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Evelyn Tapia  Redactora (I)
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Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive) explica la postura del gremio frente al proyecto denominado Impuesto a la Plusvalía. Asegura que este tema merece un análisis técnico y no político.

El proyecto de Impuesto a la Ganancia Extraordinaria en la Transferencia de Bienes Inmuebles o Impuesto a la Plusvalía fue retirado de manera temporal por el Ejecutivo.

¿Qué reacción genera esta decisión en el sector inmobiliario? ¿Es una buena señal?

Tenemos evidencia clara de que el proyecto, junto con el del Impuesto a la Herencia, está causando paralización en el sector; el retiro temporal anunciado por el Gobierno es un mensaje que no basta. La señal que necesitamos es el anuncio de archivo definitivo.

Representantes del sector inmobiliario y de la construcción se oponen al Impuesto a la Plusvalía, a pesar de que en la propuesta están exentas las personas naturales o jurídicas que tengan como actividad económica la construcción de viviendas para comercialización. ¿Por qué?

Si el impuesto está dirigido a quienes compran las viviendas también lo está a quienes las hacen y venden. Se podría pensar que nos excluye; pero ¿de qué nos sirve, si con este proyecto les están diciendo a las personas que no es buena idea mejorar y comprar una casa mejor?

Los impuestos a la Herencia y a la Plusvalía afectan directamente el patrimonio de las familias, que está constituido principalmente por las viviendas. Las inversiones más importantes en la vida de la familia son las viviendas y con estas propuestas se pone en duda aquello sobre lo que planificaron. Este es un mensaje de inestabilidad.

¿Qué tipo de inestabilidad? ¿Qué pasó con las proyecciones de crecimiento que se habían previsto para el sector durante este año?

De una forma tan abrupta se pueden cambiar las proyecciones de los hogares a futuro, diciéndoles que un porcentaje de lo que pueda valer su vivienda ya no le corresponde. Eso los hace vivir con la duda de que mañana exista la posibilidad de que lo vuelvan a cambiar, no hay nada que garantice que una vez aprobado, luego el impuesto cambie.

En el caso de herencia, se anunció un porcentaje y en unas semanas se lo disminuyó, en el caso de plusvalía ha sucedido lo contrario: se anunció primero un porcentaje y luego se presentó una propuesta más gravosa. Todo lo que se había previsto en proyecciones para este año ha perdido vigencia. No tenemos idea de cómo va a evolucionar el sector en los próximos meses.

Frente a la brevedad con la que se dieron los cambios en los porcentajes antes de que se presente la propuesta, ¿existen los estudios suficientes que sustenten lo que se propone en el proyecto?

Han dicho que hay estudios. Los proyectos de ley deben ir acompañados de un análisis técnico del Ministerio del ramo. Hay unos análisis técnicos del Ministerio de Finanzas, pero si se hicieron análisis es sorprendente que haya pasado del 77% a 47%, en una semana, el cálculo del porcentaje del Impuesto a la Herencia.

El proyecto establece que las mejoras hechas en las viviendas se podrán incluir dentro del valor de adquisición y no estarían dentro de la ganancia extraordinaria sobre la que se grava el impuesto. ¿Eso es un alivio para las familias?

Hay que preguntarse cómo han registrado los millones de hogares las mejoras en su vivienda, porque en Ecuador hay millones de personas que construyen sus viviendas poquito a poquito, saco por saco y sin permisos a veces. Vamos a ver si pueden, como dice la norma, acreditar con documentos y facturas las mejoras.

Hay además grandes brechas. Conozco de casas que en el avalúo municipal valen USD 30 000, pero en el precio real valen 90 000. Es riesgoso pretender determinar qué es un valor legítimo o ilegítimo; mejor que el mismo interesado pueda definirlo, porque sabe lo que es la calidad de vida para la familia.

Actualmente existe un impuesto a la plusvalía del 10%. ¿En esa medida era lo apropiado? ¿Era necesario cambiar algo en el sistema?

Los municipios tienen por ahora la facultad de modificar la tarifa, yo no conozco municipio que exonere este impuesto. Sé de algunos que tienen tarifas más bajas, porque calculan la base imponible de una forma distinta. Nosotros hemos pedido que se homogenice o racionalice. Pero en cambio, (si se aprueba) este proyecto sería un frenazo a la decisión de invertir en bienes inmuebles y la construcción de vivienda.

¿Qué efectos puntuales tendría el sector, de aprobarse ese Impuesto a la Ganancia Extraordinaria?

Todos los puntos de venta inmobiliarios ya registran un freno en las actividades del sector. Los hogares que iban a suscribir contratos han pedido prorrogar las firmas, claro, no significa que no se firmen, pero es un freno importante en la economía.

Un mes de este sector equivale a 200 millones de dólares en la economía, que en este caso se aplazan. Por el lado de las inversiones de las empresas hay que considerar que si el empresario ve que se frenan los contratos o se da cuenta que los potenciales clientes se van, seguro van a buscar otros lugares.

¿Esa situación mejoraría en algo con el anuncio de retiro temporal del proyecto?

Nuestro mensaje es que tal como están las cosas, ese ofrecimiento temporal no es sino una ‘espada de Damocles’ que sigue pendiendo del sector. Creemos que abrir el debate no resuelve la paralización del sector inmobiliario. Se debe considerar con seriedad el archivo.

Estimamos que hay 40 000 promesas de compra -venta vigentes en el sector a nivel nacional y percibimos nerviosismo y dudas en los ciudadanos en seguir cumpliendo con sus compromisos. Las inversiones nuevas están paralizadas por completo.

Cuando se anunció el retiro temporal de los proyectos, el Gobierno invita a un diálogo sobre estos temas. ¿El gremio está abierto a conversar para llegar a un acuerdo?

Tenemos un estudio técnico del tema de plusvalía, que es la piedra angular de nuestras conversaciones. Con argumentos técnicos puede ser el debate, pero como se lo está planteando hasta ahora parece más político que técnico.