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  • Información agroclimática con una interfaz

    José Luis Rosaesl Redactor (I) redaccion@revistalideres.ec

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    La implementación de una interfaz de visualización de datos agroclimáticos de la provincia de Imbabura es uno de los retos del Centro de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra (PUCE-si).

    Este es uno de los 14 proyectos finalistas de la segunda convocatoria para la asignación de fondos concursables del Elevator Pitch del Hub Norte, que lo integran instituciones públicas y privadas.

    Esta red impulsa planes de innovación y desarrollo tecnológico, para mejorar emprendimientos y transferencia de tecnología.

    El plan de la PUCE-si ha sido desarrollado por cinco docentes investigadores y busca solucionar la falta de información climatológica en tiempo real de zonas agrícolas y pecuarias de Imbabura.

    Edmundo Recalde, coordinador de investigación de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales, comenta que si bien hay datos de clima que se consultan desde un teléfono celular, esa información tiene un radio muy amplio.

    En el país los ciclos de época seca o lluviosa se han ido alterando. El docente asegura que es necesario tener cifras específicas de zonas productivas, como las agropecuarias. “Sin datos históricos no se puede hacer predicciones”.

    Este plantel de educación superior posee una red de tres estaciones climatológicas en Ibarra, el valle del Chota y la parroquia Imbaya (Antonio Ante). La primera se instaló en el 2009. Incluso la información ha sido recogida en un anuario agroclimático.

    La propuesta ahora es ubicar otras dos estaciones en los cantones de Urcuquí y Pimampiro, zonas de mayor concentración de productores agrícolas.

    Para ello, se utilizaron datos de un estudio que hizo en el 2017 el Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre hectáreas cultivables en las dos jurisdicciones.

    El plan busca visualizar en una interfaz indicadores climatológicos de las cinco zonas que permita a agricultores, ganaderos, asociaciones, acceder a información confiable para tomar decisiones.

    Así podrán saber cuándo sembrar, realizar un control fitosanitario u otro tipo de labor que permita mejorar su productividad.

    El proyecto de instalación de las dos estaciones de estas características en Urcuquí y Pimampiro está dividido en dos etapas.

    La primera fue la localización de sitios para las estaciones. César Zuleta, docente y Phd en meteorología, colaboró en la planificación para configurar esta red con base en análisis de cálculo y científicos.

    Se tomaron en cuenta aspectos como precipitación y temperatura histórica, velocidad y direcciones del viento, la topografía de cada sector, la distancia entre una y otra estación, la situación económica y social.

    En la otra fase se harán los protocolos de conexión entre estaciones y el servidor del centro de educación superior, en donde se almacenará la información. Se desarrollará la plataforma informática e implementará el sitio web y las pruebas de enlace en la nube.

    Recalde señala que la interfaz ayudará a que la información que dispone la universidad pueda llegar a los usuarios. Entre ellos, los datos históricos y el clima en tiempo real, estadísticas y generación de boletines agroclimáticos. El servicio será gratuito.

    La propuesta
    El grupo de investigación.  Edmundo Recalde, estadística y análisis; César Zuleta; meteorología; Stalin Arciniegas, big data; Juan Velasco, mercadeo y Maricela Ormaza, financiero.

    Los recursos. La propuesta a financiarse es de USD 18 828. La PUCE-si aportará 8 378.
    Los beneficiarios de la herramienta.   La información agroclimática también puede servir a instituciones pública, privadas y al sector turístico. Además, universidades e institutos de investigación.

    El docente Edmundo Recalde inspecciona la estación meteorológica instalada en predios de la universidad. Foto: Álvaro Pineda, para LÍDERES
    El docente Edmundo Recalde inspecciona la estación meteorológica instalada en predios de la universidad. Foto: Álvaro Pineda, para LÍDERES
  • Diego Álvarez: ‘Los datos, fuente de nuevos negocios’

    Carolina Enriquez

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    Diego Álvarez, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de
    Datos, analiza la importancia de que las empresas hagan un buen uso de la información personal de los consumidores. Un proyecto de Ley para cuidar de los usuarios se analiza en la Asamblea.

    ¿Qué es la protección de datos?
    La protección de datos es una tendencia que se ha establecido en el mundo hace ya varias generaciones. Surge de la necesidad de que se maneje de forma correcta la información personal de los ciudadanos, que se encuentra en manos de otros. Para entender este concepto hay que poner el tema en contexto histórico.

    ¿A qué se refiere?
    En Europa es altamente relevante la protección de datos. Cuando se dio la segunda guerra mundial, gran parte de los problemas derivados del holocausto se dieron, precisamente, porque el Gobierno tenía el control de bases de datos: nombres, apellidos, religión, domicilio, profesión, etc. Esa información, en manos equivocadas, generó una persecución. A raíz de eso, en dicho continente la gente se dio cuenta que tener información personal puede generar riesgos si es mal utilizada. Por eso inició una suerte de regulación en ese continente.

    ¿Cuál es la idea básica en torno a la protección de datos?
    Que las personas no solo son dueñas de sus bienes, sino de su información personal. En Ecuador, desde el 2008, la nueva Constitución estableció en el artículo 66, numeral 19, el derecho a la protección de datos personales. Un punto importante es el del consentimiento. Como titulares de nuestros datos, los ciudadanos debemos generar el consentimiento para la recolección, utilización, transferencia, procesamiento y demás de nuestra información.

    ¿Se está aplicando?
    Lastimosamente, no ha existido un desarrollo legal de este derecho. No hay leyes vinculadas al tema. Pero ya se comenzó a trabajar en ello.

    ¿Desde cuándo?
    El antecedente está en el 2018, cuando la Unión Europea (UE) generó un reglamento de protección de datos, de aplicabilidad directa en todo su territorio. Se establecieron normas para manejar la información que usan gigantes tecnológicos. El reglamento europeo les pone un pare: multas que van hasta el 4% de su facturación mundial por el mal uso de la información personal. Esto catapultó la tendencia a que los países cuenten con normas similares. Ecuador no se quedó atrás.

