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  • Seis de cada 10 casas se ofertan en menos de USD 70 000

    Redacción Quito, Guayaquil y Cuenca

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    Una nueva regulación financiera abre oportunidades y desafíos al sector inmobiliario y constructor. La Junta Reguladora y Monetaria estableció a inicios de este mes, la reducción obligatoria de la tasa de interés en los préstamos para vivienda de interés público.

    En los ocho bancos más grandes del país la tasa pasará del 10% al 4,99%, mientras que en el Banco del IESS (Biess) bajará del 8,2% al 6%. Estas se aplican para viviendas de interés público; es decir, cuyo valor no supere los USD 70 000 o los USD 890 por metro cuadrado. Los plazos serán de hasta 20 y 25 años, en la banca privada y en el Biess,

    En el Ecuador, el 80% de la oferta de unidades de vivienda se reparte entre Quito y Guayaquil, según datos de la empresa investigadora de mercado Smart Research. Entre ambas ciudades ofertaron 31 358 unidades el año pasado; en la capital, la cantidad fue de 18 294. De esa cifra unas 11 500 (63%) tuvieron un valor que no superaba los USD 70 000.

    En Guayaquil, la oferta total llegó a 13 064 unidades de vivienda, de las que 7 160 (55% del mercado) costaban menos de USD 70 000.

    Datos similares los maneja la consultora MarketWatch, que calcula que el año pasado el número de viviendas ofertadas llegó a 32 227 entre casas y departamentos, a escala nacional. Sus números indican que el 60% de la oferta costaba menos de USD 75 000.

    Para el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Henry Yandún, los constructores están entusiasmados con las nuevas tasas de interés. El dirigente añade que en el Ecuador existe un déficit de 700 000 viviendas. Además, indica que cada año se conforman 87 000 hogares nuevos, por lo que es necesario ofertar planes de vivienda para ese mercado.

    Constructores consultados indican que levantar viviendas cuyo costo sea menor a USD 70 000 es un desafío. Eduardo Crespo, representante del proyecto Ciudad Jardín, que se levanta en el sur de Quito, señala que el problema en la capital pasa por los precios del suelo. “Si uno busca terrenos baratos tiene que alejarse de la ciudad, pero eso implica otros costos para el comprador de la vivienda, como el transporte”.

    Ciudad Jardín ha levantado hasta la fecha 800 departamentos y proyecta llegar a 1 400 en febrero del 2016. Los costos oscilan entre USD 39 000 y 70 000.

    Según el constructor Hermel Flores, hoy en día el metro cuadrado en el sur de Quito está en promedio en USD 692; en el centro norte, el promedio está en USD 1 726; en Guayaquil, el promedio más bajo es USD 695 y el más alto, 2 005. Flores añade que desde el 2011 hasta la fecha hay un encarecimiento de los costos de la construcción por la especulación en los precios de los terrenos. “Ese es un problema que debe resolverse para que los constructores aprovechemos la reducción de las tasas de interés. Es necesaria una mayor planificación de parte de las autoridades”.

    En la constructora Uribe & Schwarzkopf están atentos a los movimientos en el mercado. Su presidente ejecutivo, Joseph Schwarzkopf, señala que las nuevas condiciones son como un caramelo para los constructores, pero también coincide con Crespo al indicar que uno de los factores a tomar en cuenta en proyectos de vivienda de interés público es el costo del suelo. “Empresarios y constructores deben ser creativos para entrar en este segmento, se trata de una muy buena oportunidad”.

    Mutualista Pichincha indica que participará en el programa de incentivos para la construcción que promueven las autoridades. Esta entidad financiera coloca un promedio de entre USD 90 millones y 100 millones al año en créditos hipotecarios. Cornelio Montalvo, director de Negocio Financiero de Mutualista Pichincha, explica que del total de ventas anuales unas 600 viviendas encajan en las condiciones que fijó la Junta Reguladora y Monetaria.

    En medio del interés que generó la reducción de las tasas de interés, la semana pasada se publicó en el Registro Oficial el decreto de creación de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda EP, que tiene como objeto “incrementar la oferta de vivienda con el fin de corregir fallas de mercado en el segmento de vivienda de interés social y prioritario”.

