Redacción Quito
La responsabilidad social empresarial toma más fuerza en el Ecuador. Los informes o memorias anuales que publican las compañías, de diferentes sectores, son cada vez más frecuentes, en formatos impresos y digitales.
En estos documentos, las organizaciones dan cuenta de sus inversiones y aportes en programas educativos, de salud, de inclusión laboral… Dentro de esta política corporativa, las compañías ecuatorianas están adoptando una nueva acción: escuchar con detenimiento a las comunidades en las que su actividad genera cualquier tipo de impacto.
Un ejemplo es lo que hace la firma de acero Adelca. Esta compañía, que tiene su planta en Alóag, al sur de Quito, decidió someterse a una suerte de examen de la comunidad.
Esta evaluación fue parte de un proceso para obtener la certificación S2M, que garantiza la implementación de un estándar de responsabilidad corporativa. Este ‘sello’ complementa, otras normas como la ISO 26000 o el Pacto Global. La S2M es otorgada por la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Británica y la Fundación S2M, que tienen convenios con organismos británicos.
En el examen, Adelca fue valorada por sus empleados, proveedores, gobierno local y por los dirigentes de Alóag. Este último grupo es clave para la compañía, debido a que hace seis años la firma enfrentó un problema con la comunidad que derivó en la paralización de las actividades por unas dos semanas. La empresa aprobó la evaluación y está por recibir la certificación S2M.
Para Diego Gordón, gerente de la Cámara Ecuatoriano Británica, la idea es que la propia comunidad reconozca que una empresa sí es responsable socialmente. Añade que «el hecho de que una firma se exponga para ser calificada es meritorio aquí y en cualquier país».
Rafael Liger, del Departamento de Responsabilidad Social de OCP, reconoce que cualquier industria genera un impacto y más aún una del sector hidrocarburos. «Estos impactos no son bienvenidos por la comunidad, por eso OCP busca desde el 2003 mantener relaciones cordiales con la comunidad y acercarnos con obras de mutuo beneficio».
La empresa maneja el concepto de «licencia social». Según Liger, se trata de una suerte de permiso de la comunidad. «Esta licencia no la entrega ninguna entidad, se trata mas bien de una aprobación de la comunidad a nuestro trabajo».
Uno de los programas de responsabilidad social de OCP es la construcción de la Escuela Juan Carlos Matheus, ubicada en la parroquia Viche, Esmeraldas, a la que asisten hoy en día cerca de 430 estudiantes. Liger asegura que OCP es parte de la tendencia de mostrarse ante las comunidades. Para esto, añade, se transparenta mucha información de la empresa y se consulta a las comunidades si están de acuerdo con las políticas de responsabilidad social de la compañía.
Otra opinión es la de Santiago Peralta, de Chocolates Pacari. Para él, la clave está en recibir todos los comentarios de los productores de cacao, para mantener una relación muy cercana, casi de familia. «Así ganamos un producto de calidad y ellos reciben mejores precios por el cacao que siembran y cosechan».
Los habitantes sacan provecho de las obras
En Viche las calles son de asfalto y de tierra. Por allí caminan a diario centenares de niños y adolescentes que se dirigen a los tres centros educativos de esta parroquia del cantón Quinindé, en Esmeraldas, a 153 kilómetros de Quito.
La escuela Juan Carlos Matheus es uno de los establecimientos educativos de Viche. Allí se educan alrededor de 430 alumnos y trabajan 17 profesores, incluyendo su directora Enis Quiñónez.
Estudiantes y maestros lucen contentos cuando llegan al nuevo edificio. Este funciona hace dos meses, luego de que la empresa OCP, en trabajo con el Vicariato Apostólico de Esmeraldas, la Embajada de Japón, el Municipio de Quinindé y el Gobierno Parroquial de Viche consiguieran el terreno y levantaran tres bloques en donde funcionan 17 aulas.
Verónica Cuadros, profesora de la escuela, describe el anterior local: «El espacio era muy reducido y las condiciones de trabajo eran insoportables«. Esas instalaciones no tenían más de 400 m2 y contaba con tres baños para unas 450 personas; las aulas estaban inconclusas.
OCP se contactó con la escuela hace un par de años, durante una entrega de dulces y juguetes en Navidad. «Vimos la situación que sufrían y decidimos hacer algo por ellos. Así surgió la idea de construir un nuevo edificio para la escuela», explica Rafael Liger, vocero de OCP en temas de responsabilidad social.
