Los representantes del sector financiero Popular y Solidario se reunieron ayer, jueves 17 de agosto de 2017, con el presidente Lenín Moreno, con el fin de presentar propuestas para promover el crecimiento del sector a través de la inversión social.
En la cita los voceros del sector plantearon cuatro propuestas. Pidieron un incremento de inversión para el desarrollo local mediante la promoción de empleo e inclusión económica; la reactivación del crédito de vivienda; y la consolidación de la institucionalidad de cooperativas de ahorro y crédito mediante la adecuación del Código Orgánico Monetario y Financiero.
Una cuarta propuesta fue que se fortalezca el sistema popular y solidario a través de la vinculación a medios de pago electrónico.
Moreno destacó la importancia del diálogo con los actores del sector de las cooperativas de ahorro y crédito, pues representan el 12% del Producto Interno Bruto (PIB). “El sector de la Economía Popular y Solidaria para nosotros tiene una importancia fundamental”.
En el diálogo estuvo presente Kléver Mejía, superintendente de Economía Popular y Solidaria; Juan Pablo Guerra, presidente de la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse), así como representantes de otras organizaciones que pertenecen a Asofipse.
Esta agrupación está integrada por organizaciones del sector financiero popular y solidario que representan al 90% de depositantes del sector cooperativo.
Juan Pablo Guerra, presidente de Asofipse, destacó que las cooperativas de ahorro y crédito tienen más de 6 millones de socios, «aportado en los últimos años al crecimiento y estabilidad de la economía del país».
El sector tiene actualmente una participación del 65% en el sector rural, captando al año USD 8,3 millones en depósitos, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
El sector cooperativo popular y solidario capta en promedio unos USD 8,3 millones en depósitos. Foto: Cortesía
La normativa que permite a las cooperativas de ahorro y crédito emitir y operar tarjetas de crédito es uno de los principales cambios regulatorios que se aplicaron para estas instituciones financieras del Ecuador. Desde octubre pasado, la Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) fue la pionera con este servicio.
Una vez que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria entregó la autorización, esta cooperativa azuaya, que es considerada como la más grande del país por su nivel de activos, entrega a sus socios las tarjetas internacionales Visa y Mastercard.
La Cooperativa JEP tiene tres presentaciones. La primera es la denominada Clásica, que tiene un cupo límite de hasta USD 1 000. La Oro hasta USD 5 000 y la Signature hasta 20 000.
Según el director ejecutivo de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, es uno de los logros más relevantes para este sector y, en la actualidad, ya hay otras instituciones que realizan el proceso de calificación para también ofrecer este servicio a sus socios.
Guerra dice que las cooperativas no solo deben tener la voluntad de hacerlo sino, fundamentalmente, demostrar que cuentan con las condiciones técnicas e institucionales para emitir una tarjeta de crédito. “La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria garantiza el correcto funcionamiento de este servicio”.
Por otro lado, Guerra señala que a través de la Asociación de Organismos de Integración del sector Financiero Popular y Solidario han entregado propuestas de normativas para mejorar la regulación del sector y consolidar su crecimiento.
Entre otras, destaca, las políticas para el financiamiento de la vivienda de interés público. Además, entraron en vigencia las reformas para el fondo de liquidez del sector popular y solidario y una norma para el sostenimiento de las cooperativas relacionado con la constitución de las provisiones de los activos de riesgo.
Para el sector también rigen regulaciones que permiten analizar y canalizar las políticas de inversión del seguro de depósitos y gestión del riesgo del crédito.
“Estos lineamientos tienen el objetivo de motivar la prudencia financiera y, sobre todo, la calidad de las instituciones”, dice Guerra.
Para el representante cooperativo, eso no representa que la totalidad de las expectativas del sector se hayan cumplido porque hay tareas pendientes. Según él, han planteado propuestas para la capitalización del sector y el manejo de la prudencia financiera en términos de la entrega de información, “que fueron presentados a la Presidencia de la República”.
También, quieren tener más participación del sector popular y solidario dentro de las negociaciones que hace el Estado. Por ejemplo, plantearon la necesidad de que las inversiones que el Estado hace comúnmente en el sector tradicional también puedan ser canalizadas a través del sector popular y solidario.
Entre otras, Guerra menciona la cancelación de los sueldos a los servidores públicos y el pago del bono de desarrollo humano. “Son propuestas específicas porque el sector se encuentra listo y preparado para asumir esos desafíos”.
La Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista emite y opera tarjetas de crédito desde el año pasado. Foto: Giovanni Astudillo / LÍDERES
Los canales digitales también llegaron a las entidades del sector financiero popular y solidario.
