Etiqueta: ley

  • China endurece ley para ventas por Internet

    Agencia DPA

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    China anunció este 9 de marzo una regulación más rigurosa para el comercio electrónico, en medio de una disputa pública con el gigante de las ventas por Internet, Alibaba.

    Las plataformas de comercio electrónico deben asumir «responsabilidades reales», dijo Zhang Mao, ministro de Industria y Comercio, en la reunión anual del Parlamento de China, en Pekín.

    Los reguladores propondrán una mayor legislación y crearán una base de datos para supervisar de forma más estricta el comercio electrónico, agregó sin dar mayores detalles.

    El ministerio que lidera Zhang acusó en enero a Alibaba de no hacer suficiente para detener la venta de productos de mala calidad o copias de marcas originales en su popular página Taobao.

    Las ventas online en China representan el 10% del total del comercio minorista. En 2014 hubo ventas por 2,79 billones de yuanes (USD 450 000 millones). En los planes de Pekín también está simplificar los trámites para la creación y cierre de empresas y para simplicar su funcionamiento con el objetivo de revitalizar el mercado, dijo el ministro Zhang.

    En China las ventas online representan el 10% del total del comercio minorista.
    En China las ventas online representan el 10% del total del comercio minorista.
  • Adoptan en Alemania ley que prevé más mujeres en directivas de empresas

    Agencia AFP

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    Alemania impondrá a partir de 2016 cuotas para mujeres en los consejos de vigilancia de un centenar de empresas, tras adoptar este viernes 6 de marzo los diputados alemanes un proyecto de ley al respecto.

    Los consejos de vigilancia de 108 empresas alemanas, que tienen la doble particularidad de cotizar en Bolsa y obedecer a los principios de cogestión, tendrán que contar con un mínimo del 30% de mujeres a partir de 2016.

    De lo contrario, los asientos que no se ocupen quedarán vacíos. La cogestión, cuyo campo de aplicación está definido por ley, prevé que los representantes de personal estén muy implicados en las decisiones de empresa.

    Este asunto ha calentado los ánimos en un país donde la mujer está casi ausente de los puestos directivos.

    El campo conservador de la canciller Angela Merkel, muy reticente a legislar en este asunto, habría preferido compromisos voluntarios.

    El socio de coalición socialdemócrata (SPD) quería que la ley fijara cuotas. Los dos partidos llegaron a un compromiso a finales de noviembre.

    Este viernes, dos días antes del Día Internacional de la Mujer, los diputados alemanes adoptaron con una amplia mayoría el proyecto de ley.

    Según datos de la oficina europea de estadística Eurostat difundidos, Alemania es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que tiene una mayor diferencia de remuneración entre hombres y mujeres (21,6%), detrás de Estonia (29,9%), Austria (23,0%) y República Checa (22,1%).

    Una mujer lee el periódico sentada en un banco en el sitio del puente aéreo de Berlín y ahora el hogar de una de las mayores y más singulares jardines comunitarios de Europa en Berlín . Foto: Archivo/ AFP
    Una mujer lee el periódico sentada en un banco en el sitio del puente aéreo de Berlín y ahora el hogar de una de las mayores y más singulares jardines comunitarios de Europa en Berlín . Foto: Archivo/ AFP
  • El Régimen vetó parcialmente la Ley Hipotecaria

    Redacción EL COMERCIO

    El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda y Vehículos, aprobado por la Asamblea. La norma establece que quienes no puedan pagar un crédito hipotecario o uno para la compra de un auto, saldarán su deuda a través de la devolución del bien al acreedor. Este no podrá embargar otros bienes.

    La ley también incluyó, dentro de la disposición general quinta, la obligatoriedad para que la cartera de crédito hipotecario de los entes financieros sea al menos del 5% del patrimonio técnico.

    Este planteamiento fue vetado por el Ejecutivo, quien pidió que en vez del texto aprobado se establezca que el organismo de regulación de las entidades del sistema financiero nacional (Superintendencia de Bancos y Seguros), será quien fije de forma anual el porcentaje de las operaciones hipotecarias obligatorias que cada entidad tendrá con relación a su patrimonio técnico constituido.