    ¿Qué ha hecho el país?
    A finales del 2018 comenzó a trabajar en un proyecto de Ley de protección de datos. Está liderado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), como una iniciativa del Ejecutivo. Se apoya con expertos de la sociedad civil. A finales del año pasado ya se presentó a la Asamblea y está en manos de la Comisión de Asuntos Internacionales.

    ¿Cómo ayuda esto a las personas y cómo impacta en las empresas?
    Primero hay que hablar de cómo funciona el uso de la información. Los datos personales son la nueva materia prima de los negocios digitales. Por ejemplo, a raíz de la pandemia un emprendedor crea una ‘app’ de ‘delivery’ para el barrio. Para montar la estructura tecnológica, esa persona puede acceder a los servicios que da Google. Esa empresa, en sus registros, puede tener la base de datos de todos los usuarios de Android: a dónde nos movilizamos, a qué hora salimos, las rutas, dónde trabajamos, nuestro correo electrónico, etc.

    ¿Qué ganan las grandes empresas con la información personal?
    Nosotros no pagamos nada por estar en redes o acceder a los servicios de las grandes empresas. Pagamos con la información que les proveemos: likes, fotos, interacciones con páginas, etc. Esa data es procesada por estas compañías y vendida en función de otros servicios. No es malo, no hay que satanizarlo. Pero los usuarios y titulares de los datos personales debemos saber qué se está haciendo con esa información y aceptar o no el uso que se le vaya a dar.

    ¿Cómo se maneja la información personal en Ecuador? Incluso, se conoce públicamente que se venden bases de datos en la calle o a través de Internet.
    Como país estamos en deuda en cuanto a una ley. No solo porque a escala comercial internacional estamos en desventaja por no haber regulaciones, sino que en lo cultural no le damos importancia. Entregamos información en cualquier parte.

    ¿Qué tan legal es que diferentes empresas en el país tengan datos personales y llamen para vender productos o servicios?
    Existe una resolución de la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) de este año, que obliga a que las firmas que emiten llamadas comerciales se registren en la entidad. La idea es que el usuario pueda saber qué tipo de compañía es la que le está contactando: turismo, restaurantes, cobranza, etc. Es un paso intermedio, hasta que se cuente con una ley.

    ¿Cómo esas empresas tienen la información del ciudadano?
    Actualmente, no se está atacando el problema verdadero, es decir cómo adquirieron la información y qué hacer ante eso. La nueva Ley nos va a poder otorgar, por ejemplo, el derecho a accesos: mediante una carta puedo pedir a una empresa que me diga qué data tiene de mi persona. También tengo el derecho de cancelar, solicitar que una compañía, con la que no tengo ningún contrato, no tenga mi información. Asimismo, la futura ley puede generar el derecho de oponerme a cómo determinada compañía está usando mi información. Por ejemplo, puede usarse para facturarme, pero no para venderme cosas.

    A partir de la pandemia, la digitalización ha crecido y cada vez más negocios tienen información de las personas. ¿Qué hacer para proteger al usuario?
    Primero, el ciudadano debe tener conciencia de a quién se entrega la información. Por ahora, no hay Ley. ¿Cuál es el llamado para las empresas que están usando los datos? Deben ser transparentes con los usuarios, indicarles en qué usan la información a los clientes y, sobre todo, no hacer mal uso de la misma. Los datos personales son una fuente importantísima de nuevos negocios.

    ¿Por qué?
    Debemos pensar que los negocios tecnológicos también van a ser una de las herramientas principales para enfrentar la crisis y salir adelante. Permiten que nos conectemos y accedamos a servicios que no lo hacíamos. La tecnología nos permite adaptarnos a las nuevas condiciones de vida. Los negocios digitales van de la mano con el uso de datos personales.

    ¿Qué incluye el proyecto de ley?
    Desarrolla el derecho a la protección de datos. Se recoge datos para fines específicos, se recoge datos limitados, etc. Asimismo, consta el derecho al olvido digital: pedir que los motores de búsqueda elimine información que ya no sea adecuada o actualizada.

    HOJA DE VIDA

    Formación.  Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Máster en Derecho de las telecomunicaciones, protección de datos, audiovisual y sociedad de la información de la Universidad Carlos III de Madrid (España).
    Experiencia.  Miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos; Country Manager (Ecuador, Costa Rica, Guatemala y El Salvador) en Biz Latin Hub; Asociado en Corral Rosales; Paralegal en Ecija Law & Technology (Madrid), etc. Ha colaborado con su experiencia en el proceso de elaboración del proyecto de Ley de protección de datos.

    Diego Álvarez, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de  Datos, analiza la importancia de que las empresas hagan un buen uso de la información personal. Foto: LÍDERES
    Diego Álvarez, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de
    Datos, analiza la importancia de que las empresas hagan un buen uso de la información personal. Foto: LÍDERES
  • Revista Líderes: Mira aquí la edición del 29 de junio del 2020

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    Revista Líderes presenta a sus lectores este lunes 29 de junio del 2020 un informe sobre cómo las compras digitales y físicas se combinan. Un estudio señala que el 32,40% de los consultados prevé seguir comprando de manera digital; el 40,10% asegura que irá a la tienda física, con menor regularidad. Además, una entrevista a Diego Álvarez, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos que dice que ‘la data es la nueva materia prima de los negocios’. Mira nuestra edición impresa.

    Portada de la Revista Líderes del lunes 29 de junio del 2020.
    Portada de la Revista Líderes del lunes 29 de junio del 2020.
  • El usuario final, vital al cuidar datos

    Patricia González

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    Para el 2021 el Gobierno tiene como meta alcanzar el 98% de conectividad en el país. ¿Qué tan factible ve usted que se alcance esa meta? 