El proyecto -denominado Cooperativa Digital– que ya se encuentra en su fase piloto permitirá, en primera instancia, que los clientes de las cooperativas puedan realizar sus transacciones financieras desde diversos dispositivos (web, celular, tablets, etc.), efectuar pagos mediante billetera móvil, ver sus estados de cuenta desde un computador y otras facilidades.
Al frente de la iniciativa está la Caja Central Financoop, una institución que integra el sistema cooperativo de ahorro y crédito del país, que agrupa a 115 cooperativas de ahorro y crédito, con 5 millones de clientes a escala nacional.
Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financoop, cuenta que entre los nuevos servicios que pueden ofrecer las cooperativas están cheques digitales; este es uno de los primeros servicios que han implementado.
La plataforma, explica Bautista, incorpora nuevos canales y permite realizar transacciones por medio de la página web y celular.
Al momento, las cooperativas de Atuntaqui (Imbabura) y Riobamba (Chimborazo) se encuentran en proyectos piloto de este servicio y se sumarán las cooperativas de Santa Rosa (El Oro) y Ambato (Tungurahua) para probar el nuevo sistema.
Otras cooperativas, sostiene Bautista, se incorporarán a partir de enero del 2017. “Hoy día las cooperativas y sus socios ya pueden hacer transacciones desde la casa”, dice Bautista. El presidente de la Caja Central Financoop sostiene que han invertido cerca de USD 200 000 para la implementación de la plataforma, que inició en mayo de este año. Para el segundo año espera que el sistema deje beneficios.
El desarrollo está a cargo de Financoop, en colaboración de la empresa uruguaya Bankingly, que tiene experiencia en el manejo e implementación de canales digitales para varias instituciones financieras del continente.
Desde marzo del próximo año está previsto implementar el servicio de tarjeta de débito y dos meses después incorporarán las de crédito. Para ello, se están asesorando con Master Card, explica Bautista.
La última fase permitirá a las cooperativas contar con cuentas corrientes (chequeras). Para ello, Financoop se encuentra trabajando con el ente regulador: la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba es una de las entidades que forma parte del proyecto piloto. Javier Vacacela, gerente de Tecnología de la Cooperativa, comenta que en junio de este año comenzaron con la implementación del sistema y confía en que esté listo para inicios del próximo año.
Vacacela sostiene que espera que el sistema facilite la vida de sus usuarios. “Podrán hacer transacciones desde su casa, eso significará ahorro de tiempo”, sostiene el funcionario de la Cooperativa.
Santiago Benalcázar, gerente de la Cooperativa Atuntaqui Ltda., cuenta que desde el mes pasado trabajan en la implementación de los nuevos servicios. Actualmente, se encuentran en operaciones de prueba y esperan que el sistema esté listo el próximo año.
Bautista ademas comenta que la plataforma podrá también interconectarse a la plataforma de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador, para poder ofrecer este servicio a sus usuarios. Para ello, ya trabajan con la entidad.
Marín Bautista, gerente general de la Caja Central Financoop (centro) está al frente del proyecto digital. Foto: Cortesía Financoop
Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) es la primera cooperativa de ahorro y crédito del Ecuador autorizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para emitir y operar tarjetas de crédito.
Una vez que fue notificada esta entidad financiera azuaya, que el próximo 31 de diciembre cumplirá 45 años, ya entrega las tarjetas internacionales Visa y Mastercard. Son tres presentaciones. La primera es la denominada Clásica, que tiene un cupo límite de hasta USD 1 000. La Oro con cupo hasta USD 4 000 o 5 000 y la Signature hasta 20 000.
El gerente general de la JEP, Floresmilo Alvear, aclara que el monto depende de la situación económica de cada socio de la cooperativa de ahorro y crédito.
Esta tarjeta es entregada de forma exclusiva a los socios de la institución, que en total suman más de 650 000, quienes están en las provincias de Azuay, Morona Santiago, Los Ríos, Loja, Pichincha, Santa Elena, entre otras. La matriz está ubicada en el centro de la capital azuaya; además la entidad tiene 42 agencias.
Alvear dice que existe un importante porcentaje de socios que no ha podido acceder a tarjetas de crédito emitidas por otras instituciones financieras. Por ello, agrega, hay un buen nicho de mercado que está demandando las tarjetas.
Por lo general, explica, son pequeños comerciantes, micro-empresarios, emprendedores o empleados públicos y privados. “Hemos tenido un pedido permanente por parte de los socios… Los cupos serán acomodados a su capacidad de pago”.
Las primeras tarjetas ya fueron entregadas luego que recibieron la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el pasado 27 de octubre.
Los ejecutivos de la JEP tienen previsto entregar unas 20 000 tarjetas de crédito hasta finales de este año. Alvear indica que, en la actualidad, se realizan los ajustes logísticos para entregar de forma masiva. Hay varias alternativas con entregas directas en las oficinas o domicilios o entrega a través de los couriers.
