavoz del ejecutivo.
España sufre una tasa de desempleo del 23,7% de la población activa y un 60% de esos desempleados son parados de larga duración (más de un año sin trabajo).
El programa en cuestión, acordado por el Gobierno con los agentes sociales en diciembre pasado, permitirá a estos empleados de larga duración, que hayan agotado su subsidio por desempleo y con cargas familiares, percibir una ayuda de 426 euros (USD 463) durante seis meses.
El programa beneficiará «a más de 400 000 españoles desempleados de larga duración y con responsabilidades familiares, que son los que más dificultades tienen de volver al mercado de trabajo«, decía en enero la ministra de Trabajo, Fátima Báñez.
Los desempleados podrán compatibilizar hasta cinco meses la percepción de esta ayuda con el desempeño de un trabajo, aunque el empresario descontará esa cuantía del salario. El programa entró en vigor el pasado 15 de enero y finalizará el 15 de abril de 2016.
España sufre una tasa de desempleo del 23,7% de la población activa y un 60% de esos desempleados son parados de larga duración (más de un año sin trabajo).
El Gobierno brasileño estudia la creación de mayores impuestos aplicados a la franja más rica de la sociedad para compensar las posibles consecuencias políticas de las medidas de ajuste fiscal, reveló la senadora oficialista Gleisi Hoffmann, según publica este 27 de febrero la prensa local.
La decisión fue informada por el ministro de Planificación y encargado del presupuesto, Nelson Barbosa, al bloque de senadores del Partido de los Trabajadores (PT) de la presidenta Dilma Rousseff, dijo Hoffmann al diario Folha de Sao Paulo.
«Barbosa nos dijo lo siguiente: ‘estamos estudiando y habrá medidas que alcanzarán al piso de arriba (por las clases altas)’», aseguró Hoffmann, quien fue jefa de ministros en el primer mandato de Rousseff (2010-2014).
Según Hoffmann, el bloque de senadores del PT presentó sus propuestas frente al ajuste de gastos que prepara el Gobierno para lograr un superávit primario del 1,2 % del producto interno bruto (PIB), una meta anunciada por el ministro de Economía, Joaquim Levy, para 2015.
«Nosotros le dijimos que las medidas (del paquete de ajuste) eran importantes pero que creíamos que era muy importante que tuviéramos algunas que alcanzaran a quienes tienen mayor renta en la sociedad, sea en el área tributaria o en otras», declaró.
Si bien Hoffmann se negó a dar detalles sobre cuáles medidas podrían ser implementadas, Folha de Sao Paulo publicó que entre las iniciativas está el impuesto a las grandes fortunas, una de las banderas históricas del PT.
El Gobierno de Dilma Rousseff analiza un impuesto a las grandes fortunas, una de las banderas históricas del PT. Foto: Fernando Bizerra Jr. / EFE
El gobierno socialista francés aprobó este martes, 17 de febrero del 2015, por decreto un polémico proyecto de ley de reformas de la economía, ante el riesgo de que diputados de su propio partido lo hicieran fracasar, abriendo una crisis política de consecuencias imprevisibles.
El texto, conocido como ‘Ley Macron’ por el nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron, prevé medidas como la apertura de comercios 12 domingos al año, la revisión de las tarifas que aplican desde jueces hasta notarios, la apertura de los transportes urbanos a la competencia o medidas para flexibilizar el mercado laboral, la vivienda y el medio ambiente.
El primer ministro, el socialista Manuel Valls, explicó que recurría al artículo 49-3 de la Constitución que permite al gobierno obviar al parlamento ante el riesgo de ‘un rechazo’ del texto, debido a la oposición al mismo de un sector de su grupo parlamentario.
Los opositores dentro del propio Partido Socialista están en contra de que esta ley sobre la ‘actividad y el crecimiento’ flexibilice el código laboral y en particular, se amplíe de 5 a 12 los domingos laborables.
En horas previas a la votación, el gobierno comprendió que los críticos de su propio partido, que cuenta con 288 escaños, iban a votar en contra de la Ley Macron, al igual que lo haría la gran mayoría de los diputados ecologistas, así como los del Frente de Izquierda y la mayor parte de la derecha haciendo correr el riesgo de perder la votación.
Crisis en el grupo socialista A principio de la tarde, el primer ministro Manuel Valls obtuvo la luz verde del presidente François Hollande para recurrir a este artículo de la Constitución que permite al gobierno aprobar una ley sin votación en el parlamento.