    La extensión de cobertura y la penetración del uso de Internet depende de muchas variables. Una es la capacidad de inversión que tenga la industria, que no solo pasa por una voluntad de las empresas de invertir, sino que efectivamente estén ante un entorno normativo donde haya seguridad jurídica. Otro tema importante son los incentivos: buena parte de los ingresos de la industria en Ecuador se van hacia contribuciones fiscales y tasas específicas, como la tasa de uso del espectro, que le significa a los operadores una muy fuerte erogación anual y todos esos recursos podrían estar siendo usados para el desarrollo de las redes. La tasa de uso del espectro en Ecuador únicamente es comparable con la mexicana y supera tres veces la tasa colombiana, por ejemplo. Ahí hay distorsiones que no son consistentes con esa política pública de mejorar la penetración de mercado.

    ¿Qué actualizaciones harían falta en el marco regulatorio ecuatoriano para incentivar la inversión?

    Uno de los temas es el fiscal, debe ser revisado. El aporte fiscal representa el 30% de los ingresos de la industria. La seguridad jurídica también es importante, que haya certeza sobre cómo se aplican las normas, que el concepto regulatorio pase de un esquema tradicional, de comando y control, a conceptos modernos de autorregulación e innovación, como los areneros regulatorios, donde se hacen pruebas de regulación de ciertos servicios para ver cómo se comporta el mercado. Esto corta transversalmente a toda América Latina. No es un problema único del Ecuador.

    En 2019 se aprobó el cobro de un Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) del 10% para planes pospago de telefonía móvil en personas naturales.

    ¿Cómo evalúa esta medida tomando en cuenta que la Constitución del Ecuador cataloga a las telecomunicaciones como servicio público, por tanto debe garantizarse su universalidad y accesibilidad?

    Se ve un contrasentido. Tenemos una política pública de extensión de cobertura y penetración de uso de Internet y, por otro lado, estamos tasando incluso al usuario final. Aún y cuando es un impuesto que cubre el usuario final, también es un problema para las empresas, porque muchos usuarios finales pueden considerar que esto se sale de su presupuesto y decidir bajar el plan o pasarse a planes prepago, y eso afecta el ingreso de los operadores. Sabemos las dificultades fiscales de los países de la región, pero también es cierto que conforme la banda ancha sube, también existe la posibilidad de que suba el PIB; hay incluso estadísticas al respecto que dicen que el 10% de aumento en la penetración de banda ancha aumenta el PIB en más de un punto porcentual.

    ¿Cómo evalúa el avance de las tecnologías de banda ancha móvil en Ecuador?

    Definitivamente requiere más impulso, pero veamos la contradicción: si cada vez más las operadoras tienen que pagar por infraestructura que por desarrollo, qué va a pasar con la 5G, cuando esta red densifica la infraestructura hasta 10 veces la que tenemos actualmente.

    ¿Cómo se va a aplicar esta lógica fiscal en este nuevo paradigma tecnológico?. ¿Qué tan vulnerables están las telecomunicaciones en Ecuador a la piratería digital?

    La ciberseguridad de las empresas es su negocio, tiene que ser muy buena. Pero qué pasa con la ciberseguridad de los usuarios, que depende de cada uno. En ese sentido hay que hacer campañas de concientización sobre por qué no se debe hacer uso de ese contenido ilegal, que además tiene un impacto directo en los ingresos y en la economía en general. Ecuador podría estar perdiendo en promedio entre USD 2,6 millones y 4,2 millones al mes en ingresos por el acceso a contenido ilegal. Al mes ingresan 321 000 usuarios únicos a estas páginas. En TV por suscripción, la tasa de piratería es superior al 10% y el porcentaje de subreporte es de alrededor del 25%.

    ¿Cómo se puede combatir la piratería digital?

    Debemos reconocer que es un proceso que se inicia en la región. Acá hay elementos importantes. Por un lado, la alianza público-privada, donde los operadores legales puedan identificar las fuentes de entregas de contenidos ilegales y pasarlas a las autoridades públicas, que son las que tienen capacidad de acción en contra de estos proveedores. Luego, una coordinación interinstitucional, entre el regulador de telecomunicaciones, los tribunales de justicia, la Fiscalía, la Policía, comercio exterior… La otra parte es la formación de capacidades en la población sobre cómo usar la tecnología productivamente y cómo no exponernos a la hora de navegar digitalmente. Esto se debe enseñar desde las escuelas.

    Ecuador es uno de los pocos países que no cuenta con una ley de protección de datos. ¿Qué impacto tiene esto para los usuarios?

    Las leyes de protección de datos en América Latina se vienen desarrollando, en muchos casos siguiendo el modelo europeo. Es importante dimensionar apropiadamente de quién es la responsabilidad y sobre todo dimensionar el marco punitivo o las multas que eventualmente se puedan imponer por esa materia. En gran medida la protección de datos empieza por el usuario final. Yo diría que el 80% de la tarea está en manos de cada una de las personas porque sus datos los está entregando por voluntad propia, sin ningún reparo.

    ¿Cómo puede impactar la piratería en el negocio de Big Data?

    Hoy por hoy los negocios se planifican en función de datos. La necesidad de tener datos sobre mis clientes es esencial. La profundidad y capacidad del análisis de datos es enorme. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que cada empresa debe proteger muy bien esos datos. La tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se use.

    Trayectoria. Experiencia en la industria de telecomunicaciones, como directora de proyectos en América Latina. Ocupó diversas posiciones en la Contraloría General de la República de Costa Rica. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
    Trayectoria. Experiencia en la industria de telecomunicaciones, como directora de proyectos en América Latina. Ocupó diversas posiciones en la Contraloría General de la República de Costa Rica. Foto: Julio Estrella / LÍDERES
  • 20 datos que debe saber sobre la Ley de Eficiencia Energética

    Mayra Pacheco

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    La Ley de Eficiencia Energética, vigente desde el 19 de marzo del 2019, tiene por objeto promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía. Con esto se busca lograr aumentar la productividad en este sector, fomentar la competitividad de la economía nacional, construir una cultura de sustentabilidad ambiental, mitigar el cambio climático y otros.