La meta de emisión para el 2017 aún no está definida y se fijará en el plan operativo y estratégico de la institución, que está en análisis, señala Alvear. “Ya se realizaron pruebas en el país y en el extranjero y no han existido inconvenientes en las transacciones”.
Según el director de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), Juan Pablo Guerra, este nuevo servicio demuestra el desarrollo del sector, que empezó tras la crisis económica de 1999, pero también implica un desafío porque representa un referente para el sector cooperativo. De acuerdo con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con esta autorización se beneficia a un gran número de socios del Azuay y del país, “para quienes hasta hace poco no era posible tener una tarjeta de crédito, lo cual, sin duda dinamizará la economía de microemprendedores y emprendedores…”.
Juventud Ecuatoriana Progresista Esta cooperativa prevé entregar 20 000 tarjetas este año.
El gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, Gonzalo Vivero, analiza el escenario que atraviesa el sector cooperativo, en medio de la liquidación de dos entidades y la recesión que atraviesa el país. Para el futuro, señala, hay que ser innovadores.
La reciente liquidación de las cooperativas Acción Rural y Cacpet, en Chimborazo y en Tungurahua, respectivamente, llamó la atención y generó inquietud. ¿Qué lectura tiene sobre lo sucedido?
Por lo que he leído se nota que hubo una mala gestión y un mal control en cuanto a la administración de esas dos cooperativas, abusos que probablemente no fueron controlados en su debido momento y que originaron inconvenientes en la parte financiera de las dos entidades. Por esto considero que es básico e importante que las cooperativas de ahorro seamos reguladas de manera que siempre estemos proyectando tranquilidad y confianza al público. Los controles deben divulgarse con la debida oportunidad, para que los socios y los clientes conozcan la situación y sientan tranquilidad.
¿Han conversado entre las cooperativas sobre estas liquidaciones?
Cuando ocurren estas situaciones se desprestigia el sector y eso es lo que debemos cuidar. No hemos tenido alguna reunión al respecto con otras entidades, pero como actor y Gerente de la 29 de Octubre hago conciencia de que siempre debemos estar reforzando los controles internos, los procesos e incrementando la seguridad para generar tranquilidad. En la cooperativa que administro mejoramos la estructura y estamos efectuando muy fuertes controles de riesgos. Estamos cambiando el modelo del negocio mediante tecnología de punta para lograr procesos automáticos, cero concentración de crédito, diversificación del crédito, entre otros objetivos.
La normativa actual establece la conformación de Consejos de Administración y de Vigilancia que se reúnen periódicamente. ¿Esto se cumple?
Así es. En nuestro caso, el Consejo de Administración se reúne cada dos semanas y el de Vigilancia una vez al mes. Es normativo y lo que allí se registra, lo reportamos a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Los consejos administrativos son responsables de las divisiones de riesgos, de finanzas, del área comercial, etc. Por otro lado, el Consejo de Vigilancia revisa las actividades que se realizan en cada cooperativa, como el ingreso de personal, el trabajo con proveedores, entre otros puntos. Mientras más controles existan es mejor para nosotros. Además, hay auditorías internas y externas. Todo esto se hace para mejorar y tranquilizar al público.
Las cooperativas surgen como pequeñas organizaciones, pero algunas han crecido de manera visible. ¿Los controles son más sencillos cuando una entidad es pequeña? Como ocurre en toda organización el control es más complejo a medida que se crece. Nosotros, por ejemplo, estamos en 20 provincias y esa cobertura hay que tenerla muy controlada. Por eso es fundamental que la administración esté preparada y maneje con cuidado la liquidez, la solvencia, la morosidad, que tenga una amplia gama de servicios para competir con el sector financiero. Eso amerita control, cuidado y una división de riesgos muy fuerte.
La actual situación económica del Ecuador es complicada. ¿En el sector cooperativo hay algún efecto? Ha habido una desaceleración, pero seguimos colocando créditos. Hace pocos días lanzamos un producto para crédito de vivienda y lo hicimos, porque en las crisis hay oportunidades. La crisis no es para huir, sino para sacarle provecho. El cooperativismo no ha sido tan afectado como la banca privada por la inquietud y los rumores que surgen con mala fe. Esos comentarios en lugar de favorecer al sistema generan intranquilidad en el público que malinterpreta los mensajes.
A inicios del 2015 se proyectaba un año difícil para el sector cooperativo con varios desafíos. ¿Ustedes cómo han evolucionado? Seguimos con microcrédito, crédito de consumo, vivienda, pymes, comercial… No tenemos inconvenientes, nos gusta diversificar y tenemos una democratización de los créditos, que van desde USD 500 hasta préstamos para vivienda de hasta USD 150 000 con garantía hipotecaria. La idea del cooperativismo es diversificar los productos. No queremos que la gente acuda al sector informal y nos sentimos contentos con la gama de productos que tiene esta actividad.