El gobierno ‘hará todo’ lo posible para que esta ley «se apruebe porque es útil para el país«, declaró Valls. Esta «es una medida de precaución«, comentó a la AFP el politólogo Philippe Braud, ya que aunque no se excluía un voto positivo gracias a algunos votos de la derecha y del centro, «para un gobierno siempre es molesto deber el éxito a una parte de la oposición».
Es la primera vez que se recurre al artículo 49-3 desde 2006, cuando el entonces primer ministro Dominique de Villepin lo utilizó para aprobar la ley que facilitaba la primera contratación de los jóvenes, fustigada en aquella época por el actual presidente Hollande, quien era diputado. Los diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), principal grupo de oposición de derecha, anunciaron la presentación de una moción de censura contra el gobierno, que será debatida el jueves.
Si la moción de censura que será votada el jueves por la noche fuera aprobada, lo que parece poco probable dada la relación de fuerzas en la Asamblea, el gobierno tendría que dimitir, y si es rechazada, el proyecto de ley será dado como aprobado en primera lectura.
«La verdad estalla a la luz del día: no hay ni mayoría ni gobierno«, comentó en Twitter el expresidente de derecha Nicolas Sarkozy, presidente del UMP. El texto, que será sometido esta primavera al Senado, cuenta con unos 200 artículos. El más emblemático es el referente al trabajo dominical que va a sacudir los hábitos.
El texto, conocido como ‘Ley Macron’ por el nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron, prevé varias medidas. Foto: Etienne Laurent/ EFE.
Ecuador ofrece al nuevo Gobierno griego que encabeza Alexis Tsipras su experiencia en la renegociación de la deuda y su apoyo y solidaridad en la difícil gestión que le espera, dijo este viernes 13 de febrero el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en entrevista con Efe.
«Estamos a las órdenes, no para darles ningún consejo, simplemente para hacerles conocer nuestra experiencia y que ellos soberana e inteligentemente decidan qué pasos dar. Pero cuentan con nosotros», señaló el ministro, de visita en Moscú para tratar, entre otros asuntos, sobre la crisis en el mercado petrolero.
«En el tema de la deuda, Ecuador ha tenido una experiencia muy positiva en nuestro Gobierno, primero en realizar la auditoría y segundo en la renegociación más exitosa que se ha conocido en los últimos tiempos», recordó. Por ello, Patiño ofrecerá la ayuda de Ecuador a su homólogo griego, Nikos Kotzias, cuando le visite en Atenas la semana próxima, en fecha aún por determinar. «Habíamos conversado sobre la posibilidad de encontrarnos mañana en Atenas, pero le va a ser un poco difícil» por problemas de calendario.
«Lo dejaremos para la próxima semana», anunció. Allí les dirá a las autoridades griegas «que cuentan con la amistad de nuestro pueblo y nuestro Gobierno. Sabemos la situación difícil en la que encuentran a Grecia.
Los indicadores macro y microeconómicos, sociales y políticos con los que comienzan son muy duros… les deseamos mucho éxito». Patiño elogió al ejecutivo de la coalición de izquierdas Syriza por «la valentía, la firmeza, la juventud y también la decisión de hacer cosas nuevas». Y es que la afinidad de las autoridades ecuatorianas y griegas no se limita a lo ideológico, ya que comparten hasta un rasgo distintivo de su estilo en el vestir, el «sincorbatismo» del que hacen gala unos y otros.
Patiño mantuvo ayer en Moscú una reunión a tres bandas con Rusia, el mayor exportador mundial de petróleo y gas, y su colega venezolana, para buscar cómo estabilizar el mercado petrolero. «La caída de los precios del petróleo nos preocupa a todos los productores y exportadores. Los tres países, con cantidades muy distintas, tenemos intereses comunes», dijo.
El descenso de los precios del crudo desde junio de 2014 es tan grave que «incluso no alcanza a cubrir los costes de algunos tipos de producción», algo que Ecuador achaca, entre otras, a la especulación en el mercado. «Por ello debemos coordinarnos entre los países OPEP y no OPEP, para tratar de encontrar un equilibrio adecuado», señaló. Y aunque Rusia ha dejado claro en varias ocasiones su rechazo a reducir su producción, Patiño aseguró que el titular de Energía ruso, Alexárdr Novak, «tuvo una respuesta muy positiva en términos de que es necesario ampliar el nivel de comunicación entre nosotros».
También recordó a sus socios rusos que Ecuador está interesado «en la inversión rusa, y que implique transferencia de tecnología, por ejemplo para el proyecto de la Ciudad del Conocimiento Yachai. Nos interesa aprovechar el nivel de desarrollo tecnológico de Rusia para generar esa transferencia de conocimientos».