    A continuación, les presentamos 20 datos que plantea esta normativa:

    1. Se declara de interés nacional y como política de Estado el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas.

    2. Esta Ley debe ser cumplida por los sectores que suministran energía primaria y secundaria, por los consumidores de energía (público, industrial, comercial, transporte, residencial y otros) y por los órganos rectores y reguladores.

    3. Se conforma el Comité Nacional de Eficiencia Energética. Estará integrado por los ministros del ente rector en materia de eficiencia energética, Industria y Productividad, Transporte, Vivienda, Ambiente, Economía y Finanzas, el presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Además, de un delegado de las cámaras de Producción y Comercio, y un delegado que represente a la academia.

    4. Entre otros el Comité Nacional de Eficiencia Energética deberá elaborar propuestas de políticas, programas, proyectos en materia de eficiencia energética.

    5. El Ministerio rector en materia de eficiencia energética elaborará el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Este tendrá un horizonte de 10 años y se actualizará cada dos años.

    6. El cumplimiento del Plan Nacional de Eficiencia Energética será obligatorio para el sector público e indicativo para el privado.

    7. El transporte y la construcción son parte de los ejes y líneas de acción que se incluirán en el Plan Nacional de Eficiencia Energética.

    8. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados implementarán las acciones y medidas necesarias para que en el campo de sus competencias se cumpla con las normas, reglamentos y disposiciones relacionados con eficiencia energética.

    9. El Ministerio rector en construcción y vivienda, el INEN y los municipios emitirán políticas y normas para que en las edificaciones destinadas al uso industrial, comercial, recreativo, residencial y equipamientos se aplique el principio de eficiencia energética. Su cumplimiento será obligatorio.

    10. En las edificaciones nuevas o aquellas que sean remodeladas, ampliadas o rehabilitadas se evaluará el cumplimiento de las disposiciones y se calificará el consumo energético. Los constructores deberán informar a los compradores sobre esta calificación energética y explicarán los que beneficios que tendrán en el consumo de energía.

    11. Para comercializar cualquier tipo vehículo nuevo se debe incluir una etiqueta de eficiencia energética. En esta se mostrará al cliente sobre los limites de niveles de consumo y emisiones, que debe cumplir cada automotor.

    12. El Gobierno Nacional a través de los ministerios competentes crearán un plan de chatarrización para los vehículos de trabajo de personas naturales y del transporte público que salgan de servicio y se remplacen por eléctricos.

    13. A partir del 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano e interparroquial deberán ser eléctricos.

    14. El Ministerio a cargo de hidrocarburos planteará las acciones para garantizar la calidad de los combustibles para que se cumpla con la mejora progresiva de la eficiencia, niveles de consumo y emisiones de los vehículos. También promoverá la producción y el consumo de los biocombustibles.

    15. Los consumidores de los sectores públicos, industrial, comercial, turístico y recreativo serán categorizados, por sector y actividad, de la siguiente forma:Grandes consumidores de energía Medianos consumidores de energía, Pequeños consumidores de energía

    16. Los consumidores de los diferentes sectores deberán procurar la implementación de acciones de eficiencia energética, mediante la adquisición de nuevas tecnologías, concientización, optimización del uso de energía y otros. Esto traerá beneficios o incentivos, como certificados de ahorro.

    17. Los proyectos de eficiencia energética contarán con condiciones de financiamiento preferentes.

    18. El transporte eléctrico particular y público, en lo que fuese aplicable, gozará de tarifas diferenciadas preferenciales, en un período determinado.

    19. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados establecerán incentivos que fomenten el uso de la movilidad eléctrica.

    20. El servicio de carga de vehículos eléctricos podrá ser ofrecido por personas naturales o jurídicas habilitadas mediante las firmas de un contrato. El costo será fijado por el proveedor del servicio limitado a un valor máximo establecido por la Arconel.

    Central Hidroeléctrica Minas San Francisco. Foto: Archivo / LÍDERES
    Central Hidroeléctrica Minas San Francisco. Foto: Archivo / LÍDERES
  • Dos factores impactaron en los datos de inflación anual

    Carolina Enriquez

    redaccion@revistalideres.ec

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    Las expectativas que generaron los anuncios gubernamentales en diferentes negocios del país y la dinámica económica de la última etapa del año, con una ligera reactivación, le dieron un giro a la cifras de inflación del 2018, según autoridades y analistas.

    Cada mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) hace mediciones en 359 ítems para obtener el Índice de Precios al Consumidor. Entre ellos están alimentos, muebles, transporte, etc.

    En diciembre pasado, según la entidad, el dato anual de inflación fue de 0,27%. En el 2017 la cifra cerró en -0,20% y entre enero y agosto del 2018 cada mes se registró una inflación anual negativa.

    En el último cuatrimestre del año pasado, sin embargo, las cosas cambiaron. Desde septiembre las cifras anuales de cada mes fueron positivas. Para Byron Villacís, exdirector del INEC, había una expectativa mayor de lo que iba a suceder en el resto del año, hubo anuncios sobre el posible retiro de subsidios a los combustibles (en agosto se incrementó el precio de la gasolina súper y se puso en el tapete el ajuste para otros hidrocarburos), etc. “Los comercializadores, antes que los productores, tienden a ajustar precios, según sus expectativas”.

    El analista explica, además, que desde inicios del año pasado se registró un crecimiento en el Índice de Brecha de Intermediación, el indicador que mide cuánto sube el precio entre el productor y el comercializador final. “Se ve cuánta plata está ganando el que intermedia o especula (…) En 2017 caía y luego subió en 2018. Su tope más alto fue diciembre pasado”.

    Villacís no cree que el país esté viviendo un momento económico en el que los productos, por cuestiones de mayor dinamismo, producción y demanda, estén subiendo de precio. Desde su perspectiva aumentan de valor por “expectativa o especulación”.

    Esto lo comparte Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas. Hubo negocios, dice, que aprovecharon la última etapa del año para ajustar precios por ser, tradicionalmente, la de mayor actividad económica. “Aprovecharon en no hacer rebajas, como en el resto del año, y dejaron las cosas al libre juego de la oferta y la demanda. Además, reaccionaron ante anuncios”, explica.