¿Entonces, por lo que dice, el impacto de la situación económica es menor en el sector de las cooperativas que en la banca privada? No hay un impacto grande y si hay una desaceleración, pero por prudencia financiera, debido a una afectación al sistema financiero en general. Las cooperativas que estamos reguladas estamos fuertes, sólidas, avanzando y ganando mercado. El crecimiento frente al sistema bancario fue mejor. El año pasado el sistema bancario creció 7% y las cooperativas crecimos casi 17%, en relación con el monto que se maneja en cada segmento. Eso es interesante, porque puede haber migración de clientes al ver la confianza y las reglas de juego claras en nuestro sector. Las autoridades tienen que cuidar que los directivos de las cooperativas sean gente proba y que realmente pueda respaldar a los socios y clientes, para no cometer errores que se han dado en ciertas cooperativas.
La situación del volcán Cotopaxi también inquieta a los sectores productivos. ¿En las cooperativas tiene planes de apoyo para los socios? Hemos levantado información de aquellos clientes que puedan tener afectación con una posible erupción. En nuestra operación, no hemos encontrado mayor inconveniente, no registramos un riesgo crítico. Si hubiese una emergencia mayor nosotros tenemos que respaldar a los socios y clientes si perdiesen su trabajo, su negocio. Analizaremos, evaluaremos y ayudaremos, porque esa es nuestra obligación.
¿Hay alguna cifra de posibles socios afectados?
Es mínima, no tengo el dato exacto. En el levantamiento de información casi no tenemos incidencia, porque son muchos créditos para consumo, es decir ya están solventados. No hemos dirigido créditos a microempresas o empresas, sino a temas de orden personal como educación, vivienda, vehículos.
¿Qué perspectivas tienen en el sector para lo que queda del 2015 y cómo viene el 2016?
Por la situación que estamos viviendo como país pueden ser años un tanto complicados o restrictivos. Pero creo, y vuelvo a repetir, que en situaciones de esta naturaleza hay que buscar las oportunidades y esa es la visión que con el equipo de trabajo estamos visualizando; estamos mirando qué podemos hacer nosotros en favor del país. No nos podemos echar a morir, tenemos que buscar alternativas y soluciones para seguir apoyando a la gente, ser positivos, más innovadores y buscar por donde podemos ayudar a los socios que tenemos.
SU TRAYECTORIA
Estudios. Tiene una ingeniería comercial con especialidad en Finanzas, de la Pontificia Universidad Católica de Quito.
Experiencia. Entre 1987 y 2014 se desempeñó en Banco del Pacífico. Ocupó cargos como Vicepresidente Ejecutivo de Negocios, Vicepresidente Nacional Banca de Consumo, Vicepresidente Nacional de Negocios, entre otros. También ocupó cargos en el Banco Popular y en el Banco de la Producción. En el cooperativismo. Desde febrero de este año es el Gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, entidad financiera que opera en 20 provincias del país.
Gonzalo Vivero, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. Foto: Pavel Calahorrano / LÍDERES
La nueva normativa fue elaborada por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera; establece una segmentación de las entidades según sus activos, una tipificación de los créditos, la creación de un seguro de depósitos y de un fondo de liquidez, etc.
El sector de las cooperativas mantiene buenos indicadores, al tiempo que se acomoda a una serie de nuevas regulaciones establecidas por las autoridades económicas del Ecuador. La nueva normativa, vigente desde abril pasado, fue elaborada por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, y establece, por ejemplo, una segmentación de estas entidades según sus activos, así como una tipificación de los créditos. Además, determina la creación de un seguro de depósitos y de un fondo de liquidez; también, exige presentar el balance social.
Con el nuevo marco regulatorio, se establecieron cinco segmentos para agrupar a las 917 organizaciones del sector financiero popular y solidario. En el primero están las cooperativas que superan los USD 80 millones en activos, que representan el 2,51% del mercado. En el segmento 2 están las que tienen un patrimonio entre USD 20 millones y 80 millones (3,93%); en el segmento 3, se encuentran las que suman un patrimonio entre USD 5 millones y 20 millones (8,4%), según estadísticas de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS).
El grueso de estas organizaciones -764 entidades que se llevan el 83,32% del mercado- se encuentra en los segmentos cuatro y cinco. En el primero están cooperativas de ahorro y crédito, con activos que oscilan entre USD 1 millón y 5 millones y en el segmento cinco están cooperativas, cajas de ahorro, bancos y cajas comunales con activos menores a USD 1 millón. La segmentación de crédito también es parte de la normativa. En total, son 10 tipos: crédito productivo; comercial ordinario; comercial prioritario; consumo ordinario; consumo prioritario; educativo; de vivienda de interés público; inmobiliario; microcrédito; y de inversión pública. Otra de las normas es la creación de un seguro de depósitos. En el segmento 1, por ejemplo, el seguro cubre un monto de USD 32 000 por depositante.