    Ente las actividades que tendrá la entidad están planificar, habilitar y urbanizar suelo; estructurar programas de vivienda de interés social; adquirir, vender, transferir inmuebles en las modalidades previstas por la ley; asesorar a municipios… El Directorio de la empresa estatal estará presidido por la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Secretario Nacional de Planificación y el Gerente del Biess, como delegado del Presidente de la República.

    Más datos

    En Quito, la oferta pasó de 13 513 unidades de vivienda en el 2011 a 18 294 el año pasado, según datos de Smart Research.

    En Guayaquil se registró un descenso en la oferta. Esta disminuyó de 13 716 en el 2011 a 13 064 el año anterior.

    Para Roberto Vega, gerente de Smart Research la reducción de las tasas de interés es positiva, pero cree que el porcentaje de proyectos y constructores beneficiados no será tan grande como se piensa en principio.

    Joan Proaño, gerente de la constructora Proaño Proaño, sostiene que para aprovechar las nuevas tasas los proyectos deben tener al menos 100 unidades de vivienda. Además, considera que se necesita un reglamento claro y de largo plazo.

    La Corporación Financiera Nacional tiene un programa de créditos para los constructores de hasta USD 70 000 a una tasa de 6,5%, un plazo de 5 años y un período de gracia de 18 meses.

    La entidad financia hoy a 10 proyectos con 2 278 unidades de vivienda; en eso invierte USD 73 millones.

    El costo del lote frena los proyectos sociales

    El elevado costo del terreno es la limitante que tiene la capital azuaya, para generar proyectos de interés social y cubrir su déficit de 15 000 soluciones habitacionales.

    En el área urbana el costo de cada metro cuadrado oscila entre los USD 350 y 900, de acuerdo con datos de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Con las modificaciones realizadas para acceder a los créditos de vivienda, los constructores tienen un reto, dice el presidente de la Cámara cuencana, José Medina.

    Pero le parece muy complicado ejecutar unidades habitacionales para la categoría de vivienda de interés social (USD 40 000) y más bien apuntarán a las de menos de USD 70 000.
    Medina dice que casi la totalidad de los proyectos que se ejecutan en la urbe no bajan de los USD 90 000. “Al cuencano le gusta vivir en casas y con áreas verdes y con un diseño casi personalizado en los acabados. Eso encarece el costo”. Los terrenos subieron de precio desde hace más de una década, por la demanda de los emigrantes y ahora con la llegada de los 8 000 extranjeros que se radicaron.

    Uno de los proyectos más económicos de la ciudad lo ejecuta la constructora León y Carpio. Según su representante, Mauricio León, se trata de un condominio de 300 casas en la parroquia rural de Ricaurte. Cuestan USD 58 000 y tienen 84 metros cuadrados de construcción.

    Para reducir el costo, León fabrica con nuevas técnicas que permiten acelerar la obra y estandarizó los acabados. “No es fácil ejecutar estos proyectos, porque el precio del terreno es alto”.

    El Municipio presentó un proyecto de vivienda solidaria en la parroquia Ochoa León. Serán 606 casas y departamentos, de las cuales 450 son de interés social y costarán USD 40 000. Tendrán 65 metros cuadrados de construcción.

    Cuenca En esa ciudad es complicado ejecutar soluciones habitacionales ‘económicas’. Foto: Xavier Caivinagua/ LÍDERES.
    Cuenca En esa ciudad es complicado ejecutar soluciones habitacionales ‘económicas’. Foto: Xavier Caivinagua/ LÍDERES.

    La vivienda de interés social consta en los planes público y privado

    Mucho Lote es uno de los planes habitaciones de interés social que el sector público impulsa en Guayaquil. Mucho Lote y Mi Lote, en sus varias etapas, son los programas estrella de vivienda de interés social que la Municipalidad de Guayaquil promueve. Estos proyectos se consolidan en el norte y en el noroeste de la urbe.

    El Cabildo se vale de constructoras privadas para la edificación de las villas. Mucho Lote 2, por ejemplo, se divide en una serie de urbanizaciones asentadas a lo largo de la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, una zona de alto desarrollo urbanístico de la urbe.

    Según el alcalde Jaime Nebot, en el lugar se edificarán unas 10 000 villas. De estas, hasta finales del 2014 se había levantado más del 50%, según el Cabildo, a través del financiamiento con bancos privados y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

    Las casas tienen un precio que promedia los USD 23 000. Villa Victoria, uno de los programas dentro del plan municipal, promueve casas de 85 metros cuadrados en un terreno tipo de 78 metros cuadrados, a un costo de USD 24 500. Las villas son publicitadas como una opción habitacional, especialmente para familias jóvenes de clase media.