    El mes pasado el Gobierno incrementó el precio de la gasolina eco y extra de USD 1,48 a 1,85.

    Por otro lado, dice Yumibanda, la actividad económica no se ha dinamizado del todo. Los negocios, gracias a promociones y ofertas, mantienen las ventas.

    Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), las recaudaciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período enero – noviembre, tomando en cuenta las internas y por importación, fueron 5,97% mayores que en el mismo lapso del año anterior a ese.

    Yumibanda explica que, en realidad, la inflación anual en la que cerró el año ha sido casi nula. La variación fue bastante baja.

    Roberto Castillo, director encargado del INEC, también asegura que si bien se pasó de cifras negativas a positivas no fue un cambio drástico. “Empiezan a verse ciertos sectores, aunque sea poco, que se comienzan a recuperar. Ellos pueden estar incidiendo en que la dinámica de precios pudieran estar creciendo, aunque sea poco”.

    Con relación al impacto del alza de los precios de los combustibles en los otros bienes y servicios considera que es prematuro hablar de ello. El INEC no ha registrado efectos especulativos.

    Con relación al período en que se registraron datos negativos de inflación (septiembre de 2017-agosto de 2018), la entidad asegura que el país vivió “un ‘shock’ positivo de oferta, principalmente en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, haciendo que los vendedores desplegaran continuas rebajas.Las variaciones anuales negativas también fueron determinadas por factores como la eliminación de salvaguardias y el retorno del IVA al 12%”, que incidieron en la baja precios.

    Bienes sin competencia externa suben

    La inflación de los rubros de las bebidas no alcohólicas y alimentos decrece de forma sostenida desde el 2015. Foto: Xavier Caivinagua para LÍDERES
    La inflación de los rubros de las bebidas no alcohólicas y alimentos decrece de forma sostenida desde el 2015. Foto: Xavier Caivinagua para LÍDERES

    Giovanni Astudillo 
    Editor (I) redaccion@revistalideres.ec

    Los bienes y servicios diversos, el transporte, la salud, la educación, el alojamiento y los servicios básicos son los rubros que más aportaron a la inflación anual del año pasado, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

    Al contrario, los muebles y artículos del hogar, recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas y las prendas de vestir y calzado experimentaron variaciones negativas.

    En años anteriores, el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas era uno de los más inflacionarios en la economía ecuatoriana. De acuerdo con información del INEC, a partir de junio de 2015 se observa que la inflación anual de este grupo decrece de forma sostenida y dado su peso en la canasta del Índice de Precios al Consumidor, ha incidido en el comportamiento de la inflación.

    El INEC agrega que en la investigación respectiva de este índice se ha observado un incremento de la oferta de los bienes correspondientes al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo cual presiona el precio a la baja.

    Además, es un grupo cuyas variaciones están claramente marcadas por la estacionalidad de la producción agrícola y factores climáticos, que determinan la disponibilidad de producción de alimentos en los mercados.

    Para el analista económico, Alberto Acosta Burneo, el leve incremento de precios que se registró durante el año pasado, se sustentó principalmente en los servicios, no en la mayoría de los bienes transables, que tuvieron un descenso el 2018. Los bienes transables son los que se pueden exportar e importar.

    Acosta Burneo explica que estos últimos tienen más competencia en la actualidad y, por ende, los precios tienden a reducirse. Los productos importados llegan a costos menores debido a la apreciación del dólar en el exterior y a la reducción de aranceles por el acuerdo comercial con la Unión Europea, destaca este analista.

    Otra causa es que la economía recibe menos dólares si se compara con los años anteriores y el Gobierno cada vez tiene más problemas para endeudarse e inyectar dinero, dice Acosta. Por ello, las ventas de los comercios e industrias no superan o igualan a las registradas en años anteriores.

    El presidente de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Roberto Maldonado, agrega que los precios de los bienes transables no suben porque es más difícil vender por la falta de liquidez de los consumidores.

    Según él, los empresarios decidieron sacrificar sus utilidades para reducir los precios y poder vender su mercadería. Además, invierten más en la gestión de ventas y ofrecer promociones y descuentos para ser competitivos.

    En cambio, los servicios y bienes no transables (aquellos no susceptibles de ser comercializados en otro país) no tienen esa competencia externa que ofrece precios menores, por lo que hay productos que han subido, aunque en porcentajes bajos durante el 2018, señala el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, Rodrigo Mendieta.

    El año pasado se produjo un incremento en el precio de los combustibles luego de más de una década. El INEC considera prematuro hablar de impacto por la medida adoptada. Foto: Archivo / LÍDERES
    El año pasado se produjo un incremento en el precio de los combustibles luego de más de una década. El INEC considera prematuro hablar de impacto por la medida adoptada. Foto: Archivo / LÍDERES
  • En el país hay más personas que quieren trabajar menos de la jornada legal

    Carolina Enriquez

    La última encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que hay más personas en la categoría de otro empleo no pleno.

    La entidad presentó las cifras correspondientes al tercer trimestre del año, este martes 16 de octubre del 2018.

    Según el documento, el otro empleo no pleno pasó del 24,7% en septiembre del 2017 al 25,7% en el mismo mes de este año. En esta categoría se considera a las personas que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo (USD 386) y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales.

    El número de trabajadores en este segmento creció de 2 020 779 a 2 124 567 entre un año y otro. Aunque el INEC publica en la encuesta el concepto, no explica en qué casos un trabajador se encuentra en esta categoría.

    Por otro lado, la encuesta también revela que el desempleo pasó del 4,1 % al 4% entre septiembre pasado y el de este año. Mientras que el empleo pleno pasó del 40,4% al 39,6%, cifras que el INEC no considera estadísticamente significativas.

    Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, “en el empleo hay una leve mejora, que estadísticamente no siendo significativa, nominalmente sí lo es y se la ve traducida en el número de registros de contratos laborales que se generan en el Ministerio de Trabajo”.
    Quito es la ciudad que enfrentó las peores condiciones de trabajo durante el tercer trimestre. La cifra de empleo adecuado pasó de 66,4% a 58,9%.