Las normas mencionadas son resultado del Código Orgánico Monetario y Financiero, que rige desde el año pasado y que reemplazó a la Ley de Economía Popular y Solidaria en el aspecto específico del control de las organizaciones del sector económico popular y solidario. Eso permitió que el sector cooperativo esté vinculado con todo el sector financiero. Con ello, el control sigue a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero la emisión normativa pasó a cargo de la Junta de la Política y Regulación.
Para Juan Pablo Guerra, gerente de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), la segmentación es positiva porque no es lo mismo establecer una norma de prevención y riesgos para una cooperativa grande que para una pequeña. “Es un sector tan amplio y diverso que tiene fortalezas y debilidades”.
Además, añade, que al tener tipos de crédito se fortalecen los procedimientos crediticios. “De esta manera, tenemos un mayor orden y una mejor información”.
Geovanny Cardoso, director de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, cree que la regulación debe ser entendida como un mecanismo de fomento, no como un control persecutorio. El funcionario asegura que los controles se cumplen según el tamaño de la cooperativa. “El control implica el desempeño social, la capacidad de manejar los recursos y las relaciones con los socios y los indicadores de prudencia financiera”.
En la Cooperativa 29 de Octubre, con 380 000 clientes y socios, se están haciendo los ajustes para cumplir las regulaciones. Así lo asegura su gerente Gonzalo Vivero. Este ejecutivo piensa que con la nueva regulación lo que se quiere es tener un sistema de medición más adecuado, para saber cuánto tiene cada entidad invertido en cada segmento. “La regulación es positiva, porque se genera mayor confianza entre los actores del cooperativismo”.
Los depósitos y los créditos crecieron en este segmento
El crecimiento del sector cooperativo persiste. Los depósitos a la vista y a plazo pasaron de USD 3 473,5 millones en marzo del año pasado a USD 3 880,5 millones en el mismo mes del 2015, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Lo mismo ocurrió con la cartera de créditos, que subió de USD 3 526,9 millones a 3 924,4 millones en el mismo período. Según el gerente de la Cooperativa Jardín Azuayo, Juan Carlos Urgilés, en el primer trimestre de este año hubo más demanda de préstamos en relación con el mismo período de años pasados. “Pensamos que el sistema bancario tuvo una contracción y la gente recurrió a las cooperativas”. Él calcula que estas entidades dan acceso a préstamos a por lo menos tres millones de habitantes del Ecuador. Urgilés dice que antes del despunte del sector, esas personas no tenían acceso a servicios financieros, porque no eran rentables.
Jardín Azuayo, que tiene su matriz en Cuenca, es la segunda más grande del país en activos; luego de Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP), que también funciona en esa urbe. El gerente de la JEP, Floresmilo Alvear, señala que en los últimos 15 años la entidad creció en un promedio de un 50% anual, en activos.
Según Alvear, hay un incremento en la demanda de microcrédito, porque la gente tiene necesidad de producir por falta de empleo. Pero en el caso de vivienda y comercial no hay mucha acogida, porque no todos los socios reúnen las condiciones para acceder a estas opciones.
Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), hace un análisis global del sector. Según él, con el crecimiento logrado desde la crisis bancaria de 1999, su sector pasó de tener menos del 1% de participación del sistema financiero nacional a bordear el 20%.
El 2015 es atípico por las condiciones económicas del país, por ello, Guerra considera que las instituciones del sector buscarán consolidarse y no habrá crecimientos tan grandes como en años anteriores.
El gerente de la Cooperativa 29 de Octubre, Gonzalo Vivero, señala que la expansión del sector es superior al de la banca. “Es un crecimiento anual de casi un 17%, frente a un 6% de la banca privada”. La causa, dice, es una mayor confianza que se logró con regulaciones y controles.
Según Vivero, también están involucrados en innovaciones como la banca electrónica, que funciona desde hace un año, y los sistemas de ‘cash management’ para empresas y personas naturales desde hace dos meses.
Pero tiene una preocupación y es la estabilidad laboral de los socios y clientes. La posibilidad de que pierdan su trabajo eleva el riesgo de morosidad. “Tenemos sistemas para medir ese riesgo y predecir técnicamente lo que puede pasar”, dice el Gerente.
El movimiento comercial y económico en Tungurahua impulsó la creación de cooperativas de ahorro y crédito. En esa provincia funcionan 150. La entrega inmediata de créditos atrae al socio. Carlos Cambo es asesor de crédito de la Cooperativa Chibuleo. Según él, los dueños de tiendas, comercios o pequeños talleres son quienes usan más los microcréditos.