    Mi Lote 2 es otro programa habitacional municipal que empezó a promoverse en el 2014, con una oferta de 10 000 soluciones habitacionales que comprenden terrenos con casas. Esta propuesta de interés social consiste en villas de una y dos plantas en un terreno de 96 metros cuadrados, con un precio mínimo de USD 20 000.

    Acceder a estas viviendas populares tiene una condición principal: pueden calificar quienes comprueben que han vivido en Guayaquil, durante los últimos cuatro años.

    El sector inmobiliario privado se muestra optimista con este impulso al desarrollo de vivienda de interés social.

    Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), considera que la tendencia es hacia un crecimiento de las ofertas habitacionales de interés social. “Antes del 2009, la mayor parte de nuestra oferta era de propiedades arriba de los USD 60 000. Desde ese año esa tendencia se revirtió, y ahora se acerca más a los nichos y grupos sociodemográficos que tradicionalmente han tenido menos acceso a la vivienda”.

    En mayo del 2014, el Biess ya dio un paso en el sentido de reducir los tiempos para acceder a una vivienda. Ese mes, la entidad firmó convenios con nueve promotoras inmobiliarias de Guayas que agrupan 23 proyectos de vivienda para acelerar las entregas. Hasta ese mes, según los reportes del Biess, de los 71 300 préstamos hipotecarios entregados en el país, alrededor de 53 000 fueron de hasta USD 60 000.

    El representante del gremio inmobiliario identifica otros factores que pueden incidir en el crecimiento del crédito para vivienda social: mejorar los limitantes del trámite de propiedad horizontal; condiciones de crédito más ventajosas, con plazos distintos, e incentivos como un mayor plazo de pago y menores tasas de interés.

    Hermel Flores, expresidente de la Cámara de la Construcción de Quito, dice que el perfil de comprador de este tipo de vivienda es el afiliado a la seguridad social. “Hoy no hay oferta para el 70% de los afiliados, ese grupo no puede comprar vivienda. Es gente que quiere ubicarse en un mejor sector de la ciudad”.

    Ciudad Jardín se levanta en el sur de Quito. Hasta el momento cuenta con 800 departamentos. Foto: Paúl Rivas / LÍDERES.
    Ciudad Jardín se levanta en el sur de Quito. Hasta el momento cuenta con 800 departamentos. Foto: Paúl Rivas / LÍDERES.
  • en el azuay ya se trabaja en un catastro

    En Azuay, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existen 49 263 viviendas arrendadas. No hay datos sobre el número de locales comerciales, oficinas, terrenos, galpones y otros predios comerciales. Sin embargo, desde el Municipio de Cuenca, este año, se inició un barrido catastral en las zonas rurales para legalizar los terrenos y obtener una base de datos para identificar las zonas que no están registradas en la entidad municipal.

    Esta es una iniciativa del Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales (Sigtierras), que hasta el momento ha levantado información de 1 500 predios ubicados en la parroquia El Valle, según Pablo Peñafiel, director de Avalúos y Catastro del Municipio de Cuenca. La recolección de la información se ejecuta a través de brigadas que realizan encuestas a sus propietarios, quienes reciben un plano topográfico gratuito de los terrenos. Peñafiel explicó que como hay personas que no cuentan con las escrituras de los predios, éstas se han acercado a averiguar cómo legalizar.

    Para el asesor inmobiliario, Antonio Medina, este trabajo que realiza el Municipio es clave para identificar los predios que existen y ver si se cumplirá, con rigurosidad la nueva Ley de Inquilinato. Desde su experiencia lo que más se arrienda en Cuenca son oficinas y viviendas que, según el sector, por unos 80 m2 se pagan alrededor de USD 400.

    Los locales comerciales no tienen un comportamiento similar al resto del país, explica Medina. La razón es que el centro de Cuenca es el corazón comercial de la ciudad y no hay muchos locales. Sin embargo, lo que sí hay es 120 zaguanes adaptados para comercializar productos como ropa, calzado, café, dulces, etc.