    En la capital, además, el desempleo creció en un punto y el subempleo en dos.

    El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, junto con el director del INEC, Roberto Castillo. Foto: Twiter INEC
    El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, junto con el director del INEC, Roberto Castillo. Foto: Twiter INEC
  • Pablo Solines: ‘La protección de datos es incipiente’

    Pedro Maldonado

    (I) Editor del Semanario LÍDERES

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    Pablo Solines explica los efectos de la aplicación de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, en vigencia desde mayo pasado. Aclara que es una normativa extraterritorial y que todo el país debe informarse sobre su correcto cumplimiento.

    La Ley de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) está vigente desde mayo de este año. ¿Qué implicaciones tiene esta normativa?

    Se trata de un reglamento de la UE de aplicación inmediata, es decir que no requiere un reglamento de los países miembros del bloque europeo. El 26 de mayo del 2016 se publicó el reglamento de protección de datos y se planteó un tiempo de adaptación de dos años, para que las empresas conozcan la normativa y adapten sus procesos y negocios. Superado ese tiempo empieza aplicarse el reglamento, con todo lo que implica. Es así que a partir del 25 de mayo de este año, las empresas y personas que regula el reglamento deben cumplirlo.

    ¿Cuál es el objetivo de esta normativa?

    La protección de datos de carácter personal a nivel europeo ya tiene varias décadas de regulación. Entonces, el reglamento trae ahora una serie de nuevas disposiciones que buscan identificar nuevas necesidades generadas por los avances tecnológicos, a fin de adaptarlas a la regulación de protección de datos.

    ¿Qué es la protección de datos de carácter personal?

    En Ecuador es un derecho constitucional que plantea una protección para la persona a efectos de que se pueda tener una regulación y control adecuados respecto de los distintos usos que se pueda dar a los datos de una persona. La importancia de este derecho es que no se limita a los datos íntimos, sino que es mucho más amplio. El dato de carácter personal es aquella información que permite identificar a alguien. Allí está la dirección de correo electrónico, el número de cédula, placas de vehículos, fotos. Esta información es objeto de una protección específica. En Ecuador, si bien en la Constitución que nos rige se configuró el derecho a la protección de datos personal, no es menos cierto que no ha sido desarrollado, ni regulado. La consecuencia es que empresas, instituciones públicas y personas utilicen datos de carácter personal como bien consideren, sin seguir ningún tipo de procedimiento u obligación.

    El tema del manejo de datos es una preocupación de ciudadanos y de empresas. ¿Todo eso debe ser regulado?

    Una persona que recibe la oferta de un producto o servicio de una determinada empresa debe haber dado su consentimiento expreso para que sus datos sean utilizados para esos fines.

    Pero eso no pasa siempre…

    El reglamento de la UE es de aplicación extraterritorial, es decir que en Ecuador, como país y como personas que podemos tratar datos personales, ya no somos ajenos a esa regulación, en la medida en la que vayamos a utilizar o tratar datos de carácter personal de ciudadanos europeos o que residan en la UE o que tengan como fin la oferta de bienes o servicios o que su fin sea el control del comportamiento. Como ejemplo pensemos en portales web que no están en la UE, pero sí captan información de ciudadanos europeos cuando navegan por la web y reciben publicidad de un portal de e-commerce.

    ¿En esto ya aparecen el big data y la inteligencia artificial?

    Así es. Por eso estas nuevas tecnologías tienen una íntima relación con la protección de datos y de alguna manera el reglamento de protección de datos de la UE busca regular eventos que se dan en la práctica y que la normativa interna de cada país no ha podido controlar porque, obviamente, existe una jurisdicción limitada de cada país.

    Siempre se dice que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. ¿Cómo actuar cuando cada vez estamos más conectados y nuestros datos, más expuestos?

    El desarrollo tecnológico siempre va a ser exponencial frente al desarrollo normativo, es una realidad. Esta nueva ley plantea principios de carácter general y busca que el desarrollo normativo no se quede obsoleto. El reglamento de la UE, al ser una norma extraterritorial, señala que la persona, natural o jurídica, se convierte en un sujeto de obligaciones y derechos. En ese sentido si no se cumplen los preceptos del reglamento puede ser objeto de sanciones. Es un asunto delicado porque una persona o una empresa ecuatoriana puede ser sujeto de sanciones si en el giro del negocio trata datos de ciudadanos europeos o residentes.

    ¿Esto genera nuevas obligaciones para empresas?

    Empresas, estudios jurídicos, portales de Internet…están sometidos. Es un sacudón como país porque no hemos estado familiarizados con la regulación de protección de datos. Hay normas incipientes en la ley de comercio electrónico, la ley de telecomunicaciones, en el código penal. Son normas incipientes y plantean principios muy generales, pero no se regula la materia. A raíz del reglamento de la UE ya se está planteando, a nivel de instituciones públicas, trabajar en un proyecto de ley de manera seria.

    ¿Incide de alguna manera el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea?

    El reglamento de protección de datos no se limita a países con acuerdos comerciales con el bloque europeo. Es para toda persona que maneje datos de ciudadanos europeos o residentes en la UE.

    Entonces, ¿las empresas deben informarse?

    Lo más importante es identificar si es que existe manejo de datos de ciudadanos europeos y en qué términos se está haciendo. El problema es que en Ecuador recién estamos pretendiendo reaccionar ante la normativa, cuando ya se tuvo dos años.

    ¿En esos dos años no se avanzó?

    Muy poco. En Ecuador, poco o nada se ha dicho. Ahora se trata el tema luego de que entró en vigencia en mayo pasado. De cara a la autoridad de la UE ya no hay justificación en caso de una infracción. Tenemos que intentar adaptarnos en el menor tiempo posible.

    ¿Las pymes que exportan a la UE están incluidas en la normativa?