    Asimismo, el Ejecutivo presentó una segunda objeción al proyecto de Ley de Hipotecas, que tiene que ver con la sección quinta del Código de Comercio, específicamente con lo que se refiere a los embargos de los bienes. La Asamblea prevé tratar el veto en los próximos días.

  • La ley es rígida con el conductor

    Marcelo García es chofer profesional desde hace 42 años. Él asegura que no ha tenido ningún accidente de tránsito; sin embargo, comenta que la reforma a la Ley de Tránsito y su nuevo sistema de reducción de puntos es “demasiado estricto”.

    “El año anterior, por pasarme una luz en rojo luego de las 23:00, me rebajaron seis puntos, esto es injusto”, dice García. Por la infracción pagó USD 80.

    El 17 de marzo del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Prisión de hasta cinco años, multas por conducir sin licencia son algunas de las sanciones que contempla la Ley para los contraventores.

    Además, con este nuevo marco legal, (artículo 30, literal 4), la ejecución de las sanciones de las contravenciones leves y graves es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, municipales y metropolitanos, en el lugar que se comete la infracción.

    Desde este año, algunos montos de multas se incrementaron. Por ejemplo, contravenciones leves para peatones que no utilizan pasos cebra, a desnivel u otros, deberán pagar USD 14,60 (antes cancelaban 13,20); y en el caso de ser causantes de accidentes pueden ir a prisión, según el artículo 269.

    Por hablar por celular mientras conducen, de USD 26,40 pasó a 29,20; el mismo monto pagan quienes no utilicen el cinturón de seguridad. Y los que estacionen su vehículo en espacios prohibidos deberán cancelar USD 43,80 (el año anterior pagaban USD 39,60).

    Para María Elena Rendón, de la firma Abogados B&R, la nueva ley tiene vacíos debido a que “se penaliza demasiado a los conductores y en muchas ocasiones el peatón tiene la culpa”.

    La especialista comenta que la mayoría de casos que se presentan en su estudio jurídico son choques y atropellamientos, dentro del perímetro urbano.

    La abogada explica que los procesos judiciales más simples puede costar unos USD 100. En el caso de un delito, que implique prisión preventiva, el costo de la libertad de la persona y de su vehículo es de 400. En las situaciones más graves puede superar los 2 000.

    El proceso legal puede durar entre 15 días y un mes, si hay un acuerdo entre las partes implicadas. Ahora, la duración máxima de un juicio es de seis meses.

  • La Ley y la confianza son determinantes

    Continental Tire Andina invirtió entre el 2008 y el 2011, USD 30 millones para fabricar llantas tipo radial para camiones. La inversión se enfocó en la adquisición de una máquina extrusora de caucho, que da forma a las llantas; en una ensambladora de carcasas, una tejedora de la malla de acero…

    Con esta maquinaria, Continental Tire Andina produce unas 12 000 llantas Radial de camión al mes. Darwin Zabala, vicepresidente financiero de Continental, explica que la inversión extranjera ha sido permanente en los 55 años que tiene la firma en Ecuador. “La inversión extranjera es un compromiso a largo plazo, por lo que no se ve afectado por movimientos políticos que sucedan en el país”.

    Para Zabala, cuando se habla de inversión extranjera se requiere de seguridad jurídica. En el país, añade, existen demasiados cambios en las leyes, en los impuestos. “Las reglas cambian continuamente y eso no es atractivo para un inversionista extranjero, tampoco lo es para el inversionista nacional. Lo que un inversionista quiere es que las condiciones se mantengan, que exista estabilidad a largo plazo”.

    Augusto Garzón, de Governance coincide. El Gobierno, sostiene, debe crear un marco para que la empresa privada se desarrolle y un punto importante es la seguridad jurídica. “Los empresarios necesitamos saber cuál es el camino a seguir. Creo que el tema es tener un camino y un plan claro para los próximos cinco años”.

    Para Christian Espinosa, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, la empresa debe conversar sobre inversión extranjera con el Gobierno y convertirse en su socio. Eso se logra teniendo una base de confianza, pero eso no existe, lamentablemente.