  • El mercado del arriendo está en alerta

    Redacciones quito, guayaquil y cuenca

    Alrededor de USD 200 millones están en juego con la neuva Ley de Inquilinato, que se encuentra en manos del Presidente de la República para su aprobación o veto, decisión que deberá tomarla hasta en 30 días.

    Ese monto de dinero está principalmente enfocado en la obligación que se crea de depositar dos cánones de arrendamiento mensuales en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF). Según explica el impulsor de estas reformas, el asambleísta Mauro Andino, «se determinó que la garantía se exija solamente cuando al arriendo supere el 50% de la remuneración básica del trabajador en general. Es decir, cuando el canon pase de USD 159. Solo ahí se determinará, máximo, dos cánones como garantía. Este valor ya no va a manos del propietario sino a una cuenta del BNF para precautelar el dinero que corresponde al inquilino como garantía y también para garantizar los derechos del propietario. Es decir, para las partes por igual».

    Pero para el presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, Hermel Flores, en este punto radica, precisamente, la mayor preocupación de las reformas realizadas a la Ley de Inquilinato. El dirigente gremial se pregunta cómo se va a manejar ese dinero y si se devolverá los intereses que una cantidad de esa naturaleza generaría en dos años. «Como arrendatario, me gustaría que, al menos, me devuelvan 5% de intereses que hace años era una figura que se utilizaba».

    Sin embargo, su análisis va más allá. Flores explica que la cantidad de personas que arrienda en el país es bastante grande y no está cuantificada ni establecida oficialmente. «Conforme el Censo del 2010, el 21,4% de las viviendas en Ecuador es arrendada, eso significa 816 664. Es una cantidad bastante grande, pero no hay estadísticas que muestren qué está pasando. Esto solo lo determinó el Censo, pero la mayoría de contratos no está registrada en los municipios. Allí se han registrado las edificaciones, las propiedades, pero no si está o no arrendada».

    Con esta cifra (816 664 viviendas arrendadas), si la Ley pasa tal cual, significaría que cada uno de los propietarios debería destinar dos cánones mensuales de garantía hacia las cuentas del BNF. «A grosso modo, en nuestros cálculos estimamos que unos USD 200 millones pararían en manos públicas. ¿Qué se va a hacer con ese dinero?» se pregunta Flores.

    Para el ingeniero Diego de la Torre, la tarea más engorrosa será levantar un catastro apegado a la realidad y lo más exacta posible. «Va a ser una tarea titánica y no sé si se van a tener los recursos suficientes para levantar esa información. Las oficinas de registro de arrendamientos tendrían que convertirse en una especie de ‘policías de arriendos’ para controlar si los contratos se están registrando o no. Actualmente, en el país se desconoce a ciencia exacta cuántas personas arriendan. Mucho es informal».

    En la misma línea se pronuncia la corredora inmobiliaria Francisca Gutiérrez, para quien no solo es la falta de catastro sino que en las reformas a la Ley no se establece explicítamente qué sucederá con los locales comerciales, oficinas, galpones, terrenos, etc. «Un catastro de todo ello es aún más difícil de levantarlo. Pero la Ley misma no especifica nada acerca de este tipo de bienes inmuebles».

    Andino también coincide en que será una ardua tarea, pero explica que es una obligación que deberá cumplirse. «Es difícil que se pueda controlar que todos los propietarios de los inmuebles inscriban sus bienes y contratos. Ahí hay una tarea para la oficina de Registro de los municipios. Algo importante: si un propietario no inscribe el contrato en la oficina municipal corre varios peligros: si quiere demandar al arrendatario, no lo podrá hacer ya que debe presentar el contrato inscrito y, adicionalmente, deberá presentar el certificado del canon de arrendamiento establecida por la oficina municipal».

    Mientras esto se debate, otro sector también ha lanzado su alerta: el turístico. El empresario hotelero Gabriel Torres, por ejemplo, desconoce qupe sucederá con el tema de los arrendamientos por temporada que se realizan en varios sitios turíticos. «Si arrendamos por semanas o hasta unos pocos meses, ¿la garantía que solicitamos también deberá depositarse en el BNF? Me preocupa la ambigüedad de las reformas propuestas».

    Las autoridades, sin embargo, siguen adelante y habrá que esperar el reglamento de la Ley.

