Agencia EFE
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Volkswagen se enfrenta a una semana crucial para resolver el escándalo de los motores diésel trucados en Estados Unidos con la imposición de presentar antes del 24 de marzo una solución a estos vehículos y las negociaciones con el Gobierno sobre penalizaciones económicas.
El fabricante alemán mantiene el silencio sobre el remedio para los alrededor de 600 000 vehículos que circulan en Estados Unidos con motores diésel de 2 litros trucados con un software ilegal que oculta sus emisiones reales de óxidos de nitrógeno.
Pero el juez de California Charles Breyer ha dado a VW como plazo el próximo 24 de marzo para que presente ante su juzgado el remedio para que los vehículos afectados cumplan las normas estadounidenses sobre emisiones y puedan circular legalmente por las carreteras del país.
Breyer, juez de distrito en San Francisco ante quien se han consolidado diferentes demandas, dijo el pasado 25 de febrero que este jueves quiere que VW le proporcione una clara respuesta sobre la solución al trucaje aduciendo que el fabricante ha tenido meses para desarrollar el remedio desde que se supo del engaño.
Con anterioridad, este juez nombró al exdirector del FBI Robert Mueller como mediador para intentar lograr un acuerdo de compensación entre los propietarios de los 600 000 vehículos afectados y el fabricante alemán bajo su supervisión.
La decisión de Breyer es interpretada en medios legales de Estados Unidos como un intento de evitar las medidas puestas en marcha por VW para llegar a un acuerdo extrajudicial de compensación, similar al alcanzado por General Motors (GM) en el caso de sus sistemas de encendido defectuosos.
En diciembre, VW contrató al abogado Kenneth Feinberg para implementar un programa voluntario de compensación para los propietarios afectados por el trucaje de sus vehículos.
Feinberg, un abogado especializado en programas de compensación, ya administró el fondo de General Motors (GM) para indemnizar a las víctimas del defecto del sistema de ignición de sus vehículos.
El programa de GM terminó sus trabajos el pasado mes de agosto y Feinberg determinó que 399 demandas (124 por muerte, 17 por lesiones muy graves y 258 por lesiones graves), de las 4 343 presentadas, merecían compensaciones económicas.
Pero el programa diseñado por Feinberg para GM estipulaba que para tener acceso a las compensaciones ofrecidas, los demandantes tenían que renunciar a acudir a los tribunales.
Al mismo tiempo que VW se enfrenta al ultimátum de Breyer, el fabricante alemán parece estar progresando en sus negociaciones con el Gobierno para llegar a un acuerdo extrajudicial de compensación. Medios de comunicación estadounidenses han señalado en los últimos días que las negociaciones en marcha se centran en la creación por parte de VW de dos fondos de compensación: uno a nivel federal y otro para el estado de California, cuyas autoridades medioambientales descubrieron el trucaje de los motores.
El establecimiento de estos fondos podría poner punto y final a las demandas por parte de las autoridades estadounidenses, como la presentada el pasado 4 de enero por el Departamento de Justicia por violar las leyes medioambientales del país.
Las mismas informaciones han señalado que las negociaciones entre VW y las autoridades estadounidenses para llegar a un acuerdo están siendo dirigidas por el español Francisco Javier García Sanz, miembro del consejo de administración de Volkswagen desde 2001 y responsable de Adquisiciones.
Durante la vista del pasado 25 de febrero, uno de los abogados de VW, Robert Giuffra, reconoció al juez Breyer que VW ha mantenido «conversaciones muy intensas sobre el remedio con el Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental y con el Consejo de Recursos Aéreos de California».
Giuffra añadió que «en un mes más o menos, creo que tendremos algo más concreto que decir al tribunal«, fecha que se cumple el jueves 24 de marzo.