    Es probable. No toda empresa que tenga una relación con compañías europeas está dentro de la norma. Solo se aplica en la medida en que traten datos personales de ciudadanos europeos. Si no es así, no tienen de qué preocuparse.

    ¿Cuál es el mínimo dato que implica estar bajo esta normativa?

    Si se ofrecen bienes o servicios o si se generan perfiles. Un desarrollador de software, por ejemplo, que trabaja para una empresa europea necesita correr el programa y utilizar datos, sin que necesariamente ofrezca un bien o servicio.

    En caso de una infracción, ¿cuáles son las sanciones?

    Primero hay que ver las obligaciones que van por un sinnúmero de situaciones, desde consentimientos expresos, explicar la finalidad del uso de datos, delegados de protección de datos ante la UE, etc. Si se incumplen las obligaciones existen sanciones económicas drásticas, la mínima es de 10 millones de euros.

    Hoja de vida

    Es abogado–socio  de Solines & Asociados desde el 2007. Realizó estudios de postgrado en universidades de España, como la Autónoma y la Carlos III de Madrid, donde obtuvo maestrías en temas relacionados con propiedad intelectual, media & entretenimiento, así como telecomunicaciones y TIC. Además tiene estudios de especialización en Derecho Administrativo.

    En su ejercicio se ha destacado atendiendo asuntos relativos a la propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías, principalmente en aquellos sectores como son el audiovisual, cine, música, editorial, artes, software, entre otros.

    Pablo Solines es abogado–socio de Solines & Asociados desde el 2007. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
    Pablo Solines es abogado–socio de Solines & Asociados desde el 2007. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
  • Latinoamérica necesita USD 55 000 millones a 2040 para impulsar el sector marítimo

    Carolina Enriquez

    Para que el sector marítimo y portuario de América Latina se vuelva más competitivo se requiere una inversión, tanto pública como privada, de USD 55 000 millones en las próximas dos décadas. Así lo revela el informe Análisis de inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040, realizado por Corporación Andina de Fomento (CAF) – banco de desarrollo de la región.

    Esta cifra incluye las inversiones para introducir nueva capacidad portuaria de contenedores, mejorar la operación y el dragado de profundización en nodos portuarios en el corto y medio plazo, entre otros.

    La mitad de las inversiones identificadas en el mediano plazo, que en total ascienden a USD 15 000 millones, está en los mercados portuarios de México (25%), Brasil (13%) y Panamá (12%). Brasil y Argentina requieren planes de dragado ambiciosos que suponen la mayor parte de las inversiones previstas en ambos países.

    “La visión a 2040 del sector marítimo y portuario de América Latina y Caribe permite vislumbrar un contexto atractivo para los inversores, basándose en factores como el aumento esperado del Producto Interno Bruto (PIB), la diversificación y tecnificación industrial, el fortalecimiento del sector servicios, la mejora de los corredores logísticos, entre otros, que acompañados de una modernización portuaria permitirán superar los 150 millones de TEUs (contenedores de 20 pies), contar con más de 20 puertos de más de 2 millones de TEUs (actualmente sólo hay seis), atender buques de nueva generación a plena carga en los nodos principales, formar parte de las rutas marítimas troncales con conexiones directas a todos los mercados y desarrollar de manera masiva el tráfico de cabotaje y fluvial, entre otros”, explicó Rafael Farromeque, especialista senior de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF.

    En el caso de Ecuador, el estudio afirma que los puertos registran un crecimiento medio anual del 10% del tráfico de contenedores, impulsado principalmente por la contenerización del banano de exportación. Esto también ha aportado en las cifras de la zona del Pacífico Sur americana: el tráfico de contenedores ascendió a 8,8 millones de TEU en 2014, que representa el 19% del tráfico total de contenedores en América Latina y el Caribe.

    La inversión en el sector marítimo y portuario para cerrar la brecha entre la demanda y la capacidad de manipulación de contenedores ofertada en los puertos de la región se estima en 113 millones de TEUs para 2040.

    Sólo en Ecuador se requiere una inversión de USD 922 millones al 2025, y de 2 728 millones entre el 2016 y el 2025.

    La moneda estadounidense también perdió terreno frente al franco suizo. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.
    La moneda estadounidense también perdió terreno frente al franco suizo. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.
  • María Dolores Brito: ‘El uso de datos abre un debate ético’

    Pedro Maldonado
    (I) Editor del Semanario LÍDERES

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    María Dolores Brito, directora del departamento de Marketing Digital de la Universidad San Francisco de Quito, habla sobre el poder de las redes sociales para persuadir a los consumidores. La catedrática dice que la tecnología no debe ser usada para manipular.
    Las redes sociales causan debate luego de que se supiera sobre una posible injerencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. Autoridades en todo el mundo investigan, por ejemplo, la forma en que Facebook acumula y comparte información de sus usuarios.

    ¿Es posible que a través de una red social se pueda modificar el comportamiento de un consumidor?

    Sí y hay estudios que lo confirman. En el 2013, en las elecciones presidenciales del país, en la universidad hicimos una investigación y preguntamos si una red social influye o no en el voto y ya se sentía una influencia. Ahora sale lo de Facebook, lo de Rusia, EE.UU. y eso también pasa al vender. El comportamiento del ser humano siempre va a ser influenciado por todo lo que le rodea. Así un estímulo (precio, producto u otro) logra que el cliente se comporte de una determinada manera. Además tenemos lo que en marketing se llama ‘caja negra’ en donde están la personalidad, factores socioculturales, edad, creencias, la manera en la que uno se entera de los hechos, etc.

    ¿El ser humano, el consumidor, se vuelve preso de sus decisiones en una red social?

    La tecnología puede usarse para el bien o para el mal. Cada persona va dejando una huella tecnológica y todo lo que hace en línea queda registrado. Antes pasaba algo parecido con otros mecanismos, pero ahora con lo digital es más fácil registrar el comportamiento. Por ejemplo, con el algoritmo de Google, ¿qué pesa más: compartir, dar un ‘like’ o comentar? Pesa más cuando se comparte, así cuando uno comparte un contenido ‘recibe’ algo similar.
    Entonces la idea es que al conocer mejor a la persona se la puede servir mejor.