  • Aún falta desarrollo e investigación en el país

    Redacciones Quito y Loja

    Ecuador produce energía a partir de biomasa (bagazo de caña o leña) desde hace varias décadas, pero otras como la eólica (viento) y la geotermia son nuevas para el país. De estas, solo las dos primeras se han desarrollado.

    Las plantas de biomasa se han implementado por iniciativa privada y se destacan Ecoelectric, San Carlos y Ecudos. Estos proyectos aprovechan los residuos que resultan de los procesos de la caña. Con ellos, producen vapor, el cual es conducido a turbogeneradores para generar energía eléctrica que usan en sus procesos industriales.

    La incursión en energías eólicas es más reciente. En el 2007 entró en operación el primer parque eólico de Ecuador compuesto por tres aerogeneradores, de 2,4 megavatios (MW), en Galápagos.

    El Estado retomó este tipo de proyectos en el 2011 cuando empezó la construcción del primer proyecto eólico en el sur de Ecuador continental, Villonaco.

    El proyecto aportará con 16,5 MW de energía, 0,03% del Sistema Nacional Interconectado. El Gobierno Nacional invirtió alrededor de USD 36 millones en esta obra, donde comenzaron las pruebas de cada aerogenerador (11 en total) el 16 de diciembre pasado. Se espera que en los primeros meses del 2013 se esté generando energía.

    Además de ello, la estatal Elecgalapagos promueve otro proyecto de este tipo, pero de 2,1 MW en la Isla Baltra.

    En general, el potencial eólico del país podría alcanzar 165 MW hasta el 2017, según los proyectos adicionales que están en estudio por el Conelec. Aunque aún falta investigación para determinar el mapa eólico completo de Ecuador, según el propio organismo.

    Aunque la exploración geotérmica (vapor proveniente del interior de la tierra) empezó en 1978, especialmente a cargo del ex Inecel (hoy Celec), el país aún no ha instalado ningún proyecto. El organismo determinó, con estudios iniciales, un potencial de 500 MW en 11 proyectos. De estos, en cuatro se desarrollarán estudios más profundos.

    Un factor que limita la inversión en estos proyectos es la falta de claridad en la figura legal para explorar las zonas con potencial (concesión, títulos, etc.).

    Pero para Miguel Castro, experto en energía y ambiente, el problema de la energía en el país no solo pasa por la generación u oferta. “Energía no es solo luz eléctrica, también es consumo”. Señala que se debe pensar en políticas para reducir el consumo de energía. También cree que es necesario apoyar iniciativas de desarrollo tecnológico en el país. Menciona el proyecto de biodiésel de la Universidad Católica de Quito, que permitiría generar biocombustibles a partir de desechos de plátano, etc.

    Cree que la dependencia del país al crudo, en términos fiscales, es también otro factor por considerar en el desarrollo de estas tecnologías, pues mientras el Estado desarrolla energías limpias, también amplía la frontera petrolera.

    María Amparo Albán, del Ceda, sostiene que los subsidios a los combustibles también frenan el desarrollo de nuevas energías. “Eso nos lleva a derrochar energía, porque no pagamos el costo real”. Esto se evidencia, por ejemplo, en que la intensidad energética, es decir la energía usada por cada USD 1 000 producidos en la economía, fue 1,7% en el 2011, mayor al de Perú (1,03%) y Colombia (0,91%), según la Olade.

  • La vivienda ideal: mezcla de servicios y ubicación

    En los últimos cinco años, las grandes batallas en ingeniería civil para las constructoras porteñas se han suscitado en escenarios, relativamente, cercanos: vía a la Costa y Samborondón.

    Para Clare Bonnard, representante de constructora Osier y la promotora A’lure, la zona de mayor expansión inmobiliaria es la ubicada al oeste de la urbe. Por ese motivo están desarrollando dos nuevos proyectos urbanísticos.

    Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales se desarrollan estos sectores y qué es lo que ofrecen a los clientes? Según Walter Idrovo, gerente general de Solvem (negocios inmobiliarios), un factor para la dinamización de la vía ala Costa se relaciona con la idiosincrasia del cliente porteño: la cercanía a los balnearios de General Villamil y Santa Elena que atraen a jóvenes familias.

    Además, los proyectos de edificación del nuevo aeropuerto en estos sectores aledaños proporcionan, desde ya, una mejor plusvalía. Los proyectos urbanísticos buscan satisfacer las necesidades del habitante con un concepto de urbanización que se asemeja más a una ‘ciudad’ en la que todo esté al alcance.