    Al respecto, un estudio de la consultora Llorente & Cuenca sobre las relaciones entre empresa y Gobierno en Ecuador señala que para el 28,6% de los empresarios ecuatorianos encuestados, la confianza que les genera la política del Gobierno es suficiente; el 53,6% dice que es escasa; y el 9,5% que es nula. En tanto, el 38% de los gobernantes responde que la confianza de la empresa en el Gobierno es suficiente, el 28% que es escasa y el 12% que es nula. La muestra de Llorente & Cuenca está compuesta por 134 dirigentes, de los cuales 84 son empresarios y 50 son gobernantes y políticos.

  • El buró facilitó la entrega de crédito

    Rosa Nieto, de 50 años, solicitó un préstamo a la banca privada para adquirir su vivienda hace 14 años. Se endeudó en 60 millones de sucres, en 1998.

    Aún recuerda que pedir el préstamo fue toda una travesía. “Como requisito me pidieron todo tipo de papeles, números de teléfono de amigos, conocidos y un garante, que avale el pago de mi deuda”.

    Ramiro Crespo, analista económico, rememora cómo se manejaban los préstamos antes de que la información se concentrara en los burós. “En la década de los ochenta, los bancos prestaban dinero a las personas que conocían. Luego, a los referidos de los buenos clientes. Así, los depósitos de los cuentahorristas estaban seguros”. En ese entonces –indica Crespo- las personas eran sometidas a varios filtros y papeleos.

    A partir del 2002, aparecen los burós de crédito en el país. Agustín Vásquez, gerente general de Infocrédito, explica que una de las funciones de las entidades era utilizar herramientas de créditos. Mediante modelos estadísticos generaban información para que los bancos o empresas otorguen financiamiento y puedan identificar la capacidad de pago de una persona. “Con base en esa disposición de pago, la entidad puede determinar, en función del riesgo que quieren asumir, si ofrecen el crédito o no”.

    Gracias a eso, la información crediticia de las personas y su reputación, como buen o mal pagador, estaba a un clic de distancia. Además, se podían preaprobar créditos o se le decía al interesado que su petición ingresaba a revisión. Así lo explica Carlos Díaz, apoderado especial de Credit Report, único buró de crédito que funciona en el país.

    Estas compañías nacieron con dos objetivos claros. Según Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, el uno fue permitir que los medianos, pequeños y microempresarios puedan tener acceso al crédito, sin necesidad de poner prendas como maquinaria, bienes inmobiliarios o propiedades. El segundo objetivo, -según Vergara-, fue dar transparencia al sector financiero.

    Los servicios que ofrecen los burós son reconocidos por Javier Vaca, representante de la Red Financiera Rural (RFR). Según él, desde el 2000, esta entidad trabajó para que se desarrolle un mercado en las áreas rurales y se provea de acceso al financiamiento.

    Vaca explica que se puede medir el apoyo de los burós. “Ha permitido que instituciones pequeñas tengan una herramienta efectiva para hacer un análisis de crédito y acceder a un préstamo seguro y con la facilidad de que la Red lo recupere”.

    Antes, los clientes podían deber dinero a una cooperativa u ONG y no pasaba nada. Vaca recuerda que sin los burós no había ningún registro que evidencie eso (la deuda). Además, los usuarios sacaban más créditos con otras instituciones y no cumplían sus obligaciones financieras.

    Hoy, con la presencia de los burós se tiene una alerta o una presión para que el cliente pague a tiempo. Una vez que empezaron a funcionar se mantiene un registro, ya que el dinero no es de la institución, sino que proviene de los depositantes.

    La presencia de los burós mejoró, dicen los consultados, la compra de bienes. Un caso es el de los vehículos. Rosa Nieto, después del primer crédito, se endeudó en un automóvil. A diferencia de su casa, el préstamos fue aprobado en 48 horas. En la casa automotriz le pidieron su número de cédula y en la información bancaria se reflejó su historial crediticio. Le explicaron qué tipo de vehículo podía adquirir, según su capacidad actual de pago.

    Precisamente, ese tipo de ventas se puede reducir si se pone en vigencia la nueva ley. Mario Palacios, asesor de Ventas de Neohyundai, explica que como empresa ofrecían créditos directos a clientes antiguos.

    Con la nueva ley que espera la aprobación del Ejecutivo, este local enviará todas las solicitudes a las instituciones bancarias ya que no tendrán, a la mano, los datos de la Central de Riesgos, que agilitaba los procesos crediticios.