Los recursos los invierten en la compra de mercadería, maquinaria, entre otros. Mientras que el de consumo se usa para la compra de vehículos… La ambateña América Vinueza llegó el miércoles pasado a la cooperativa Chibuleo, para pedir USD 7 000 para comprar un terreno para la producción agrícola. “No hay trabas como en los bancos. Voy a sembrar, y con lo que obtenga cancelaré esta deuda”.
Un grupo de clientes espera por atención en las oficinas de la Cooperativa Jardín Azuayo, en Cuenca. Esta organización es la segunda más grande del país en activos. Foto: Xavier Caivinagua / LÍDERES
El papa Francisco criticó, nuevamente, a quienes no ofrecen condiciones dignas de trabajo. El pasado 28 de febrero lo hizo contra aquellos que ofrecen 600 euros al mes (USD 670) por 11 horas de trabajo, solamente porque siempre habrá alguien que aceptará debido a la necesidad. Lo hizo durante un discurso dirigido a varias cooperativas italianas.
«Hay quien ofrece 11 horas de trabajo al día por 600 euros al mes. Y si no te gusta, pues te dicen que te vayas a casa. Esto es lo que pasa en este mundo, donde si tú no aceptas otro aceptará. El hambre hace que se acepten también trabajos en negro, como todo el personal doméstico. ¿Cuántos de ellos tienen garantizada la pensión?», cuestionó el Papa. Francisco, que improvisó en varias ocasiones respecto al discurso preparado, también lamentó el «drama de la cultura del descarte» y dijo, a modo de ejemplo: «¿Y tú qué eres? Soy ingeniero. ¿Cuántos años tienes? 49. Entonces no sirves, vete».
En su intervención, el Sumo Pontífice valoró el trabajo de las cooperativas y pidió que encuentren «formas, métodos e instrumentos para combatir esa cultura del descarte, cultivada por los poderes que manejan las políticas económicas-financieras del mundo globalizado«.
Por ello aconsejó a las cooperativas que se conviertan «en el motor que levanta y desarrolla la parte más débil de las comunidades locales y de la sociedad civil». Y que, «especialmente piensen en los jóvenes y mujeres que necesitan entrar en el mundo del trabajo, o a los adultos que pierden el empleo».
También instó a que se activen «como protagonistas para realizar nuevas soluciones de bienestar social, particularmente en la sanidad, un campo delicado donde gente pobre no encuentra respuestas a sus necesidades».
El Papa se refirió asimismo a «la economía y su relación con la justicia social, y con la dignidad de las personas» y criticó «un cierto liberalismo que cree que sea necesario primero producir riqueza, no importa cómo, para después promover alguna política redistributiva por parte del Estado».
También invitó a que «el movimiento cooperativo ejercite un rol importante para apoyar, facilitar y también dar ánimo a la vida de las familias». Entonces instó a que se busquen soluciones para «la armonización entre trabajo y familia».
Francisco pidió que haya más colaboración entre cooperativas bancarias y empresas, para «organizar los recursos para hacer vivir con dignidad y serenidad a las familias; pagar salarios justos a los trabajadores, invertir en las iniciativas que sean realmente necesarias».
Advirtió contra las falsas cooperativas «que se prostituyen con el propio nombre de cooperativa para engañar a la gente con el objetivo de lucrarse».
Afirmó que «el dinero es el estiércol del diablo» y que «en una cooperativa auténtica, verdadera, no manda el capital sobre los hombres, sino los hombres sobre el capital».
Francisco pidió más colaboración entre cooperativas bancarias y empresas, para organizar los recursos y vivir con dignidad. Foto: EFE
Entrevista a Hugo Jácome, superintendente de la Economía Popular y Solidaria explica su agenda de trabajo. El proceso de transición con la Superintendencia de Bancos tardará al menos un año.
El nuevo Superintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS) suscribió un acuerdo con su similar de Bancos (SBS), para avanzar en el proceso de transición. De esta manera, arranca un largo camino para regular y supervisar a un gran universo de entidades.
¿Cuáles son las tres principales acciones que ejecutará en esta nueva Superintendencia?
La primera tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas, para llevar a cabo los procesos de supervisión. La segunda es la transición desde la Superintendencia de Bancos hacia esta Superintendencia, porque hay un grupo importante de cooperativas que están bajo su control. La tercera, es la transición con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), por las entidades que estaban bajo el control de la Dirección de Cooperativas.
¿A cuánto asciende el presupuesto de la SEPS?
Aún no se ha definido, porque se está aprobando en estos días la estructura institucional de la SEPS, en los ministerios de Relaciones Laborales y en Finanzas. A partir de eso presentaremos nuestro plan anual de política pública y ahí definiremos el presupuesto.