    Una opinión similar es la de Juan Carlos Concha, gerente comercial de Sambo City y Villa España, de la promotora Urbanis. Él afirma que los clientes consideran elementos de valor agregado como la seguridad, la ubicación, las áreas de recreación y otros servicios.

    Por ejemplo, Sambo City (ubicado en la vía La Puntilla-La Aurora), ofrece a sus residentes transporte privado hasta la vía a Samborondón. Además, allí se edifica la plaza deportiva Plaza Sports. “Las familias buscan tener la mayor cantidad de servicios cerca del hogar”. Aquí, las casas van desde los USD 38 000.

    Hay otros sectores donde los proyectos inmobiliarios ganan valor. Tal es el caso de Villa España, ubicada en Mucho Lote (norte). Según Concha, el fuerte de esta ciudadela es ser considerada una opción para la pujante clase media.

    El directivo de Urbanis añade que cuando se inició la construcción de Villa España (2004), una casa de 45m² costaba unos USD 7 900. Hoy, una vivienda de similar -de la segunda etapa- se comercializa en los USD 21 800.

    El incremento en la plusvalía de las casas de Villa España, ubicada en el norte de Guayaquil -según se explica Concha-, se puede relacionar con el desarrollo de mega proyectos estatales en la zona. Tal es el caso del Parque Samanes diseñado en una extensión de 370 hectáreas, para mencionar un ejemplo.

    En cuanto al estilo arquitectónico que se ofrece, la tendencia en Guayaquil y Samborondón son los diseños de viviendas contemporáneos con influencias anglosajonas y europeas, asegura Fernando Suárez, gerente de ventas de la constructora Traverso & Pérez.

    Ésta firma ha realizado cuatro proyectos inmobiliarios en los últimos cinco años; tres de ellos en la vía a la Costa y uno en Punta Blanca (Santa Elena). Sus viviendas se ofertan desde USD 90 000.

  • El paisaje urbano crece al norte y al oeste

    En el 2011, según datos del Instituto Ecuatoriano del Cemento y Hormigón, se vendieron 1,27 millones de toneladas de gris cemento. Aquella cifra superó al comercializado en Pichincha de un total de 5,7 millones.

    Aquel dato referente a la comercialización se materializa en los más de 60 proyectos urbanísticos que tejen nuevas urbes en estos dos polos: vía a la Costa, al oeste de la urbe y Samborondón (norte).

    Según datos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), el 2012 en Guayas se realizaron 4 259 operaciones netas de crédito para adquisición de vivienda terminada. Este rubro, equivale a más de USD 204,3 millones entregados por la entidad pública. Aquello es una muestra evidente del cada vez más sentido aspiracional de la familia porteña: conseguir y habitar en un inmueble propio.

    Así lo considera Héctor Macías, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas (Acbir), gremio que cuenta con más de tres décadas en el mercado local. Macías añade que la facilidad en el acceso a un financiamiento ha motivado esta nueva realidad.

    Aquella tendencia tiene un punto de despegue en la sociedad guayaquileña desde hace dos años. Esto, marcado con el ingreso de la entidad pública en el sistema financiero ecuatoriano.

    La actuación del Biess ha generado cambios en los otros actores del sistema financiero, como bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito, en las condiciones del crédito para sus clientes.

    Carlos Calderón, quien se desempeña como mediano importador en Guayaquil, cuenta que optó por un crédito del Biess ante la constante negativa de las entidades privadas. Intentó por cuatro veces aplicar a un crédito hipotecario desde hace una década sin éxito alguno.

    Hoy, tras acceder a una vivienda en una urbanización del km. 10 de la vía a la Costa, con un préstamo del Biess que aspira cancelar en los próximos 25 años, explica que su principal preocupación fue la de no sobrepasar su capacidad de endeudamiento.

    Otra de las preocupaciones del cliente -añade Macías- más allá de las relacionadas con la ubicación geográfica de la urbanización o condominio, es el cumplimiento de los plazos por parte de las empresas inmobiliarias.

    Para el caso de la familia de Calderón, entre el inicio del proceso para la aplicación al préstamo hipotecario, la entrega del inmueble y el respectivo festejo familiar por la adquisición de la nueva vivienda, transcurrieron ocho meses.