    Después de analizar las ventajas de los burós, Vásquez explica que el mayor impacto de la ley será para los ciudadanos. “El no contar con una fuente de información se limitará o restringirá el crédito. Las entidades financieras no van a tener información para tomar decisiones y ahí existirán problemas”.

    Eso, de cierta forma, puede reducir la comercialización de bienes perdurables y se teme, explica Vásquez, que los futuros préstamos demoren como antes. Todo dependerá del pronunciamiento del Gobierno.

  • El memo de la semana: La ley para los bancos

    Esta semana es decisiva para conocer si entra en vigencia o no la décima reforma tributaria enviada por el Ejecutivo, cuyo objetivo es financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano desde el próximo año, y su principal fuente de financiamiento proviene de la banca privada. La Asamblea Nacional tiene previsto tratar este martes, en segundo debate, el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social.

    Entre otras disposiciones, la norma establece un cambio en la fórmula de cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de los bancos, considerando el 3% de sus ingresos gravados del ejercicio anterior. Además, se prevé una tarifa del 12% para los servicios financieros; se determina la obligatoriedad de remitir información de las instituciones del sistema financiero público y privado, y del sector financiero popular y solidario, directamente al Servicio de Rentas Internas sin necesidad de intermediación de autoridad alguna.

    Las entidades financieras privadas han realizado pronunciamientos sobre las consecuencias de la aprobación de este proyecto, mientras que las autoridades gubernamentales y de control bancario han lanzado advertencias frente a esas reacciones. Todo ello, mientras otros sectores productivos miran con atención el desenlace de la ley, por los efectos que pudiera generar en el acceso al crédito.

    En medio de esta situación están los clientes, quienes esperan que la ley no genere preocupaciones que puedan afectar la relación que mantienen con el sistema financiero.

    Por ello, si bien el debate legislativo está caracterizado por matices de índole político, en estos momentos se demanda un análisis técnico y razonado del alcance de la ley.

  • El principal efecto será la reducción del crédito

    La reducción de créditos en el sistema financiero es uno de los principales efectos que traería la aplicación de la Ley de Burós, si el Ejecutivo se allana al texto, tal como le entregó la Asamblea Nacional hace un par de semanas. Así lo señalan fuentes consultadas.

    El documento establece que los burós que actualmente operan en el país se mantendrán operativos por un año (una vez publicada la norma en el Registro Oficial), mientras opera el futuro departamento que albergará los datos: el Registro de Datos Crediticios, que a su vez estará bajo la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos (Dinardap).

    Mientras eso ocurre, el escenario que se prevé es que al no contar las entidades financieras con una ‘información sólida’ para la entrega de créditos, esta se retrase.

    Álvaro Andrade, gerente general de la Cooperativa 29 de Octubre, explica que en lo posterior las instituciones financieras tendrán la limitación de conocer toda la información acerca de los clientes del sistema. “Eso puede generar una disminución en la colocación de dinero prestado”. Esto debido a que la información que entregaban los burós era clave para conocer su posible capacidad de pago.

    Sin embargo, el asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico, en donde se trató este Proyecto de Ley, sostiene que los bancos no deben temer por los datos que manejaban los burós, pues solo cambian de control. “La Dinardap va a ofrecer estos datos vía Internet, solo si el usuario lo autoriza”.

    Así, cuando el cliente requiera un crédito autorizará a la banca a acceder a este registro, que consta con un historial de tres años atrás (antes eran seis). Incluso, -Velasco destaca- que los usuarios podrán observar en el nuevo sistema, qué personas ingresaron a sus datos y así mantendrán un control propio. Añade que los datos que poseen los burós se levantaban con ayuda estatal, pues la Superintendencia de Bancos entregaba los datos a la Central de Riesgos y esta a los burós.

    Javier Vaca, representante de la Red Financiera Rural, da alternativas para la entrega de créditos. Explica que las instituciones pueden tener información histórica de los análisis de riesgo sectorial, modelos de información que previenen el riesgo y esto se podría compensar de alguna manera. Sin embargo, señala que no se podrá igualar totalmente a la información especializada que tienen los burós.

    En cambio, Carlos Díaz, apoderado especial del único buró del país Credit Report, indica que una vez aprobada la Ley el país regresaría 10 ó 15 años, “cuando el crédito era sujeto al papeleo y la verificación de calificaciones”.