¿Cómo se hará la transición con la SBS?
La ley estipula que los funcionarios que han trabajando en el área de cooperativas de la SBS y del MIES podrán pasar a la SEPS previa nuestra evaluación. Entonces, primero vamos a hacer una evaluación del talento humano y el ‘know how’ que tiene la SBS; eso implica el traslado de los procesos de supervisión de las instituciones financieras, además del aspecto normativo y la transferencia del soporte tecnológico. El cumplimiento del proceso al menos tardará un año.
¿Se calcula un período similar con el MIES?
Es un proceso de manera paralela, pero a lo mejor sea una transición un poco más rápida. En el caso del MIES se espera una depuración del registro de cooperativas de ahorro y crédito y de otras no financieras que efectivamente estén funcionando. El reto que tiene el MIES es depurar bien esa información.
¿Cómo procesará la SEPS esa depuración?
Nuestra responsabilidad también es validar esa información y ese proceso es más fácil hacerlo con las cooperativas que están bajo la supervisión de la SBS, porque están bastante visibilizadas e insertas en procesos formales de supervisión. En el caso de las que vienen de la Dirección Nacional de Cooperativas, el proceso es más complejo, porque si bien nos pasaría un registro base, tendremos que depurarla y verificar si en la geografía están funcionando. Además, esas cooperativas tendrán que adaptar sus estatutos a la nueva ley y tendremos una base de datos depurada.
Frente a todo el universo de pequeñas entidades financieras que operan en el país, ¿qué es lo que más preocupa a la autoridad de control?
La mayor preocupación que uno tiene al asumir este reto es la heterogeneidad que tenemos en las organizaciones de economía popular y solidaria. Es decir, no solamente es un tema de cooperativas de crédito sino la SEPS tiene la obligación de controlar y supervisar a las asociaciones, las organizaciones comunales. Entonces es un ámbito bastante grande.
¿Cómo está el mapa de esas organizaciones?
Para señalar algunos datos: están 39 cooperativas bajo el control de la SBS, más una caja central; en el MIES, se estima que hay 900 cooperativas de ahorro y crédito. Sumado a eso, existen 12 000 bancos o cajas comunales. En el sector no financiero existen unas 2 500 cooperativas, sean de producción, servicios, vivienda… y más de 9 500 asociaciones y 2 700 comunas. Es decir, es un ámbito bastante grande, en términos de lo que significaría la supervisión y el control. Pero la economía popular y solidaria también incluye a las unidades económicas populares.
¿De qué se tratan estas unidades?
Es decir, todas las formas de producción, que se produce más a nivel micro, en el autoempleo, autosustento, microempresas, etc. De todas maneras, el ámbito de control se circunscribe a cooperativas, asociaciones y organizaciones comunales. Pero lo que más me preocupa es esta heterogeneidad de actores, del sector financiero y del no financiero.
Frente a este gran universo de organizaciones, ¿hay demasiadas cooperativas en el país?
Ecuador tiene una trayectoria de más de un siglo de cooperativismo vinculado a procesos económicos y sociales. Pero hoy, sí me parece que hay que racionalizar. Es decir, es importante que haya cooperativas en sitios donde no existe el acceso de servicios financieros y es ahí en donde se ha generado toda esta demanda de cajas o bancos comunales. Y es normal, sobre todo si no llega ni el sector público ni el privado.
¿Qué implica esa racionalización?
Hay que tratar de propender a tener sistemas cooperativos fuertes, sólidos y grandes. Tampoco se trata de tener una diversificación y que después comienzan a hacerse daño entre cooperativas. Hay lugares en donde la densidad de cooperativas es extremadamente grande. Hay ciudades en donde funcionan tres o cuatro cooperativas en la misma cuadra.
Edwin Guerra es el presidente de la Asociación de Transportistas de Pichincha. Él cuenta que desde hace un mes inició el proceso de preparación de su cooperativa (Unión), para atender recorridos en este nuevo año escolar.
Él indica que la demanda de sus servicios, con respecto al año anterior, se ha duplicado por parte de las unidades educativas. Esto responde, según explica, a que “los padres de familia sienten más seguridad cuando sus hijos van en transporte escolar privado”.
Asimismo, Patricio Cabezas, gerente general de la Cooperativa de transporte de pasajeros Ciudad de Quito, asegura que el Municipio local, les exige cumplir requisitos para la circulación del transporte escolar en las vías públicas. Entre estos constan la vigencia del seguro de accidentes SOAT, la matrícula actualizada, el pago de la revisión técnica y vehicular, cambios de aceite, llantas en buen estado, chequeos mecánicos, etc.