    ¿Entonces un algoritmo viene a ser como un juez en asuntos de consumo?

    Esa es la controversia. (Con los algoritmos) van apareciendo realidades diferentes para cada persona. Así, si uno tiene preferencia por un producto le van a aparecer anuncios solo de ese producto. En política se cuestiona la posibilidad de influir en una democracia y lo mismo pasa con los consumidores. Hay grandes consultoras que analizan qué porcentaje de la toma de decisión está influida por presencia digital o en redes sociales. La respuesta varía sobre todo por la edad. En los mileniales la influencia es de un 50%, un porcentaje alto. En otros grupos es el 19%. Además, depende del producto y lo que dice la caja negra de cada persona. Todo esto genera un debate ético porque nos hacen ver solo lo que nos gusta y por qué no podemos ver algo a lo que no damos ‘like’. Habría que ir curando la información y que se use para el bien, no para manipular. En una universidad, por ejemplo, no es el mismo mensaje para el papá que para los hijos que estudian. Además tenemos que aceptar que ya no hay privacidad, incluso si alguien es ajeno a las redes.

    ¿No podemos burlar a estos algoritmos?

    El análisis de datos, llamado también ‘analytics’, muestra las probabilidades de cada persona luego de comparar millones de datos. Hay compañías que abstraen esa información, la analizan, hacen lo que se llama minería de datos y la venden a compañías. Allí viene el debate ético. Facebook, por ejemplo, exige a las empresas tener políticas de seguridad y privacidad antes de lanzar una campaña. Cuando las empresas recolectan datos tienen que especificar cómo se los va a usar. Igual pasa con campañas de ‘e-mailing’ en las que uno puede eliminar la suscripción. Esas son las normas éticas a seguir.

    En esto entra en juego la ética de las empresas, pero estas pueden caer en la tentación de usar esos datos…

    Hay una estadística que dice que a 9 de cada 10 personas les preocupa la seguridad. Pero a la hora de tener comodidad o de usar una aplicación móvil uno entrega todos sus datos. Muchas veces ni se leen las condiciones de uso. Entonces cada persona, voluntariamente, entrega datos. Esto pasa con plataformas de música, por ejemplo, en la que la gente está dispuesta a escuchar publicidad a cambio de música gratis, luego de dar sus datos.

    ¿Y esos datos están a disposición de quién?

    De las empresas. En marketing digital las empresas se plantean llegar a chicos de 18 a 21 años, con determinadas características. Y así la publicidad se enfoca en ese grupo específico gracias al ‘big data’ y otros conceptos como el ‘learning machine’, que es inteligencia artificial que nos va conociendo en la medida en la que uno interactúa con ella. Por eso siempre digo que es mejor conocer que no conocer. Si una persona utiliza estas plataformas de inteligencia artificial tiene que leer sus políticas de seguridad y privacidad. Pero aún así quedan dudas, por eso vuelvo a la importancia de usar la información para el bien.

    ¿Usar la información para el bien permite que una empresa gane mercado?

    Eso es lo que llamamos segmentación, en la que se establece a qué personas tengo más posibilidades de venderles un producto. Es de lo más antiguo en marketing, pero ahora la tecnología permite segmentar mejor. Con el llamado ‘learning machine’ existe la posibilidad de buscar clientes parecidos a los que ya son mis compradores, con gustos similares, que dan su ubicación geográfica y más datos. Entonces cada vez es más eficiente el gasto en publicidad.
    Todo esto sucede amparado en la tecnología…

    Y en millones de datos procesados con ‘big data’ o transformación digital. Y esto es bueno más allá del consumo, porque en temas de salud se detectan posibles enfermedades, luego de un análisis estadístico. Por eso la tecnología es una maravilla usada para el bien, pero con conocimiento. Lo admirable, insisto, es entregar datos con nuestro consentimiento.

    ¿Por qué entregamos información tan fácilmente?

    Mientras más información damos, pueden analizar mejor nuestro perfil y nos pueden ofrecer una mejor oferta. La respuesta del mercado mejora si se da un producto segmentado. Hoy en día, en EE.UU., el 39% de inversión publicitaria es en canales digitales y se espera llegar a 49% en el 2020. Y la publicidad digital es mucho más barata. Otra verdad es la de la sinergia de canales que permiten alcanzar mejores resultados. Uno puede empezar una búsqueda en un teléfono y terminar la compra en una tienda física. Todo esto nos ha traído comodidad y estamos dispuestos a compartir cierta información a cambio de comodidad, para que nos atiendan mejor.

    ¿Podemos decir que la tecnología hace que el consumo sea más cómodo?

    Así es. Por eso digo que 9 de cada 10 personas están preocupadas por la seguridad, pero igual vemos que la gente olvida eso cuando se le solicita determinados datos.

    ¿Es posible esquivar todo esto si alguien no quiere compartir información?

    Es muy difícil. Expertos han tratado de ponerse aparte de este mundo, pero después todo se restringe. Nos toca encender una aplicación en la que damos nuestra ubicación. Llega un punto en que vamos a tener que cuestionar si estamos seguros y mantenemos la privacidad. Si uno quiere mantenerse privado por completo, le toca casi aislarse y no interactuar.

    Hoja de Vida

    Formación. Tiene un MBA de Indiana University Bloomington y un doctorado en Ciencias Sociales y Neurobiología, de la Universidad Rey Juan Carlos.

    Cargo.  Dirige el departamento de Marketing Digital de la Universidad San Francisco de Quito.
    Experiencia.  Es especialista en comportamiento del consumidor, marketing digital, innovación, neuromarketing.

    Brito es especialista en comportamiento del consumidor, marketing digital, innovación, neuromarketing. Foto: Vicente Costales / LÍDERES
    Brito es especialista en comportamiento del consumidor, marketing digital, innovación, neuromarketing. Foto: Vicente Costales / LÍDERES