La empresa aportó con USD 233 000 para levantar el edificio y para equiparlo con pupitres. Liger cuenta que OCP, como parte de su política de responsabilidad social, apoya temas de educación salud y producción. «Esto va más allá de los sellos de calidad, se trata de la ‘licencia’ social o autorización de la comunidad para trabajar tranquilo sin temor a un paro o daños al oleoducto. Siempre estamos en contacto con la comunidad y sus habitantes con nosotros».
A unos 200 kilómetros de Viche, en el sur de Pichincha, se encuentra la parroquia Alóag, habitada por 15 000 personas. Allí funciona desde 1963 la planta de la empresa de acero Adelca.
De los 870 empleados que laboran allí, el 60% proviene de Alóag y de sus alrededores. La relación entre la empresa y esta comunidad vivió una etapa crítica hace unos seis años, cuando empezó a operar una fundidora de metales y se generó malestar en la comunidad. La planta paralizó su operación hasta que ambas partes llegaron a un acuerdo.
Con el conflicto, la aceptación de Adelca cayó al 17%. Hoy el indicador está en 95%, según Marco Oleas, director de Gestión Integral de la firma. Para esto fue necesario una reestructuración de procesos, que inició hace cinco años e incluyó la relación con la comunidad.
La empresa ofrece ahora un dispensario médico, un centro informático, un centro deportivo, un espacio de capacitación… para los habitantes de Alóag. Wilson Rodríguez, presidente de la junta parroquial de Alóag, asegura que la población ha recibido unos USD 3 millones de Adelca en obras y servicios. «Apoyamos a Adelca, pero también pedimos su apoyo para la parroquia. Hemos pedido que las pequeñas falencias se corrijan. Así hemos logrado mejoras en temas ambientales, por ejemplo».
El capítulo más reciente de la buena relación entre la comunidad y la empresa se dio hace pocas semanas, cuando representantes de Alóag calificaron la gestión de Adelca, como parte de un proceso de certificación. María del Carmen Pilaguano, de 54 años, y Tamara Pachamama, de 27, cuentan que el dispensario médico es una gran ayuda, con atención y medicamentos gratuitos. También destacan las vías y el centro deportivo recién inaugurado hace un par de semanas.
La certificación S2M
El origen. Este certificado es otorgado por la Cámara de Industrias Ecuatoriano-Británico y la Fundación S2M (con base en Quito), en convenio con Hexagon Group.
El certificado. Adelca recibirá la certificación este jueves 12 de diciembre en una ceremonia prevista en la Iglesia de La Compañía de Jesús, en Quito.
Casa abierta. Ese día, en la iglesia, será la III Casa Abierta de Proyectos de Responsabilidad Social Corporativa 2.0.
‘La confianza es fundamental para acercarse a las personas’
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión, que no cabe dentro del marketing social ni mucho menos dentro de una campaña publicitaria para lavar la imagen de una empresa. Esa es la reflexión de Evangelina Gómez, directora ejecutiva del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ceres).
Ceres es una entidad que promueve el concepto y las prácticas de la Responsabilidad Social a través de organizaciones fortalecidas y comprometidas con el desarrollo sostenible del país.
Todo esto, con base en los siete aspectos que contempla la RSE: valores, transparencia y gobernanza; público interno; medioambiente; proveedores; consumidores y clientes; comunidades; gobierno y sociedad.
Con este último grupo la confianza es el factor fundamental para lograr un acercamiento, asegura Gómez. «Esto permite tener una mejor relación y acceder a la ‘licencia social’ para operar. No se trata de ningún certificado físico o por escrito; es la aceptación de la sociedad».
La Directora Ejecutiva asegura que por principio la RSE no debe ser certificada. «La RSE es voluntaria. No se puede certificar la voluntariedad. Sin embargo, se respetan esos procesos con los que se quiere ir a la certificación».
Un estudio realizado por Ceres en el 2012 a unas 23 empresas grandes, determinó que un 67% de ellas contaba con un departamento específico de RSE en la compañía. Asimismo, un 72% tenía un presupuesto destinado para desarrollar actividades de responsabilidad social empresarial. De este grupo, un 34% destinaba menos de USD 500 000.
Entre los indicadores que maneja el Consorcio consta que un 70% de ejecutivos de las empresas grandes es consciente de la importancia de ser socialmente responsable. «Cuando los líderes de las empresas son conscientes de estas acciones es más probable que esa organización ejecute programas de responsabilidad social», indica Gómez.