    La importancia cultural de conseguir un inmueble propio es, según lo considera Walter Idrovo, gerente general de la firma de negocios inmobiliarios Solvem, la ventaja para este latente sector.

  • Argentina se radicaliza tras una década

    La política económica en Argentina lleva la misma línea ya una década. Desde el 2003, los Kirchner (primero Néstor y luego su esposa, Cristina) tomaron las riendas del país y no las han soltado. La toma del poder por parte de la pareja se dio en un escenario favorable de recuperación económica, muy común en los ciclos económicos, después de la profunda crisis financiera y social vivida por ese país entre 1998 y el 2002.

    La fórmula aplicada para alentar la expansión de la economía fue simple en su forma: incrementar el consumo. Con ese paraguas, desde las diferentes aristas de política económica se fueron engranando las diversas estrategias de política económica. Y en este escenario, el control de la divisa fue clave para que el Estado participara y definiera el horizonte en el mercado cambiario.

    Esto, según el economista argentino Alberto Carrizo, permitió impulsar las exportaciones (vía devaluaciones controladas), controlar la salida de dólares del país, incrementar el gasto público, etc.

    «Considero que fueron medidas acertadas en su momento. Pero hoy, la permanente incursión estatal en las actividades privadas y hasta personales está pasando factura a los argentinos. ¿Estamos bien? Y bueno, depende. Al corto plazo, quizás sí. A largo plazo, parece que no tanto», sostiene el especialista.

    Pero la presidenta Kirchner se vanagloria de los éxitos de los últimos diez años y enfiló principalmente contra la administración de la deuda externa. «Argentina está dispuesta a pagar, pero solo en las mismas condiciones aceptadas por los acreedores que adhirieron a las reestructuraciones de deuda del 2005 y 2010». También reivindicó medidas adoptadas como la nacionalización de los fondos de jubilación y pensión y la expropiación de filiales multinacionales.

    Esto, para Carrizo, es un mensaje claro de la radicalización del discurso socialista, que ha venido paulatinamente en aumento desde que están los Kirchner.


    La receta

    Manejo cambiario. Los argentinos deben reportar el origen y el destino de los dólares en su poder. Así se quiere evitar la salida de divisas.

    Control de precios. Menores ganancias para los productores. El control en los mercados causa desabastecimientos.

    Nacionalización. Empieza la nacionalización de empresas que supuestamente incumplen, como la petrolera YPF.

    Manejo de recursos.  Control estatal sobre los recursos naturales y estratégicos, con fines ambientales y financieros.

    Comercio exterior. Devaluaciones permanentes que abren conflictos comerciales con naciones vecinas.

  • Nicaragua sigue de cerca a sus socios bolivarianos

    El endeduamiento externo está asfixiando a Nicaragua. Sus presupuestos no solo que deben financiarse con recursos externos sino que se destina un buen porcentaje al pago del servicio de la deuda. En este punto camina en la vía distinta a los países llamados del nuevo socialismo, los cuales han hecho precisamente lo contrario: dejar de pagar aquello que han determinado como «deuda ilegítima».

    Para el catedrático Carlos Julio Dávila, la alineación actual de Nicaragua tiene que ver más con una posición ideológico-política que con una directriz económica. «Este país aún mantiene los vicios de un país en desarrollo, es decir, grande´s déficits fiscales, gastos excesivos, entre otros. Pero es de suponer que en los próximos años adaptará sus políticas a lo que está aprendiendo del modelo de sus socios socialistas».

    De hecho, la postura del Régimen se ha endurecido cada vez más. Y por ello apunta su mirada hacia el grupo de países «recolucionarios» reunidos bajo la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), de donde está aprendiendo.

  • las dudas aumentan en quito y guayaquil

    Una serie de interrogantes circulan entre quienes tienen en el arrendamiento una fuente de ingresos.

    Teresa de Jirón, arrienda a la Universidad Internacional, en Quito, una vivienda en el Valle de los Chillos en el Sector de San Rafael. Su contrato se renovó en el 2012 para ocho años. El valor de arrendamiento es de USD 6 000 al mes en el sector. El terreno cuenta con parqueadero para los estudiantes y las instalaciones necesarias para que funcione el sistema de servicios de la Facultad de Odontología de la Universidad. Ella de igual manera renta un departamento en su edificio en la Brasil frente a Teleamazonas por USD 640, el departamento es una suit (un cuarto, baño y sala de estar). Estos departamentos son viviendas temporales para empresarios que se hospedan en un periódo menor a tres meses.