    La normativa

    • La Ley Derogatoria. La norma señala que la información crediticia no podrá ser de más de tres años.
    • El documento. Se establece que quien empleare o divulgare indebidamente la información contenida en un reporte de crédito o alterare la información proporcionada por la fuente, estará sujeto a las sanciones establecidas en la legislación penal.
    • Fuentes de información crediticia. Estas serán legalmente responsables por los daños ocasionados al titular, por efecto de la transmisión de datos ilegales o inexactos.

  • La ley minera

    El memo de la semana

    El tratamiento del proyecto urgente de reformas a la Ley de Minería y Equidad Tributaria entra en su etapa decisiva en la Asamblea. Tras el análisis previo en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, el texto está listo para incluir -si es posible- las últimas observaciones antes de que concluya el plazo para su aprobación, el 15 de junio.

    Se trata de una propuesta que aborda un asunto que puede resultar complejo; sobre todo, si se lo mira desde la perspectiva de la huella que puede dejar la extracción de los recursos naturales, el impacto ambiental, la incidencia de una eventual explotación en el entorno de las poblaciones aledañas a los yacimientos. Además de la seguridad jurídica, la inversión extranjera, etc.

    Ante ello se han presentado voces a favor y en contra frente a una decisión que debe tomar el país, si decide apostar por el desarrollo de la industria minera.

    Las organizaciones indígenas han anticipado su oposición a la ley y su derecho a la resistencia, mientras el Régimen mantiene firme su posición y garantiza que con la nueva ley se promoverá una actividad extractiva con estándares tecnológicos que minimicen el impacto ambiental, en fuentes de agua o reservas ecológicas.

    En este contexto, lo fundamental es impulsar un debate serio y sin apresuramientos, en donde el factor político no sea el que determine la necesidad de aprobar o negar una ley de estas características. Sin duda, el país requiere recursos que impulsen su desarrollo.

  • La creatividad local se adapta a la norma

    thalíe ponce Redacción Guayaquil / LÍDERES

    La Ley Orgánica de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, establece nuevas ‘reglas de juego’ para la industria publicitaria local. Uno de los principales cambios es el de la producción. En el artículo 98 del documento se establece que «la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas».

    Dice, además, que «se prohibe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras». Según el texto, una obra se considerará nacional cuando al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente residentes en el país, hayan participado en su elaboración.

    ¿Cuáles son las consecuencias de esta ley? Para los actores del mercado publicitario existen repercusiones positivas, tanto como negativas. Nuno Acosta, director Creativo de la agencia creativa digital Laika, opina que esto va a permitir que se valore la creatividad local. «La industria está preparada para este cambio».

    Agrega que para esto, es necesario pasar, primero, por un proceso de adaptación y capacitación. «Hay países de la región que son ejemplo, como Colombia y Brasil. Es cuestión de encaminarse».

    Una opinión similar la tiene Ricardo Zevallos, director creativo de la agencia Aldea. El señala que, «el hecho de que prime el producto nacional en medios va a obligar a que la industria se desarrolle».

    Zevallos indica que, en muchas ocasiones, las campañas y publicidades para las multinacionales que operan en el país son «enlatadas». Se refiere a que producen un mismo formato para muchos países de la región. «Aquí solo le cambiamos la locución». Entonces -considera Zevallos- es una oportunidad para que las grandes agencias crezcan más y algunas pequeñas empiecen a darse a conocer.

    Sin embargo, dos creativos extranjeros advierten un panorama menos optimista. Aunque reconocen que todo depende de cómo se afronte la situación. Ellos son Rodrigo Tarquino (Colombia) y Esteban Sacco (Uruguay), quienes fueron parte del jurado del XXVI festival de publicidad Cóndor de Oro, celebrado la semana pasada en Guayaquil.

    Tarquino considera que la Ley podría limitar las opciones al momento de decidir por la mejor producción. Advierte, además, que se debe cuidar el no bajar la calidad al generar mayor cantidad.

    Sacco, en cambio, dice que considera «valiente» defender la industria nacional. Pero coincide con Tarquino en lo que respecta a la calidad. «Podría suceder algo similar a lo que ocurrió en Venezuela, donde bajó la calidad».