En cuanto a inversiones, hay dos empresas rusas que están desarrollando proyectos hidroeléctricos y esperó que en los próximos meses se concreten otros dos.
En el terreno comercial Ecuador está aprovechando el hueco dejado por los productos frescos europeos, prohibidos por Rusia en respuesta a las sanciones por la crisis ucraniana. «Hemos solucionado los temas fitosanitarios y logrado que muchos más productos ecuatorianos puedan llegar al mercado ruso, no solo el banano y las flores, sino también frutas, legumbres, productos lácteos». Aunque reconoció que la recesión en Rusia y la devaluación del rublo ha disminuido la demanda de algunos productos «por otro lado traslada esa demanda que antes iba hacia la UE a otros países. Esperamos que una cosa compense a la otra en términos netos».
Ecuador exportó en 2014 a Rusia por valor de más de mil millones de dólares, una cifra que espera que aumente este año.
La visita ha servido también para concretar más «el diálogo político y los temas de cooperación» entre Rusia y la Celac, de la que Ecuador es presidente de turno. Y citó como ejemplo «la construcción de obras de infraestructuras regionales, redes viales, producción de medicamentos genéricos o la creación de universidades regionales en América Latina».
«La idea es ir concretando esos temas y mantener una regularidad en el diálogo político en los temas mundiales, como la democratización de Naciones Unidas, el cambio climático o la nueva arquitectura financiera internacional», concluyó.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño (i), durante una reunión con el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov (d), hoy, viernes 13 de febrero de 2015, en Moscú (Rusia). Ecuador ofrece a Grecia ayuda para la renegociación de la deuda. Foto: EFE
El pesimismo sobre el futuro de la economía se apoderó de los brasileños poco más de tres meses después del balotaje en el que la presidenta Dilma Rousseff obtuvo su segundo mandato al frente del gobierno nacional, según surge de un estudio del instituto Datafolha, vinculado al diario ‘Folha de Sao Paulo’.
Según los datos divulgados hoy, 8 de febrero del 2015, ocho de cada diez encuestados -el 81%- creen que la inflación aumentará en los próximos meses, y más de la mitad -el 55%- cree que la situación económica del país empeorará. Según ‘Folha’, el pesimismo en relación a la situación económica del país es el peor desde 1997, cuando Datafolha comenzó a consultar en forma periódica a los electores sobre el asunto.
El deterioro de las expectativas de los brasileños se produjo de forma abrupta, toda vez que en diciembre pasado el porcentaje de ciudadanos que consideraba que la economía iría a peor era del 28%, y el de los que esperaban un aumento de la inflación para este año del 54%. El pesimismo, en tanto, encuentra apoyo en la realidad.
En enero, la inflación mensual alcanzó el 1,24%, lo que representa el mayor nivel desde febrero de 2003. El aumento de precios registrado en el primer mes del año llevó además a que por primera vez desde 1994, el 57% de los electores crea que se reducirá el poder de compra de los salarios.
También existe inseguridad respecto del mantenimiento de las fuentes de trabajo. Según el estudio de Datafolha, el 62% de los encuestados cree que aumentará el desempleo, que según los últimos datos oficiales cerró 2014 en un promedio del 4,8%, el menor nivel registrado desde 2002.
El pesimismo de los brasileños hizo que se desplomara la aprobación del gobierno de la presidenta Rousseff, quien se convirtió en la mandataria peor evaluada por la población en sus primeros meses de gobierno -en este caso de su segundo mandato- de la historia del país. Según datos revelados el sábado, la aprobación del Ejecutivo cayó de 42 a 23% entre diciembre y febrero.
Además, la mayoría de los entrevistados considera que Rousseff tuvo responsabilidad en los millonarios desvíos de fondos de los que fue objeto la petrolera estatal Petrobras entre 2004 y 2012, época que coincide, en parte, con el periodo en que la mandataria presidió el consejo de administración de la compañía.
A instancias de la responsabilidad que según los encuestados tuvo Rousseff en el fraude, el 47% considera que la antigua guerrillera es deshonesta. Para realizar el estudio, Datafolha entrevistó a 4.000 electores en 188 municipios de todo el país entre los días 3 y 5 de febrero.
El pesimismo de los brasileños hizo que se desplomara la aprobación del gobierno de la presidenta Rousseff, quien se convirtió en la mandataria peor evaluada por la población en sus primeros meses de gobierno. Foto: Paulo Fonseca/ EFE.