El teniente de la Policía, Fausto Carrera, explica que las multas por falta de permisos se castigan con el 10% del salario básico y tres puntos menos en la licencia. “Estos operativos garantizarán la seguridad”.
Los contratos de transporte se organizan directamente con las escuelas y colegios. El valor mensual por la contratación de estos servicios oscila en los USD 450, en promedio, por unidad.
Esta acuerdos representan para las cooperativas de transporte privado el 95% de sus ingresos anuales totales.
En el caso de no haber transporte privado en los colegios, el Municipio de Quito en conjunto con la Empresa Metropolitana de Transporte asignan buses específicos para los estudiantes que no tengan un servicio de transporte escolar. “Buscamos proteger a los estudiantes del peligro que corren en las calles”, indica Christian Gavilánez, coordinador de Comunicación Social de la Empresa Metropolitana de Pasajeros.
Este año, en la Sierra y Oriente, operan 199 servicios de transporte de pasajeros escolares y de personal de oficina, entre buses y furgoneta. También hay 371 líneas de transporte público de pasajeros como los sistemas Ecovía, Trolebús y buses particulares según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La economía popular y solidaria ha sido clave para que los campesinos desarrollen emprendimientos. Según datos de la incubadora de empresas Innpulsar, con sede en Cuenca, de 200 proyectos femeninos que han acompañado, el 70% es de mujeres rurales.
Para Héctor Fajardo, de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (Ucacsur), este dato tiene sentido, porque las campesinas se acercan con frecuencia para solicitar créditos para instalar criaderos de pollos, asaderos de cuyes, negocios de deshidratación de frutas o elaboración de pulpas para jugo.
Una de ellas es Carmen Quizhpe, quien solicitó, en el 2010, un crédito por USD 3 000 a la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista e instaló un negocio de mermeladas de papaya, mango, fresa, maracuyá, ají y pimientos. Al año pagó el crédito y ahora solicitará otro para comprar hornos para deshidratar la fruta con la que trabaja.
En la ciudad también se benefician los emprendedores de los créditos de las cooperativas. Empanadas y algo más es un negocio de 15 m2 en el centro de Cuenca. Allí, Amelia Orellana comercializa empanadas, humitas, quimbolitos, entre otros bocaditos tradicionales. Ella obtuvo un crédito de USD 1 500, de la cooperativa La Merced y ya lo pagó. «Las cooperativas son más accesibles con las personas de escasos recursos y uno se siente en casa cuando llega a esas entidades, lo que no pasa en los bancos».
Otro de los beneficiarios de las entidades de la economía popular y solidaria es Luis Andagana, que vive en el sector de Mogato, al occidente de Ambato. Este hombre de 33 años conformó una empresa familiar de explotación de material pétreo sobre la base de un crédito otorgado por la cooperativa Chibuleo.
Andagana proviene de una familia de agricultores. Tiene seis hermanos. Con dos de ellos, Ángel y Hernán, conformó la empresa de explotación minera.
Luego de una fugaz carrera como artista popular, Andagana tomó la decisión de emprender un negocio propio. Los tres hermanos invirtieron sus ahorros en la cooperativa Chibuleo. Esa entidad financiera les desembolsó USD 15 000; además Andagana hipotecó la primera volqueta de su iniciativa. Con ese automotor comercializaba el material pétreo que comparaba en las minas.
Nicolás Manobanda, ejecutivo de la cooperativa Chibuleo, menciona que no le pidieron garantía porque entre los indígenas «la palabra es suficiente».
Otra cooperativa indígena de éxito es Mushuc Runa (‘Hombre nuevo’ en quichua). Una de sus clientes es Carmen Tualisa, de la parroquia Quisapincha. «Desde el 2011 ya me han entregado tres créditos. El último fue de USD 7 000. Con eso compro terneros de cuatro meses, a USD 200 cada uno, semillas e insumos agrícolas».
Esta forma de operar de las dos cooperativas generó la apertura de más instituciones. En Tungurahua, en el 2002 eran 16, hoy suman 402 entidades, entre cooperativas, corporaciones de desarrollo y cajas de crédito.
La Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria tiene un registro de 900 cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, las estadísticas de los organismos de control sostienen que el crédito de las cooperativas están enfocado básicamente en el consumo, que se lleva alrededor del 50% de los préstamos otorgados y que ha venido en aumento a raíz de la dolarización.
La otra parte de los préstamos se reparte en micropréstamos para actividades productivas, comercio y servicios principalmente.
Glosario
El sector cooperativo: comprende el conjunto de organizaciones entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.
El sector asociativo: está constituido por personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y autogestionada bajo los principios de la economía popular y solidaria.
El sector comunitario: es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que con trabajo conjunto tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y autogestionada.
Las unidades económicas populares: son emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios.