    «Espero que se respeten los contratos legales con los arrendatarios y que los estatutos que ya se han acordado se mantengan. Ojalá la normativa se aplique solamente a los nuevos contratos para que no afecten mi ingreso. Mientras se respeten los acuerdos no habrá ningún inconveniente con la ley en el futuro».

    Por su parte, los hermanos Ángela y Rodrigo Galárraga arriendan un local en las avs. Colón y Amazonas al restaurante La Tablita del Tartaro. Tienen un contrato de arrendamiento por 10 años y cobran USD 8 000 al mes. El terreno donde está el local cuenta con dos pisos subterráneos para parqueaderos y dos pisos superiores para oficinas. «La ley va a afectar nuestro negocio si en el sector diminuyen los arriendos. Es nuestra única fuente de ingreso porque al momento estoy desempleada», dice Ángela. Mientras que a Rodrigo el arriendo le permite pagar la colegiatura universitaria de sus dos hijos en Alemania y, si el canon disminuye, no podrá solventar su educación.

    En Guayaquil, las preocupaciones son similares. Gustavo Pereira lleva 26 años en el negocio inmobiliario. Según él, en los alquileres comerciales la dinámica está regida por las rentas que pueden obtener las firmas al instalar su negocio en tal o cual sitio. Las costos para el arrendamiento de espacios para actividades comerciales se determinan por metro cuadrado. «Esa es la duda. En todos los casos, las actividades de alquiler comercial mantienen un riguroso control del Servicio de Rentas Internas».

    Otro dato El manejo de los anticresis también genera una interrogante. ¿Cuánto dinero deberá ser entregado a la cuenta del BNF? es la duda.

  • El gasto público es el sustento para Ecuador

    Si hay algo que ha logrado la ‘Revolución ciudadana’, durante los seis años que está al frente de la economía ecuatoriana, ha sido cambiarle el rostro -físicamente hablando- al país.

    La histórica cantidad de recursos que durante este tiempo ha manejado el Estado le ha permitido imponer políticas económicas apegadas a un fuerte gasto público. Al no disponer de una política cambiaria, el objetivo se centró en armar todo una estructura donde los recursos ingresen permanentemente.

    De esta manera, vio en la política tributaria una herramienta vital para asegurar los fondos presupuestarios. Según explica el analista Andrés Romo, «el ajuste de tuercas en materia impositiva ha permitido poco a poco disponer de mayor cantidad de fondos. Sumado a esto precios del barril promedios del orden de los USD 90, ha facilitado el escenario para tener carreteras de primer orden, edificar infraestructura necesaria y sostener un gordo aparato burocrático».

    Ese cambio en la fisonomía es el orgullo del Gobierno ecuatoriano, quien asegura de manera constante que las inversiones en salud y educación han sido históricas y que hoy más que nunca el desempleo y la pobreza han disminuído.

    Sin embargo, todo este andamiaje también ha tenido una cara B: el fuerte impulso al consumo ha desarrollado una economía con fuerte presencia de importaciones. Además, los requerimientos para financiar los presupuestos anuales han obligado a incrementar la deuda externa (con China) e interna (emisión de bonos) y a diseñar leyes que cada vez presionan más al sector privado.

    La aplicación de la metodología socialista es similar con la de sus socios: renegoció su deuda e incumplió los compromisos asumidos con los Global 12 y 30; mantiene un control, vía impuestos, a la salida de divisas; entró a los mercados a regular los precios; y, aunque no lo ha hecho, también abrió la opción de expropiar bienes de firmas extranjeras.

    La receta
    Manejo cambiario.  Aumento paulatino del Impuesto a la Salida de Divisas, para mantener la moneda estadounidense y proteger la dolarización.

    Control de precios.  Regulación y control de los precios de 46 productos y evitar los fenómenos especulativos.

    Nacionalización. Se renegoció los contratos petroleros. Y se advirtió de expropiar a quienes incumplen.

    Manejo de recursos. Total dirección de los puntos clave: petróleo, minería a gran escala, combustibles, etc.

    Comercio exterior. Congelados los tratados comerciales con EE.UU. y la Unión Europea, socios principales.